CIERRE MERCADO ACCIONARIO LOCAL
Indice COLCAP registra descenso del 0,32%
El Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP)
cerró el viernes en 1.323,66 unidades, con un descenso del 0,32% frente a la
jornada anterior.
En lo corrido del año el indicador bursátil registra una
variación positiva del 14,73%. En cuanto al índice de liquidez COSC, éste bajó
0,88% a 989,50 unidades, y el COLIR bajó 0,35% a 837,54 unidades. Ayer se
negociaron $60.742,38 millones en 1.660 operaciones.
La especie con el volumen más alto de negociación fue PFBCOLOM,
con $23.127,22 millones (sin variación a $27.180,00). También se destacaron en
este aspecto, ECOPETROL ($5.829,92 millones, con cambio negativo en su precio
del 0,81% a $1.220,00) junto con PFAVAL ($4.459,51 millones, sin variación a
$1.195,00).
Por su parte, CELSIA logró el ascenso más importante durante la
sesión. El precio de este título creció un 0,78%, con cierre de $3.880,00.
También se destacó por su apreciación; CLH, cuyo precio creció un 0,64% a
$12.500,00; y CORFICOLCF, que ascendió un 0,10% a $38.360,00.
Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más
importante fue FABRICATO, con una variación negativa del 5,41% a $14,00.
También se presentó depreciación en: PFCORFICOL (con una variación negativa de
4,19% a $31.120,00) y EXITO (con una variación negativa de 1,29% a $13.820,00).
Fuente: BVC
Anulan aval a deudas de Saludcoop por
$2,4 billones
De alrededor de $ 10 billones que pretendían los acreedores, a
principios de este año, el anterior liquidador había aprobado casi el 25%.
La liquidadora
de Saludcoop, Angela María Echeverri, acaba de revocar varios actos
administrativos firmados por antecesor, Luis Leguizamón, en los cuales este les
reconocía a varias empresas acreedoras deudas por 2,4 billones de pesos.
La Resolución 1935 del miércoles y conocida por Portafolio
indica que esta drástica decisión se tomó luego de una revisión ordenada el 7
de julio, en la que hallaron fallas crasas de forma y de fondo en las
resoluciones 00010 y 00178 del 29 de febrero pasado; 00179 y 180 del 7 de
marzo.
Las pretensiones de los acreedores de Saludcoop pasaban de los 10 billones de pesos y de ellas, mediante los actos administrativos, se avaló poco menos de una cuarta parte. Como es costumbre en estos casos, el resto debía ser reclamado por vía judicial y el liquidador estaba obligado a constituir una reserva en dinero o bienes para pagar reclamaciones que sean falladas en contra, pero esto no se hizo.
Además, KPMG había apuntado ya la falta de definición de roles, privilegios y controles a los funcionarios que debían alimentar las bases de datos relacionadas con las acreencias.
“Continuar con el proceso liquidatorio bajo esas condiciones de calificación y graduación de las acreencias llevaría a vulnerar de manera grave el patrimonio público y los derechos al debido proceso y a la igualdad de los acreedores”, dice la Resolución 1935.
Fuentes cercanas a la liquidación informaron que están en los ajustes del software y que si bien la revisión es dispendiosa, por tratarse de 2,6 millones de facturas y acreencias superiores a los 10 billones de pesos, se buscará que la nueva calificación y graduación de las acreencias esté a más tardar en noviembre. La idea es no alterar el cronograma que da dos años –contados desde noviembre del 2015– para la desaparición de la empresa.
En las liquidaciones es de vital importancia dónde queden
graduadas las acreencias, pues así se define la prioridad en el pago con
recursos que pocas veces son suficientes para saldar el total de las cuentas.
En el primer nivel están las laborales y fiscales, luego las prendarias,
hipotecarias, los proveedores estratégicos y, por último, los proveedores no
estratégicos y las deudas quirografarias (que no tienen un documento de
respaldo). No obstante, en el registro de los procesos judiciales todo fue al
mismo ‘cajón’, por lo cual, por ejemplo muchas acreencias laborales, que debían
estar en primer lugar, fueron al quinto.
En ese mismo campo quedaron las deudas
de las IPS, que en una legislación previa estaban en cuarto o quinto puesto,
pero la Ley 1797 de julio pasado las subió al segundo lugar.
