Agosto 04 de 2016

CIERRE MERCADO ACCIONARIO LOCAL

Índice COLCAP cierra con apreciación del 0,10%

El Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP) cerró el miércoles en 1.304,62 unidades, con un aumento del 0,10% frente a la jornada anterior. En lo corrido del año el indicador bursátil registra una variación positiva del 13,08%.

En cuanto al índice de liquidez COLSC, éste subió 0,40% a 997,50 unidades, y el COLIR subió 0,10% a 826,56 unidades. Ayer se negociaron $101.767,68 millones en 2.002 operaciones.

La especie con el volumen más alto de negociación fue PFBCOLOM, con $17.446,14 millones (variación positiva en su precio del 0,84% a $26.300,00). También se destacaron en este aspecto, ECOPETROL ($13.024,30 millones, con cambio positivo en su precio del 2,49% a $1.235,00) junto con PFDAVVNDA ($7.669,86 millones, con cambio negativo en su precio del 0,22% a $27.000,00).

Por su parte, CNEC logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio de este título creció un 3,03%, con cierre de $9.850,00. También se destacó por su apreciación; PFGRUPOARG, cuyo precio creció un 2,79% a $18.400,00; y ECOPETROL, que ascendió un 2,49% a $1.235,00.

Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue ODINSA, con una variación negativa del 2,05% a $8.600,00. También se presentó depreciación en: PFCEMARGOS (con una variación negativa de 1,67% a $10.600,00) y GRUPOSURA (con una variación negativa de 1,50% a $38.000,00).

Fuente: BVC

Frontera colombo-venezolana sería reabierta desde el próximo miércoles

Luego de un año de su cierre y a pocos días de su posible apertura, poco ha cambiado. Gobiernos de ambos países trabajan para atacar el contrabando.

Los gobiernos de Colombia y Venezuela trabajan de manera conjunta para que la apertura definitiva de la frontera se dé tan pronto como el próximo miércoles 10 de agosto, con el paso peatonal por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, y con el transporte de carga tres días después, por el aún sin inaugurar puente de Tienditas.

“El paso de carros particulares se daría unas dos semanas después, dependiendo de cómo se presente la situación”, afirmó una fuente a Portafolio.

Con el fin de confirmar la fecha y apuntalar los acuerdos finales se reunirán este jueves en Caracas las cancilleres de los dos países. Porque aunque los gremios económicos de la región piden la reapertura de la frontera, también reconocen que los problemas por los cuales se suspendió el paso (inseguridad y contrabando) se siguen presentando, de acuerdo con consultas de Portafolio en el área metropolitana de Cúcuta, y las poblaciones venezolanas de San Antonio y Ureña.

Incluso, Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, asegura que la reapertura se tiene que dar pues los habitantes de las localidades de esa población y Ureña ya conformaron organizaciones como ‘Movimiento Unido Fronterizo’ y las ‘Damas de Blanco’ (que pasaron uno de los puentes a la fuerza el 5 de julio pasado)para cruzar sin permiso en caso de no reabrirse el paso entre los dos países antes del 19 de agosto, cuando se cumple un año.

CONTRABANDO NO CESA

Que la situación de contrabando ha mejorado muy poco en un año se puede constatar en las cifras de combustible que llega desde Venezuela, el cual ya se calcula que está entre cinco y siete millones de galones.

Y en el área metropolitana de Cúcuta, en la cantidad de carne que se sacrifica en los frigoríficos, la cual apenas llega a una cuarta parte del consumo. 

“Se necesitan unas 400 reses diarias pero no se sacrifican más de 100, por lo que el resto se supone que entra de contrabando”, afirma un conocedor de la situación.

Una fuente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Cúcuta
asegura que cuando no se consigue ganado las bandas criminales hasta “se lo roban en Venezuela para traerlo”.

Un dirigente gremial cree que se ha hecho tan poco en este aspecto que no pasan más productos “porque allá ya no hay nada más para traer, pero no por el combate al contrabando”.

Sin embargo, Gladys Navarro, directora ejecutiva de Fenalco Cúcuta, puntualiza que las medidas han servido, pues ya no se ven en la calle los pimpineros ni la cantidad de productos venezolanos que se veía antes, “y las autoridades siguen mostrando resultados”.

LA INSEGURIDAD CONTINÚA 

Otro de los argumentos del presidente venezolano Nicolás Maduro para el cierre de la frontera fue la inseguridad provocada por las bandas criminales y los paramilitares, aunque olvidó mencionar a las guerrillas de las Farc y el Eln, en lo que tampoco se ha avanzado mucho.