También, algunas deudas reconocidas por la Resolución 178 las
reclasificó la 180. “El Agente Especial Liquidador, haciendo uso de una
atribución que únicamente lo faculta para disponer correcciones por errores
formales, procedió a efectuar modificaciones de fondo, sin que la disposición
invocada lo faculte para ello”, resalta la Resolución 1935.
Añade que, fuera de eso, se le dio el aval a facturas por
servicios a empresas que no contaban con habilitación, que es un requisito
indispensable, mientras que rechazaron otras que, al hacer una revisión
posterior, cumplían con lo exigido.
‘SOFTWARE’ NO CONFIABLE
Las auditorías realizadas por la Superintendencia de Salud y las
firmas especializadas Baker Tilly y KPMG evidencian otras presuntas
irregularidades.
Para empezar, un informe del 29 de abril de la Supersalud señala
tres: el abono a procedimientos o pagos totales de facturas sin que quedara un
soporte del reconocimiento, cifras que no concuerdan en las deudas laborales
reportadas, e inconsistencias en el procesamiento de la gradación y
calificación de las acreencias por el sistema de información Heon (el software
donde se llevan estos procesos) que hacen dudar de su confiabilidad. “El
resultado general de la auditoría sobre 61 facturas revisadas indica que el 39%
no cumplieron con los criterios de glosa, el 20% presentaron fallas en los
soportes de las glosas y tan solo el 41% fueron glosadas correctamente”, apunta
la Supersalud.
Otro informe del mismo organismo de control, del 29 de julio,
habla de incongruencias en el cruce de información de varias fuentes, la falta
de una explicación sustentada sobre deudas no reconocidas –lo cual atenta
contra el derecho de defensa de los afectados– y la no unificación de los datos
en una sola plataforma. “Es evidente que Saludcoop EPS en Liquidación presenta
problemas administrativos de calidad, proceso y control interno”, señala el
reporte.
El informe del 28 de junio de Baker Tilly, contratado como
revisor fiscal y contralor, recalca los mismos puntos.
Ya lo había hecho también KPMG el 18 de marzo, cuando identificó
89 acreencias laborales en las cuales el beneficiario no aparecía inscrito en
el sistema Kactus (que administraba la nómina) y advierte del “posible pago de
acreencias a terceros que no tienen ningún vínculo con Saludcoop”.
En consecuencia, el proceso de calificación y gradación de los
créditos, que es uno de los pasos en el saneamiento de las finanzas de una
entidad próxima a desaparecer, tendrá que volver a comenzar y avanzará a la par
con la valoración de los activos, que ya está en una fase avanzada.
ESTE MIÉRCOLES VENCE EL PLAZO
Hasta este miércoles mañana hay plazo para objetar el avalúo de
los llamados activos no estratégicos de Saludcoop, tasados en 466.000 millones
de pesos. En estos bienes hay 16 clínicas, una central de urgencias, 19 lotes,
11 casas y 8 locales. La valoración la hizo la firma Evaluarte S.A.S. y fue
avalada el 28 de julio por la liquidadora. Hasta el viernes pasado solo se
había presentado una objeción. Y si bien la ley le da dos meses para resolver
las peticiones que lleguen, la intención es solucionar el tema antes, con el
fin de dar paso a la posible venta de activos para así comenzar a pagar las
acreencias.
Fuente: Portafolio
Ecopetrol reportó $1,1 billones de
utilidad neta en primer semestre de 2016
Ecopetrol S.A. anunció hoy los resultados financieros del Grupo
Empresarial para el segundo trimestre y primer semestre de 2016.
“Este
resultado se dio gracias a la recuperación del 34% en el precio del crudo
Brent, la reducción de nuestros gastos operacionales y los esfuerzos de ahorro
estructurales. Nuestro margen Ebitda se mantiene sólido, alrededor del 39%”,
señaló Juan Carlos Echeverri, presidente de Ecopetrol, en un comunicado
publicado por la Superintendencia Financiera.
Según
Echeverry, la meta de ahorro en 2016 es de $1,6 billones de pesos.
Sobre
los campos Rubiales y Cusiana, Ecopetrol anunció que opera actualmente con “más
de 500 mil barriles por día”.
Fuente: La República
Las cinco figuras económicas que solo
funcionan en el país
En Colombia existen figuras económicas que de acuerdo con sus
características son únicas y mueven la economía. Este es el caso de las cajas
de compensación, fondos de empleados, el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (Soat), la medicina prepagada y los estratos socioeconómicos, entre
otros mecanismos.