Un habitante de Ureña relata que la inseguridad ha aumentado desde hace un año, tanto que Los Urabeños realizaron hace un mes un paro armado en la población venezolana de La Fría, y Los Rastrojos querían hacer uno en la población colombiana de Puerto Santander, el cual fue abortado por la Policía Nacional. Sin embargo, las bandas quemaron dos buses de servicio público en Cúcuta como retaliación, dice uno de Cúcuta.

El general Gustavo Moreno, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y recién trasladado a Cúcuta por orden del propio presidente Juan Manuel Santos, reconoce la situación al apuntar que en apenas un mes ha encontrado no solo contrabando y narcotráfico, sino tráfico de armas, personas, especies, oro y armas. 

“El área requiere mucha atención, no es la mejor situación y se respira cierta anarquía”, indica.

Abrir la frontera es un gran reto para las autoridades policiales del departamento, que ven cómo ante la difícil situación que se vive en el vecino país, los índices de delincuencia y criminalidad se pueden disparar en la región, como lo estaban siendo antes del cierre de la misma.

Tampoco es un tema de total agrado para las autoridades del departamento, que lo piden ante el Gobierno Nacional por la presión de la ciudadanía, pero no porque sientan que las condiciones estén dadas.

Lo que sí es cierto es que aunque se hizo poco en este año, se confía en que con las medidas que se están acordando entre los dos gobiernos por fin hagan de la frontera colombo-venezolana una zona digna, segura, legal y organizada, para el bien de los dos países y de los ciudadanos que la habitan.

HASTA OCHO PUNTOS DE CONTROL

La apertura de la frontera por parte de los gobiernos colombiano y venezolano comprende tres fases: preapertura, transición y estabilización.

La primera va hasta el momento en que se abra, la segunda contempla unos seis meses y la tercera de allí en adelante. 

La principal lucha será contra el contrabando y la inseguridad de las mafias dedicadas a todo tipo de tráfico ilegal entre los dos países.

Para ello se trasladará más pie de fuerza a la línea limítrofe, tecnología de punta e infraestructura.

Del lado venezolano se contemplan ocho puestos de control hasta llegar a la línea fronteriza, mientras que del lado colombiano la presencia de Migración, Dian, Policía y Ejército.

Fuente: Portafolio

“Necesito que me extraditen a España urgentemente”: Mancebo

Desde hace 82 días, en la celda 16 del pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, Pedro Martín Mancebo, director general de Bio-Pharma Chemicals, espera la noticia que confirme su extradición a España, para responder ante la justicia del país ibérico por una investigación que lo vincula con el envío de 1.40o kilos de cocaína escondido en un cargamento de carbón de su compañía.

Coincidencialmente, Mancebo ocupa la misma cama que fue la morada del empresario Kaleil Isaza, quien por decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia fue extraditado a Estados Unidos para responder por manipulación del mercado financiero estadounidense y hacer fraude contable con su firma KIT Digital.

En exclusiva con AL, Mancebo habló sobre su proceso, las decisiones que ha tomado por el bien de su firma y no desaprovechó la oportunidad para pedir la extradición, cuanto antes, a su país de origen.

¿Cómo ha sido su proceso y cómo se puede explicar que la cocaína haya estado en un envío de su empresa?

En diciembre de 2015,  como hacemos cada mes desde 1999, enviamos un cargamento de coque y antracita a Valencia desde el Puerto de Cartagena. Sin embargo, esta vez fue diferente. El 3 de diciembre mientras me encontraba en Medellín en el Congreso de Física Nuclear me comunicaron que uno de los contenedores había llegado contaminado a España. Al parecer había 1.400 kilos. Empecé a indagar qué había pasado y promovimos una investigación en la empresa, con los empleados, proveedores y clientes. 

Desde el primer momento colaboramos con las autoridades para esclarecer los hechos,  y participamos activamente en la investigación que empezó desde diciembre de 2015. Al parecer no fue suficiente, pues aunque pedimos que la Fiscalía 34 de Cartagena cruzara los datos con el juzgado de España para que tuviera un reporte de los hechos, el 20 de abril de 2016, un juzgado de Valencia publicó una búsqueda de captura en mi contra y siete días después, la Interpol publicó una circular roja. 

Cuando mis abogados me dicen, me entrego a las autoridades y hasta el 14 de mayo fui recluido en la cárcel La Picota.

Llevo esperando 12 semanas que me extraditen y es lo único que pido urgentemente pues quiero solucionar mi tema legal. Yo sé que más me demoro en llegar a España que en devolverme a Colombia para continuar con mi actividad.

Desde que usted ha estado recluido, ¿la operación en la empresa ha estado parada?

En ningún momento hemos cesado la actividad. Inclusive el lunes pasado exportamos tres contenedores de antracita a Lisboa, Portugal. 

¿Qué tan grande es la operación de Bio-Pharma en el país?

La compañía también hace presencia en España, Portugal, Italia y Alemania. 

En Colombia tenemos la planta en Mosquera, Cundinamarca y dos minas en Samacá, Boyacá, de las cuales, explotamos, coque y antracita. Nuestra facturación llega a US$5,8 millones  y la inversión realizada en el país es de US$18 millones.  Tenemos 11 empleados directos y 36 indirectos. Estamos comprometidos con la paz y teníamos pensado empezar a contratar a reinsertados en nuestras minas. 

¿Cuáles son los principales proyectos que tiene en Colombia y cómo se han visto afectados?

Tenemos muchos proyectos de investigación con diferentes universidades y empresas privadas. Concretamente teníamos un proyecto de investigación con la Universidad Nacional en el que se iban a invertir US$2,8 millones. El proyecto se trataba de la utilización del óxido de grafeno como agente neutralizante de partículas radioactivas. Sin embargo, y lógicamente tras ser recluido, por mutuo acuerdo, se canceló pues  no iba a pagar todo ese dinero sin tener un control y acceso directo del proyecto.

También tenemos proyectos tratamientos de aguas residuales. Estábamos en conversaciones para colaborar con la descontaminación del Río Bogotá pues nuestro óxido de grafeno es más efectivo y barato para realizar el proceso, sin embargo, no habíamos dado el sí definitivo. Comercializabamos un aditivo bactericida para el diésel con Terpel y Biomax. Adicional, tenemos contratos con dos petroleras. 

¿Por qué decidió transferir sus acciones de la empresa?

Ayer hablé con mis abogados y decidimos que lo mejor para la compañía era transferir 60% mis acciones ¿A quién? no sabemos todavía ni la forma jurídica y legal. Lo único que sabemos es que es lo mejor para Bio-Pharma pues quiero que siga su producción al 100%. Por eso, desde hoy me retiro del cargo como director general.

¿En qué basará su defensa  cuando llegue a España?

Ratificar nuestra investigación. La que promovimos aquí mismo en diciembre de 2015 y en enero de 2016 ante la Fiscalía 34  de Cartagena. Pues ya tenemos identificado al proveedor del carbón, al proveedor del transporte y cuáles son sus placas de matrícula.

Hasta un año

Una vez la autoridad española notifica a la Cancillería de Colombia la petición de extradición del empresario, esta le pide un concepto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Luego que el alto tribunal se pronuncie sobre el caso, el Gobierno da el aval y notifica inmediatamente a la Dijín de la Policía para que inicie el trámite. Todo este proceso puede tardar en promedio cerca de 12 meses.  La CSJ aún no se ha pronunciado.

Fuente: La República

Camioneros no cantaron victoria con el paro

Nada grande ganaron los camioneros con el paro, pues la liberalización de este mercado parece no tener marcha atrás. Lecciones de una protesta infructuosa.

Ningún camionero puede cantar victoria luego del paro de transportadores que duró 45 días y se convirtió en uno de los más largos en la historia del país. Esto puede concluirse al darles una mirada a los contenidos del acuerdo que finalmente aceptaron los transportadores para levantar la movilización.

Las dos exigencias centrales de los camioneros eran volver a la tabla de fletes y mantener la chatarrización uno a uno; en el primer caso perdieron y en el segundo no ganaron del todo.

En el aspecto del orden público, quedó ratificado que esa forma de presión no deja buenos resultados y puede resultar trágica por el costo en vidas humanas. Cabe recordar que los camioneros volvieron a la mesa por cuenta de las presiones de la fuerza pública. Eso debe llevar a los líderes del sector a reconsiderar los paros y bloqueos de vías como formas de presión, porque lo que no está en consideración es el derecho de la mayoría de colombianos a movilizarse tranquilamente por las vías del país. 

El aumento en los precios de los bienes básicos por cuenta del desabastecimiento es, igualmente, un fenómeno que las autoridades no pueden aceptar, pues se refiere al bienestar de la mayoría de la población. Así que los camioneros tienen que buscar otras ‘formas de lucha’ más efectivas en el futuro.

¿Por qué es posible concluir que el paro no les trajo nada grande a los transportadores? 

Es necesario mirar el panorama completo. El mercado del transporte ha venido sufriendo una transformación profunda durante el gobierno Santos, que heredó un estado de cosas particular: una tabla de fletes que les garantizaba un ingreso mínimo a los camioneros, pero a costa de otros sectores y los consumidores, y de un proceso de chatarrización que se vició y no ofrecía garantías para mantener congelada la oferta de camiones.