Las
cajas de compensación son clave no solo en su administración de parafiscales,
sino también con sus negocios comerciales y de salud. Según las cifras de
Asocajas y la Superintendencia de Subsidio Familiar, en Colombia hay 43 cajas
de compensación, que atienden a 24 millones de personas. Las inversiones que
mueven al año son alrededor de $800.000 millones y los ingresos por
parafiscales suman más de $5,3 billones.
Álvaro
José Cobo Soto, presidente ejecutivo de Asocajas comentó que el modelo de
subsidio familiar “ha permitido democratizar el acceso de la clase trabajadora
a programas de recreación y turismo, salud, educación y empleo formal; ha
beneficiado a los trabajadores con un auxilio monetario por valor de $1,5
billones en el último año, lo que ha permitido contribuir a mejorar las condiciones
de vida, disminuyendo el nivel de desigualdad en el país en 106 puntos básicos;
entre otras cosas”.
Otra de
las figuras que mueven la economía son los fondos de empleados que surgieron en
la década de 1930 y hasta 1967 funcionaron como corporaciones o asociaciones de
derecho privado, apoyados en disposiciones del Código Civil.
Según
la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe) este sistema “es una
iniciativa colombiana y no existe en ninguna parte del mundo; se ha
consolidado cada día más desde hace 35 años con mayores fortalezas, para el
servicio de sus asociados”.
Sin
embargo, Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá, comentó que “en
otras partes también existe una especie de fondos de empleados como una
variedad del sector solidario”.
En
Colombia hay 1.625 fondos en todo el país, que tienen asociadas a 938.000
personas, cifra que si se multiplica por cuatro (que sería el grupo familiar)
llegaría a 6,5 millones de personas, según Analfe. Además, todos los asociados
mueven en ahorros $3,7 billones al año y $5,3 billones en créditos.
La
tercera figura representativa es el Soat, que en Colombia tiene asegurados a
7,5 millones de automotores, de los cuales 30% son vehículos, 46% motocicletas
y 24% pertenecen a otras categorías.
Para el
presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Jorge
Humberto Botero, el Soat en Colombia es un seguro exitoso por todas las
facultades que ha generado a la hora de cubrir accidentes, aunque existe en
muchos países, tanto que “Honduras quiere establecer un Soat semejante al de
Colombia. Lo mismo sucede con México, en donde he estado, pero el problema allá
consiste en que la estructura federal del estado dificulta tener un sistema
único nacional, lo cual complica las cosas”.
La
cuarta figura es el sistema de medicina prepagada. El Ministerio de Salud y
Protección Social reportó en un informe que los afiliados activos al régimen
subsidiado suman 22,9 millones de colombianos, mientras que los afiliados
activos al régimen contributivo son 21,3 millones, lo cual totaliza 44,2
millones de personas. Esto quiere decir una cobertura de 97,2% de toda la
población. En cuanto a las empresas las que están afiliadas son 667.088 y
las nuevas en 2015 fueron 21.787 compañías.
Por
último, los expertos señalan que está la estratificación socioeconómica. Carlos
Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario,
dijo que “esta es una de las figuras auténticas. Fue un sistema que nos
inventamos a principios de los 90 para establecer cómo es el mecanismo de
subsidios y contribuciones en servicios públicos domiciliarios”.
Este
sistema fue hecho a las medidas de la población y en estos momentos cuenta con
15,9% en el estrato uno, 28,9% de personas en el estrato dos, 34,4% en el
estrato tres y en los demás está casi 20%.
Otros mecanismos representativos
En realidad en el país funcionan diferentes figuras y
herramientas únicas. Por ejemplo, está el cuatro por mil, el impuesto al
patrimonio y el impuesto a la industria y el comercio, basado en el ingreso
bruto. Además de estas, el Sena también fue destacado por los expertos. El
rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, comentó que “es
relativamente único, me parece que es distinto a lo normal”. Esto se debe
básicamente a que tienen facultades especiales en la colocación de empleos, la
formación de los estudiantes y la promoción de la investigación.
Fuente: La República
Empresarios están preocupados por la
incertidumbre jurídica en el país
El Presidente de la Andi señaló que esto está afectando las
actividades productivas.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (Andi), Bruce Mac Master, les manifestó al Presidente la República y
al Ministro de Hacienda la preocupación del sector empresarial por el
crecimiento que está teniendo en el país la incertidumbre jurídica, la cual
está afectando las actividades productivas.
“Contrario a las expectativas que teníamos, en el país cada vez
hay más y más fuertes fuentes de incertidumbre jurídica: licencias revocadas,
consultas populares que buscan deslegitimar actividades económicas legales,
fallos de las cortes que traen consigo nuevas e inesperadas obligaciones para
las empresas, tutelas irresponsables, aparentemente protectores de derechos de
población vulnerable que no consideran por un segundo las consecuencias sobre
el Estado o el sector privado, contratos de estabilidad tributaria que son
eludidos mediante manejos semánticos y severos procesos sancionatorios sin
segunda instancia”, precisó Mac Master.
Añadió el dirigente gremial que los empresarios
del país no están pidiendo que se les trate con privilegios, sino que se den
los escenarios donde se pueda ser sostenible y donde se puedan obtener buenos
resultados económicos y financieros a partir de los cuales el sector privado le
pueda aportar más al bienestar general de la comunidad.
Aseguró que a pesar de que se conocen los
problemas que trae consigo, el país no ha asumido con vehemencia el repudio que
merecen esas prácticas donde el abuso del poder hace prevalecer los intereses
particulares de individuos y grupos sobre el interés general de la comunidad.
Así mismo, el Presidente de la Andi ahondó en uno de los
problemas que a su parecer más está socavando el desarrollo del país: la
corrupción. “Colombia enfrenta el desafío de una crisis ética de profundas
dimensiones, que parece haber permeado todas las esferas de la vida nacional”.
Aseguró que a pesar de que se conocen los problemas que trae consigo, el país no ha asumido con vehemencia el repudio que merecen esas prácticas donde el abuso del poder hace prevalecer los intereses particulares de individuos y grupos sobre el interés general de la comunidad.
Fuente: Portafolio
Los grandes proyectos de
infraestructura que están varados
Aún no se ve luz al final del túnel de cuatro grandes
proyectos de infraestructura, claves para mejorar la competitividad del país al
facilitar la movilización de mercancías. Desde hace tiempo, el país habla de la
urgencia de recuperar la navegabilidad del río Magdalena, de poner a rodar el
tren del Pacífico y de terminar los túneles de La Línea y el Toyo, que suman
inversiones por 6 billones de pesos. Pero las obras no avanzan en algunos casos
y en otros ni siquiera arrancan, y lo crítico es que sobre ellas pende una
posible caducidad de los contratos que podría abrir la puerta a millonarios
pleitos con la Nación. Este es su estado:
1. Tren del pacífico
Más de tres meses lleva suspendida la operación del tren del
Pacífico, un proyecto que conecta a Buenaventura con La Tebaida (Quindío), en
un tramo de 500 kilómetros. Esta obra permite a la región centro occidente una
salida al puerto para movilizar un millón de toneladas de carga al año.
Pues bien, cuando todo hacía pensar que el tercer intento en 18
años para hacerlo rodar sería el definitivo, nuevamente el proceso está a punto
de descarrilarse. La multinacional suiza Trafigura, principal inversionista de
Ferrocarriles del Pacífico, empresa que maneja el tren, suspendió las
operaciones a finales de abril de este año aduciendo riesgos operacionales.
Según la compañía, en la zona por donde pasa el ferrocarril hay
minería ilegal e invasiones –alrededor de 3.000 familias están a lado y lado de
la vía–, lo que dificulta su trabajo. Sin embargo, el gobierno señala que esos
problemas estaban presentes antes del contrato y que está tomando medidas en
estos frentes.
Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), dice que ante la decisión unilateral de Trafigura no
quedan sino dos opciones: la cesión del contrato a un tercero o darlo por
terminado y cobrar multas de hasta 40 millones de dólares por incumplimiento.
La ANI está en conversaciones con el contratista y le dio un
plazo adicional, que vence en unas cuatro semanas, para que presente un nuevo
concesionario que siga adelante con el proyecto. Según Andrade, tres empresas
colombianas estarían interesadas pero deben cumplir los requisitos. Si no se logra
un acuerdo se optaría por terminar el contrato, un proceso que retrasaría por
lo menos un año el arranque del tren pues implicaría comenzar de ceros y abrir
una nueva licitación.
El proyecto del tren del Pacífico ha tenido varios tropiezos.
Los tres últimos gobiernos lo han inaugurado –la última vez en marzo de 2014
cuando el presidente Juan Manuel Santos se subió a una de sus locomotoras–.
Además, ha pasado por las manos de tres inversionistas: Tren de Occidente,
Ferrocarril del Oeste y finalmente Ferrocarril del Pacífico, que no lograron
hacer rentable la operación. Por ahora la suerte del tren está en suspenso.