Esta manera de organizar el mercado fue ideada por la administración de Ernesto Samper, como parte de la negociación de otro paro camionero. Las duras condiciones políticas y el escándalo por el Proceso 8.000 le quebraron el brazo a ese gobierno que terminó cediendo ante las presiones de los transportadores.

El asunto es que no existe una razón técnica para fijar el precio de un servicio clave para los colombianos. Por su naturaleza, el transporte de carga debe regirse por la interacción libre de la oferta y la demanda. Cabe recordar que el sistema colombiano es excepcional, pues en casi ninguna parte del mundo el transporte está dominado por los camiones; existen otras opciones como el tren o los ríos, que convierten al sistema en un complejo multimodal.

Ni el presidente Pastrana ni el presidente Uribe hicieron algo para superar el estado de cosas del transporte de carga.

Fue el presidente Santos y, particularmente, su entonces ministro de Transporte, Germán Cardona, quienes se dieron la pela de eliminar la tabla de fletes durante la negociación de 2011 con los camioneros.

Ahí se dio el primer quiebre de brazo a los camioneros, que ahora pretendían volver a un mercado intervenido. Pero el tiro les salió por la culata. En el acuerdo se establece claramente que la libertad vigilada seguirá vigente. Este consiste en un sistema de información que arroja un precio de referencia que le puede resultar útil tanto a los generadores de carga como a los transportadores para saber qué precio pueden cobrar o qué tarifa pagar. Eso básicamente significa que la tarifa del transporte de carga por carretera en Colombia se va a seguir fijando por la libre interacción de la oferta y la demanda. Así que los transportadores no pueden decir que este fue un triunfo.

El viceministro de transporte, Alejandro Maya, reconoció que mantener la libertad vigilada fue uno de los principales logros de la negociación y ratificó que el acuerdo genera compromisos que el Gobierno está en capacidad de cumplir en su totalidad.

Coto a la oferta

El otro aspecto está asociado a la oferta de camiones en Colombia. Es claro que hoy el número de estos vehículos ha crecido, llegando a más de 300.000.

Este es el hecho central que genera presiones a la baja en las tarifas que se les pagan a los transportadores. Pero incluso en este frente, que era el otro asunto central, los camioneros no pueden decir que ganaron la partida.

Es claro que el acuerdo señala que se mantendrá la reposición 1 a 1: esto significa que si alguien quiere introducir un camión nuevo al servicio, debe chatarrizar otro.

Sin embargo, claramente el texto del acuerdo establece que esto ocurrirá hasta que se dé una de dos situaciones: o que se acaben los recursos de la chatarrización, que son actualmente de unos $800.000 millones, o que la oferta y demanda del servicio se estabilice, lo que debe ser demostrado técnicamente.

El sistema de 1 a 1 significa básicamente una restricción a la oferta del servicio; esta sigue siendo una anomalía para el mercado. Sin embargo, apenas se acaben los recursos del fondo de chatarrización, la oferta volverá a tener libertad. Los $800.000 millones alcanzan para chatarrizar 13.000 camiones viejos. Así, los recursos del Fondo solo garantizan que por un tiempo la oferta se mantendrá congelada.

Lo único que reducirá la oferta es que el Gobierno cumpla con normalizar la situación de al menos 12.000 vehículos que fueron matriculados irregularmente, como parte del famoso carrusel de la chatarrización que fue denunciado y empezó a ser perseguido.

Así las cosas, los camioneros no lograron imponer nuevamente la tabla de fletes y, dos, tampoco garantizaron que el sistema de chatarrización de 1 a 1 siga vigente por largo tiempo. Ese es el balance para los transportadores luego de 45 días de paro.

Esto significa que el mercado del transporte de carga por carretera va rumbo hacia la liberalización definitiva. A las autoridades les queda pendiente resolver algo con el problema del lavado de activos en el sector, que también ha sido una fuerza que impulsa la oferta de camiones y jalona a la baja las tarifas para los transportadores. Si no se hace algo drástico y contundente contra este flagelo, antes de un año los camioneros van a empezar a manifestar nuevamente su descontento por los bajos precios que les pagan por prestar sus servicios.

Por su parte, los camioneros deben entender que ya es prácticamente imposible dar marcha atrás en este proceso y que en muchos casos deberán moverse hacia otros negocios, porque el transporte tenderá naturalmente a precios más bajos o a mantener la oferta de camiones necesaria para garantizar el servicio, que en cualquier caso implica menos camiones de los que hay actualmente.