2. Navegabilidad del
magdalena
Cuando en agosto de 2014 el gobierno adjudicó las obras para
volver a navegar comercialmente el río Magdalena, el júbilo se apoderó de
muchos municipios ribereños que esperaban el renacer de este afluente, el más
importante del país.
El proyecto, cuya inversión asciende a 2,5 billones de pesos,
busca recuperar la navegabilidad entre Puerto Salgar y Barrancabermeja, y hacer
obras de encauzamiento desde Puerto Salgar hasta Barranquilla, para una
intervención total de 908 kilómetros. Las obras mejorarían la competitividad
del país puesto que permitirían transportar mayor cantidad de carga, con
millonarios ahorros para los empresarios.
En 2014 ganó la licitación el consorcio Navelena, integrado por
la brasileña Odebrecht, con 87 por ciento de participación, y la firma costeña
Valorcon. Pero cuando se pensaba que ese sueño sería una realidad, surgió un
nuevo tropiezo. Odebrecht resultó vinculada con los escándalos de corrupción de
la petrolera brasileña Petrobras, lo que le dificultó conseguir recursos con la
banca.
En Colombia, la compañía no realizó el cierre financiero y
en mayo de este año anunció que cedería su participación a un tercero.
Actualmente dos consorcios internacionales están interesados en continuar las
obras, que tienen como plazo el próximo 30 de agosto para acreditar el cierre
financiero. Cormagdalena otorgará el aval al primero que lo consiga. Si no se
llega a un acuerdo, ocurrirá una situación similar a la del tren del Pacífico,
es decir, se declarará la caducidad del contrato y se iniciará un nuevo proceso
licitatorio.
En todo caso la actividad por el río no se ha frenado. Navelena
viene haciendo los trabajos de dragado y mantenimiento, y empresarios
nacionales y extranjeros siguen adelante. Como la suiza Impala, que invirtió
cerca de 1.000 millones de dólares y actualmente mueve entre 1,5 y 2
millones de toneladas de mercancía al año. Durante el pasado paro camionero la
compañía se convirtió en una alternativa de transporte y demostró la
importancia del proyecto fluvial.
3. Túnel de la línea
Después de meses de retrasos, sobrecostos y un ultimátum al
empresario Carlos Collins, representante del consorcio Unión Temporal II
Centenario, que construye el túnel de La Línea, el gobierno anunció en marzo
del año pasado un nuevo acuerdo para terminar el proyecto.
La fecha límite para su entrega se había fijado para el 30 de
noviembre de este año, cuando se pondrían en operación los 8,6 kilómetros
entre Cajamarca y Calarcá. Pero, a pesar de este plazo perentorio, nuevamente
la fecha se podría correr. El contratista pidió 75 días adicionales ante los
atrasos en algunas obras y puentes, así como por el paro camionero que afectó
la entrega de materiales.
Collins, que se ha trenzado en varias disputas con el gobierno,
sostiene que la culminación del proyecto depende del pago oportuno de los
desembolsos pactados en el acuerdo conciliatorio celebrado el año pasado. Pero
la verdad es que su terminación, que lleva cinco años, podría demorar más de lo
anunciado por el contratista pues faltan por terminar también varias obras
anexas. En mayo, en una visita sorpresa del vicepresidente Germán Vargas, se
notaban retrasos en los revestimientos y en la pavimentación.
La caducidad del contrato aparece como una alternativa a la que
el gobierno no ha querido acudir para evitarse un millonario pleito.
4. Túnel del toyo
De esta obra se viene hablando desde hace más de una década,
pero no se ha visto la primera palada de tierra. Aunque en marzo del año pasado
se adjudicó a un consorcio colomboespañol, la verdad es que su construcción
podría demorar un tiempo más porque el proyecto no cuenta con licencia
ambiental. Además, todavía están pendientes los estudios definitivos.
Este proyecto de túnel ha sido muy
controvertido debido a los millonarios recursos que se necesitarán y a los
enfrentamientos entre los últimos dos gobernadores, Sergio Fajardo y Luis
Pérez. La obra es trascendental para Antioquia ya que permitirá una conexión
más rápida entre Medellín y Urabá – se prevé una reducción de dos horas en el
trayecto–. Además, facilitará el comercio exterior en esta zona del país si se
tiene en cuenta que en el Urabá antioqueño se construirá Puerto Antioquia, un
terminal que quedará a 250 kilómetros de Medellín.
El túnel del Toyo será el más largo del país, con 9,8
kilómetros, atravesará una montaña y conectará los municipios de Giraldo, Santa
Fe de Antioquia y Cañasgordas. Demandará inversiones estimadas hasta hoy en 1,8
billones de pesos, recursos que aportarán la Nación, la Gobernación de
Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Si no surgen nuevos obstáculos esta obra
solo se hará realidad en seis años.
Fuente: Semana
Alistan más medidas de protección para
el consumidor financiero
Revisar
las cláusulas abusivas de seguros, fiduciarias y casas de bolsa, así como
replantear la figura del defensor del consumidor, son algunos temas.
Las medidas de protección al consumidor financiero se extenderán
no solo a los usuarios de la banca, sino a los compradores de seguros y a
quienes invierten por medio de productos administrados por fiduciarias y casas
de bolsa.
Así lo señaló el superintendente Financiero, Gerardo Hernández
Correa, quien manifestó que otras prioridades son la gestión de los riesgos en
el sector y la integración con los países de la Alianza del Pacífico.
Sobre este y otros temas, el funcionario habló con Portafolio.
¿Cómo el sector financiero está sintiendo el enfriamiento de la
economía?
Los analistas han reconocido la resiliencia, es decir, la
capacidad del sistema financiero para acomodarse a las nuevas coyunturas
económicas locales e internacionales. Desde hace años se ha logrado una buena
base de capital, coberturas, provisiones y análisis de riesgos que han
permitido que, a pesar del cambio en el ciclo económico, el sector se mantenga
dinámico y sólido. No obstante, sí estamos viendo un efecto directo de la
política monetaria en el crecimiento de la cartera, que a lo largo del año ha
sido menor que en el pasado, porque esto tiene una relación directa con el
nivel de tasa de interés.
Aunque los datos que hemos sacado están con corte a mayo, cifras
preliminares muestran que la dinámica de la cartera se ha reducido mucho más
fuerte en los últimos dos meses (junio y julio). Algunas proyecciones de
Asobancaria hablan de que la cartera crecería 4 por ciento real, nosotros no
hacemos proyecciones, pero vemos un rango entre 2 y 4 por ciento real.
La cartera hipotecaria crece a buen ritmo, la de consumo se
afecta fuertemente por el cambio del ciclo económico, y la comercial depende de
temas muy coyunturales, por ejemplo de deudores que en un momento dado puedan
tener dificultades, y si son grandes pueden afectar a muchas entidades. Pero el
mensaje es que vemos una dinámica que va de la mano del crecimiento de la
economía y de la política monetaria que ya se está transmitiendo, y en la
medida en que las tasas suben el crecimiento del crédito puede afectarse.
¿Y la morosidad?
Los indicadores se han deteriorado pero siguen en niveles
sostenibles (la calidad de cartera a mayo estaba en 3,2%), mejores que en otras
coyunturas, y eso muestra que el sistema se ha venido preparando.
¿Cómo percibe a las entidades distintas a los bancos?
En el caso de los seguros, han tenido buena dinámica, con
aumento en ventas de primas y nuevos competidores, de hecho, apostamos a que
esa competencia permita ampliar la penetración. Las fiduciarias tienen también
buen desempeño, asociado con las vías 4G y los fondos de inversión colectiva.
En cuanto a las comisionistas de bolsa, están en un proceso de transición,
trabajando en las nuevas realidades de un mercado menos activo, pero
seguramente en el segundo semestre habrá emisiones que les darán una mejor dinámica.
Hemos trabajado por seis años y logrado medidas reales, como la
aceptación de ofertas primarias, la ampliación de los instrumentos que se
pueden negociar en el Mila y estamos trabajando en los pasaportes de los fondos
y en que los países reconozcan como locales las inversiones de los
institucionales en cualquiera de los miembros de la Alianza, lo que ampliaría
-por ejemplo- el espectro de inversiones de los fondos de pensiones, por los
límites que hay de inversión extranjera. Estoy convencido de que una
integración financiera es la mejor opción que tenemos para el desarrollo del
sector. Hay que hacerlo rápidamente y este es el momento, porque las ventajas
ya están ahí: esto nos ayuda con más emisores, diversificación, nuevas fuentes
de recursos y, en general, dinámica para el mercado de valores.
¿Qué están haciendo frente a entidades no vigiladas que de
alguna manera ofrecen servicios financieros, para que no haya más casos como el
de Estraval?