Queda también la lección sobre los paros camioneros como forma de buscar reivindicaciones: sin lugar a dudas, quedó demostrado que paralizar al país y afectar el suministro de bienes básicos como los alimentos no dejan ningún resultado positivo. Ese camino resulta muy tortuoso y no se debe volver a transitar.

Fuente: Dinero

Sube la tensión entre Colombia y Panamá: caída del arancel demoraría otros seis meses

El Gobierno dijo que está a la espera de que Panamá le notifique el aumento de los aranceles a productos como flores, cemento, carbón y confecciones.

Impulso entre Colombia y Panamá no cede. Mientras que la nación vecina anunció la imposición de aranceles a algunos productos colombianos que ingresen a su territorio, como flores, cemento, carbón y confecciones, la ministra de Comercio Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, aseguró que el país está cumpliendo con el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y explicó que el Gobierno espera que, mañana, ese organismo designe al árbitro que fijará los plazos y el procedimiento para el desmonte de decreto arancelario colombiano.

Respecto al tiempo que se podría tomar el árbitro de la OMC en este tema, dijo que no hay una norma establecida, “pero lo que hemos visto en casos parecidos indica que pueden ser entre 6 y 15 meses contados a partir del momento en que emitió el fallo, es decir, el 22 de junio pasado”.

“Nosotros esperamos e invitamos al gobierno de Panamá para que aprovechemos la coyuntura y el momento para llegar a un acuerdo, para tener a largo plazo beneficios para ambos”, añadió.

Sobre los anuncios de las autoridades panameñas con relación a la imposición de aranceles a productos colombianos, en retaliación a la decisión de Colombia de extender el actual decreto que fija aranceles mixtos para la entrada de calzado, textiles y confecciones procedentes de la zona libre de Colón, la ministra Lacouture agregó que el Gobierno espera la notificación de Panamá para analizar esas medidas y tomar las decisiones pertinentes.

“Nosotros hemos venido proponiéndole a Panamá que lleguemos a un consenso. Colombia está acatando el fallo de la OMC, en cuanto a procedimientos y tiempos establecidos. Lo que sí queremos es determinar medidas binacionales que nos permitan defendernos contra el comercio ilícito”, afirmó.

Reiteró que “la OMC dijo que Colombia debe acordar con Panamá un procedimiento para derogar el decreto de aranceles que el organismo tumbó. Ese mecanismo no lo hemos convenido con Panamá. Por esa razón, el paso a seguir es la designación de un árbitro quien determinará la forma y los plazos que Colombia debe cumplir para acatar el fallo. Este es el rumbo normal establecido para este tipo de casos”.

REACCIÓN GREMIAL

Los empresarios colombianos, con excepción de Fenalco, gremio que agrupa a los comerciantes, han manifestado su apoyo al Gobierno en la posición adoptada con Panamá.

Por ejemplo, los exportadores consideran que si Panamá se niega a firmar el acuerdo de intercambio de información aduanera, Colombia tiene razón para indignarse, y por eso está bien que aplique al pie de la letra lo señalado por la OMC, con respecto al desmonte del arancel.

Entre tanto, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, dijo que ese gremio “respalda al Gobierno Nacional en su proceso para acatar la sentencia de la OMC. Como gremio descalificamos las medidas de retorsión por parte del gobierno de Panamá, ya que afectan el normal proceso de las relaciones comerciales binacionales”.

“El Gobierno Nacional con sus decisiones y proceder busca resguardar su actividad industrial. Y sus medidas evitan que los impactos negativos con este tipo de políticas terminen por afectar los bienes y servicios colombianos en los mercados internacionales. Hay que rodear al Gobierno Nacional”, apuntó además el dirigente.

Los productores de flores dijeron que el mercado con ese país está en crecimiento. Aseguraron que las medidas frenarían las ventas, y consideraron injusta la retaliación. Colombia exportó a Panamá 4,8 millones de dólares en el 2015.

Por su parte, varios productores de cemento dijeron que no venden materia prima en Panamá. Voceros de Cemex señalaron que su empresa es mexicana y que tienen planta en ese territorio.

PANAMÁ DICE QUE REFORZARÁ MEDIDAS DE RETORSIÓN

En momentos en que Panamá “se encuentra analizando de manera integral el panorama de sus relaciones con Colombia (...), dijo que ejecutará las medidas necesarias para garantizar los intereses esenciales para la existencia de una relación en equidad de condiciones entre ambas naciones” y evalúa medidas de retorsión contra los colombianos, su Gobierno anunció que reforzará este tipo de disposiciones contra los Estados extranjeros que ejerzan acciones discriminatorias contra ellos, lo cual incluye respuestas tributarias y migratorias. 

Dicha iniciativa incluye la creación de la “Lista de Estados que discriminan contra Panamá”, que sería administrada, publicada y actualizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

El listado será para distinguir a las naciones que incurran en prácticas discriminatorias o que impliquen una lesión a los intereses económicos o comerciales de la nación. Una resolución determinará cuáles países harán parte de la lista.

Entre las medidas tributarias contempladas en el instrumento están la creación de impuestos a dividendos, a las remesas al exterior u otra clase de rentas producidas en Panamá por personas naturales o jurídicas de esos países.

Fuente: Portafolio

El ‘jalón de orejas’ al Gobierno por gasto y auditorías de 2015

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ya evidenció que el trámite del proyecto de presupuesto para 2017 de la nación no va a tener un camino despejado, como en otras ocasiones, en las comisiones económicas del Congreso de la República.

Esto por cuenta de la advertencia lanzada desde la Comisión Cuarta tanto de la Cámara de Representantes como la de Senado de la República de no otorgar más facultades al Ejecutivo para que pueda realizar aplazamientos en los rubros de gasto. En ese sentido, el representante Mario Castaño, en su intervención en el debate, manifestó que “el Gobierno siempre ha tenido facultades para aplazar recursos del presupuesto. Hoy vemos un aumento de 6% en el monto general pero también una reducción en la inversión. Entonces el gasto corriente es el que aumenta y ese es el control que desde acá se debe realizar”. 

El propio Gobierno reconoció que la discusión sobre el presupuesto no será de trámite. Simón Gaviria, director de Planeación Nacional dijo “las comisiones económicas nunca se han enfrentado a un debate tan complejo en materia de presupuesto y concuerdo con el debate del impacto sobre lo que se ejecuta en la vigencia siguiente”. 

En tanto, el ministro de Hacienda explicó que el presupuesto está pensado para cumplir con el ajuste que requiere la economía frente a la realidad de menores ingresos por cuenta de la caída del precio del petróleo. El funcionario también aprovechó para reiterar que el grado de inversión del país no se encuentra en peligro de ser retirado por parte de las calificadoras. “Lo que cambió fue la perspectiva que pasó a negativa pero creo que el Gobierno y el Congreso, con este presupuesto que socializamos, podrá mantener la confianza en el mercado internacional”, dijo el Ministro. 

Pero la jornada en el Congreso no terminó ahí. En la Comisión Legal de Cuentas se oficializó la polémica que LR había venido advirtiendo esta semana por cuenta de las diferencias encontradas por la Contraloría en el balance de la Hacienda Pública que realiza la Contaduría General de la Nación. 

El contralor, Edgardo Maya, evidenció que 34 entidades públicas, de 59 auditadas por el organismo de control, reportaron inexactitudes en el manejo presupuestal, con hallazgos que ascienden a $12,35 billones y representan 5,9% del Presupuesto General de la Nación (PGN) definitivo.

En el proceso auditor adelantado en el primer semestre de 2016, el ente evaluó la situación financiera y presupuestal de 96 instituciones, de las cuales 59 hacen parte del PGN y cubren  89% de este. 

“Esta cifra de inexactitudes es muy alta dentro del presupuesto nacional y esperamos que se hagan las correcciones necesarias, se profundice en el análisis de estos temas con la Comisión Legal de Cuentas, y que haya un llamado de atención y desde luego se vean las consecuencias fiscales y disciplinarias y, si surgen, también penales, que de allí se deriven”, comentó Maya Villazón. Así mismo, LR intentó comunicarse con la Contaduría General de la Nación pero no obtuvo respuesta frente a lo planteado por la entidad de control. 

En el reporte de la Contraloría se encuentra que el total de la deuda del sector público alcanzó $453 billones en 2015, y en términos del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 56,5%, alcanzando el segundo nivel más alto de los últimos 25 años, después de 2002 cuando se situó en 60,1% del PIB. 

Para el contralor Maya Villazón, es necesario que, en el escenario actual de desaceleración económica, la planeación e implementación de la política fiscal busque sistemáticamente generar finanzas públicas sostenibles con crecimiento económico y bienestar social. “La Contraloría General de la República estima necesario el diseño de una estrategia de política económica de largo plazo que busque un cambio en la estructura productiva, mediante un modelo que evite depender de la volatilidad de los precios de las materias primas, fortalezca el sector agrícola y manufacturero y, en general, diversifique el aparato productivo”, anotó.