Hemos coordinado con distintas entidades que de alguna forma
pudiéramos tener relación, en este caso quien los vigila es la Superintendencia
de Sociedades y hay casos en que las libranzas han sido emitidas por
cooperativas, y nosotros los hemos apoyado, en la medida en que las libranzas
son muy importantes. Hablamos de un mercado de alrededor de 34 billones de
pesos, y el crédito de consumo a través de libranza sigue siendo uno de los
mejores calificados y no queremos que se estigmatice este tipo de productos,
fundamentales para llegar con crédito a sectores más bajos de la población.
¿Cuáles son las prioridades para la Superfinanciera?
Estamos trabajando en temas de riesgo de liquidez, porque si
bien se ha mantenido estable, con la volatilidad de los mercados puede afectar
la liquidez del sistema.
También en riesgo de crédito, para hacer un análisis cuidadoso
con las entidades sobre la evolución de la cartera. No nos interesan los
movimientos abruptos de alza y caída, sino que el crecimiento sea estable y
sostenido en el largo plazo. Esa es una forma de lograr la inclusión financiera. Hemos trabajado en la doble asesoría en pensiones, revisión de
las cláusulas abusivas de los bancos, reglamentación sobre casos en los que hay
problemas con operaciones tecnológicas y sobre información acerca de fiducia
inmobiliaria y participaciones fiduciarias. Vamos hacia una reglamentación de
los corresponsales de seguros, para que puedan vender algunas pólizas que
faciliten la inclusión, diseñadas para el consumidor que no tiene por qué
entender todas las complejidades del contrato de seguro. Estamos tratando de
que sea lo más sencillo y simple posible, y que quien venda tenga parámetros de
riesgo adecuados, que el intermediario conozca el producto para dar la
información correcta, y que quien lo compra entienda sus derechos y
obligaciones.
¿Qué otras medidas vienen en el segundo semestre?
En los próximos meses se revisarán las cláusulas abusivas en
otras entidades financieras, entre ellas aseguradoras, negocios fiduciarios e
intermediarios del mercado de valores, para complementar lo que ya se hizo con
los bancos. También está previsto revisar la figura del defensor del
consumidor, para imprimirle una nueva dinámica.
Fuente: Portafolio
Los estragos de Estraval
Más de 4.000 inversionistas se lamentan hoy de haber llevado su
dinero a Estraval, una firma que les ofreció jugosos intereses y mínimo riesgo,
pero que al final no les cumplió ni lo uno, ni lo otro. Quienes confiaron en
esta empresa especializada en la compra y venta de libranzas viven ahora el
mismo drama que han sufrido las víctimas de InterBolsa, el Fondo Premium o
Factor Group –solo para citar las caídas más recientes-.
Esta semana vence el plazo para que los afectados presenten sus
reclamaciones, y las proyecciones indican que superarán los 500.000 millones de
pesos. Visto así, la debacle de Estraval, una compañía de 16 años en el
mercado, podría tener mayor dimensión que el propio InterBolsa o Fondo Premium,
el descalabro financiero que más impacto mediático ha tenido en los últimos
años.
Han pasado dos meses desde que la Superintendencia de Sociedades
ordenó la liquidación de Estraval, y el caso está dejando una estela de
víctimas que hoy se sienten estafadas y no saben si recuperarán el capital
invertido y mucho menos la rentabilidad prometida (ver recuadro). Además está develando
serias fallas en el negocio de las libranzas que manejan las entidades no
financieras.
Cabe aclarar que los créditos de libranza en manos de los bancos
suman unos 35 billones de pesos y sobre ellos no hay problemas, pues funcionan
sin dificultades. La complicación se presenta en el segmento del mercado en el
que participan otros jugadores como las cooperativas multiactivas y sociedades
comerciales. Se estima que en manos de estos intermediarios no financieros hay
libranzas por 7 billones de pesos, aunque la verdad es que la falta de
información en este sector es enorme.
Algunos temen que la caída de Estraval cause un efecto sistémico
sobre el resto del sector de libranzas. La dificultad que están mostrando otros
operadores para cumplirles a los clientes ha encendido las alarmas. En los
últimos días, inversionistas que compraron pagarés-libranzas a varias firmas se
vienen quejado de retrasos en los giros. Elite, uno de los operadores más
conocidos en este mercado, tuvo que reprogramar los pagos a los inversionistas,
lo que les causó un traumatismo pues cuentan con esa plata. Vesting Group, otra
compañía del sector, ha tenido que aplazar pagos y anunció ajustes, aduciendo
problemas operativos entre las pagadurías, las cooperativas (originadores de crédito)
y las comercializadoras. Hace diez días, la Superintendencia de Sociedades
ordenó liquidar a Suma Activos, otra empresa dedicada a negociar pagarés
derivados de las libranzas.