En su concepto, la deuda debe mantenerse en niveles sostenibles y para lograrlo se requeriría recuperar la senda de crecimiento económico; reducir el déficit fiscal; recortar y priorizar el gasto público y elevar los ingresos tributarios. 

Frente a este punto, el ministro Cárdenas señaló que “la Contraloría tiene razón sobre la importancia de la reforma tributaria que tramitaremos en el segundo semestre. Sobre la deuda nosotros hemos cumplido cabalmente la Regla Fiscal”. Finalmente, los congresistas le pidieron al Gobierno asumir la responsabilidad por las cuentas que no cuadran. 

El Emisor seguiría subiendo tasas

El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, insistió en que las decisiones tomadas por la Junta Directiva obedecen a un principio técnico en el que se busca controlar en el rango meta de la inflación. “El país no puede preferir tener un mayor ritmo de crecimiento con un nivel alto de inflación. Nuestra experiencia en la década de los 70 y la teoría económica lo demuestran”, dijo. Por esta razón, el gerente del Emisor insistió en que, una vez se superen los choques transitorios que han elevado el precio de los alimentos, la inflación retorne a 3%, que es la meta de largo plazo. 

Fuente: La República

Perspectiva de riesgo de la banca colombiana, de negativa a estable: S&P

Su fondeo por medio de emisiones de bonos le da fortaleza, dice la calificadora.

Un apetito de riesgo moderado, la ausencia de distorsiones en el mercado, y la deuda corporativa como una fuente importante de fondeo, son algunos temas que le dan fortaleza a la banca colombiana, y que motivaron a que Standard & Poor’s esté viendo con mejores ojos a esta industria.

De hecho, su percepción de riesgo frente al sistema bancario local mejoró, de negativa a estable.

En su informe, la calificadora señala que, en los últimos doce meses, se había advertido sobre la vulnerabilidad en el fondeo de los establecimientos de crédito.

No obstante, el mercado de capitales local ha sido una buena alternativa para que las entidades obtengan recursos de mediano y largo plazo (vía emisiones de bonos), lo que les da fortaleza para que puedan proveer recursos tanto a empresas como a Gobierno, incluso en momentos de turbulencias en los mercados externos.

“El mercado de deuda corporativa está evolucionando y lo clasificamos ahora como moderadamente amplio y profundo. Aunque el mercado local es relativamente pequeño (menos del 10% del PIB), es activo en emisiones con grado de inversión”, afirma S&P.

Pese a ello, la agencia calificadora no desconoce la situación actual de la economía colombiana –de hecho en febrero le bajó la perspectiva al país–.

Precisamente, considera que la posición externa se debilitará aún más, debido a que necesitará contraer más deuda para financiar el déficit de cuenta corriente, y los desequilibrios del país presionarán al sistema financiero.

A esto, añade que aumentará el riesgo de crédito por la inflación, la depreciación del peso, menor crecimiento real de los salarios y las tasas de interés en aumento.

Al conocerse estos pronunciamientos, la Asociación Bancaria señaló que, “pese a las complejidades del ciclo económico, los indicadores de solidez del sistema, tanto regulatorios como de mercado, dan cuenta de un desempeño notable por parte de los bancos en Colombia”.

Igualmente, “ratifica su confianza no solo en el desempeño del sector, sino en el de la economía. Confiamos en que en los próximos semestres se acelere la reconversión productiva, se reduzca el déficit de cuenta corriente y se despejen las dudas en materia fiscal, permitiéndonos retornar a los niveles potenciales de crecimiento”.

Fuente: Portafolio

Inflación retomaría el curso previsto a finales del tercer trimestre

En el informe presentado por la junta del Banco de la República al Congreso, se observa que esta espera que terminado el fenómeno de ‘El Niño’ la oferta agropecuaria se normalice y permita el descenso en los precios para los consumidores.

Dice el reporte que en los últimos meses se han hecho presentes diversos choques de oferta (paro camionero, ciclo de retención ganadera, un posible fenómeno de ‘La Niña’) que se suman a los que desde hace varios trimestres venían afectando los precios al consumidor y que generan riesgos de presiones alcistas sobre la inflación en la segunda mitad del año.

No obstante, reitera que los efectos directos de los choques que han afectado la inflación en Colombia en el último año deben empezar a desvanecerse en la segunda mitad de 2016.

De esta manera, se espera que los precios de varios alimentos no procesados, como la papa, las hortalizas, las verduras y varias frutas, junto con otros semiprocesados, como los lácteos, comiencen a descender o frenen sus alzas entre junio y septiembre de este año. 

Además, estas nuevas bajas deberían hacerse más marcadas hacia el cuarto trimestre, reduciendo, de tal forma, una parte sustancial de las presiones alcistas que hasta ahora ha enfrentado la inflación al consumidor.

Advierte la junta en el documento entregado al legislativo que en los meses recientes ha aumentado de manera importante la probabilidad de que se presente un fenómeno de ‘La Niña’.

Si esta condición se llega a materializar, sus efectos empezarían a sentirse en el país en el cuarto trimestre de este año y su impacto se extendería durante la primera mitad del próximo. Añade que aunque en el pasado este evento climático ha tenido un efecto mínimo sobre la inflación al consumidor, siempre existe el riesgo de que las alteraciones en los patrones climáticos incidan adversamente en la producción agropecuaria del país, alterando los precios, sobre todo si su intensidad es fuerte. Por lo pronto el mercado espera el dato de inflación de julio que se conocerá mañana. En los últimos 12 meses aumentó 14,28%.

PRESIDENTE SANTOS NO INCIDIRÁ

A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos reveló que la votación de la más reciente junta del Emisor quedó 4-3 en la decisión de subir las tasas, el gerente del Banco Central, José Darío Uribe, sostuvo que de cara al futuro, al igual que se ha hecho en el pasado, la corporación tomará las decisiones de política monetaria con base en las cifras macroeconómicas que tenga a su alcance.

“Las decisiones de política monetaria se toman a partir de análisis técnico que incorporan el comportamiento de la inflación y del crecimiento”, dijo el Gerente.

Fuente: Portafolio

 El ‘fantasma’ de un apagón asusta a los inversionistas en la costa

Inversionistas lo piensan dos veces antes de meter sus capitales en una región con inestabilidad en el suministro de energía.

Justo cuando la región Caribe atraviesa por un momento de crecimiento económico y apertura comercial sin igual, con grandes e importantes inversiones, puede perder su cuarto de hora debido a la alerta de un posible apagón.

Las dificultades por el suministro de energía que tiene en jaque al desarrollo de la región han llevado a que en los actuales momentos muchas empresas lo estén pensando dos veces antes de seguir con sus procesos de fortalecimiento en la zona

La principal razón de los inversionistas para demorar el desembolso de sus capitales es la inestabilidad en el suministro de energía, sumado a que es uno de los más costosos del país. Sin embargo, el salvavidas dado por la ley para que muchas de esas industrias corten el suministro de Electricaribe y se conecten de manera directa a Transelca, trasportadora regional filial de ISA.

Mientras tanto el Gobierno Nacional, así como el operador directo, se han enfrascado en una discusión sobre acciones y responsabilidades, sin que se vea una solución rápida, efectiva y eficiente.

“El problema de la prestación del servicio de energía en la costa Caribe es más grande de lo que pensaba el operador. El modelo de prestación ha hecho crisis y no está funcionando. Con la Creg y la Upme estamos haciendo unos cambios regulatorios que permitan resolver el problema en el largo plazo”, señala el ministro de Minas, Germán Arce.

Entre enero y abril de 2016 se han destinado $220.000 millones de subsidios a la demanda y $159.000 millones en recursos del Fondo de Energía Social ($ 35.000 millones de Foes corrientes y Foes de vigencias anteriores por $ 124.000 millones), para aliviar las necesidades de los más vulnerables con el pago de la factura del servicio de energía eléctrica.

Sin embargo, lo que más preocupa es que por la misma inestabilidad en la prestación del servicio la economía de la región se ha visto afectada. 

Además del malestar en el sector empresarial e industrial que ha llevado a una desaceleración en la inversión de capitales, los pequeños y medianos negocios han registrado pérdidas.

“Aunque no han sido cuantificadas las pérdidas en la economía de la región Caribe por la inestabilidad en la prestación del servicio de energía, es muy alto su porcentaje”, señala Alberto Vives, gerente de la Andi Atlántico y Magdalena, al precisar que los racionamientos o descensos en la intensidad del suministro afectan las operaciones en los procesos de producción de las plantas, así como en las empresas que ofrecen servicios.

Para rematar en la crisis por la prestación del servicio de energía por parte de Electricaribe, semanas atrás fue presentada una queja formal de Gas Natural Fenosa (dueño de la electrificadora) desde España ante el Gobierno Nacional aduciendo que no se están respetando las reglas de juego en el acuerdo comercial que firmaron ambos países. 

Afirma la empresa española, con sede en Barcelona, que la posible entrada de nuevos operadores para la prestación del servicio, como lo ha sugerido el Ministerio de Minas, entorpece las relaciones comerciales entre Colombia y España.

Fuente: portafolio