Expertos en el sector afirman que ahora es fundamental que todos
los intermediarios de libranzas (Elite, Vesting, entre otros) contraten una
auditoría externa seria que pueda realmente determinar cuál es la verdadera
tasa de vigencia de las libranzas que le tienen vendidas a sus clientes. “Este
ejercicio no se ha hecho y por lo tanto no se sabe realmente cuántas de esas
libranzas asignadas a clientes tienen en realidad un activo detrás”, afirmó el
especialista.
A ciencia cierta, no se sabe tampoco cuántos operadores de
libranzas puedan estar en dificultades. El superintendente de Sociedades,
Francisco Reyes, creó un cuerpo especializado para monitorear las compañías
bajo su órbita de vigilancia y detectar en qué situación se encuentran.
Pero el asunto no solo le compete a esta superintendencia. Un
eje clave en este negocio de los pagarés-libranzas son las cooperativas. De
hecho, estas son las originadoras de los créditos, es decir, las que van a las
entidades públicas a ofrecer préstamos contra el salario de los empleados o
pensionados. En la mayoría de los casos, estas cooperativas luego venden la
cartera a las empresas intermediarias, que ofrecen los pagarés a sus clientes
como instrumento de inversión.
Pues bien, tras lo sucedido con Estraval quedaron al descubierto
serias irregularidades en el sector de las cooperativas. La superintendente de
Economía Solidaria, Mariana Gutiérrez, acaba de intervenir para administrar a
seis de estas entidades que trabajaban con la operadora de libranzas.
Las fallas detectadas tienen que ver con un gran desorden
contable -en algunos casos no hay ni siquiera libros-, además se han negado a
suministrar la información requerida por la superintendencia. Entre los hechos
que más han llamado la atención de las autoridades es que algunas habían
entregado a terceros la tarea de evaluar y estudiar los créditos que otorgaban,
lo que mostraría que son prácticamente cooperativas de fachada, en este caso de
Estraval. “Han desnaturalizado la razón de ser de las cooperativas”, dice
Gutiérrez, quien recalca que hay más entidades del sector solidario que
trabajan bien y cumplen las normas que las que se han desviado.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo en Caracol
Radio que estas cooperativas de fachada “se dedican a dar créditos que se
exceden en los montos que una persona puede pagar y cobran unas tarifas
adicionales a los intereses que hacen impagables los créditos”.
En el fondo, los jugosos intereses que reciben los
inversionistas que adquieren los pagarés-libranzas se originan en las elevadas
tasas que pagan los trabajadores por los créditos. No es un secreto que los
préstamos de libranza de las cooperativas tienen las más altas tasas del
mercado (la mayoría se pega al límite de usura), lo que significa que trabajan
con un gran margen, aunque sus costos también son muy elevados.
La rueda suelta
Esta no es la primera vez que se presenta un problema con la
actividad de las libranzas. Hace dos años, la Superintendencia de Sociedades
también tuvo que intervenir a varias firmas que dejaron a muchos inversionistas
con los bolsillos vacíos.
Para poner a este negocio en cintura, el gobierno preparó un
decreto en el que se ajustan controles sobre todo los que intervienen en esta
cadena. Entre las nuevas disposiciones están obligados a informar al comprador
de la libranza sobre el riesgo de la operación, lo cual deberá quedar por
escrito.
El decreto corrige algunos de los problemas detectados hasta el
momento relacionados con el pago total o parcial anticipado de la libranza; con
la sustitución de los créditos que entren en mora; con la custodia de los
títulos; con la revelación de los estados financieros y los indicadores de
calidad de cartera y solvencia del vendedor.
Aunque estas medidas son importantes, pueden resultar
insuficientes. Hay quienes consideran que se requeriría una ley que regule esta
actividad. Por ejemplo, algunos especialistas dicen que el gobierno debería
prohibir vender pagarés-libranzas a personas naturales y reservar esa actividad
a los inversionistas institucionales. Además, creen que así como a un banco se
le exige niveles de capital y patrimonio, igual debería ser, proporcionalmente,
con estas empresas que manejan libranzas. Asimismo, señalan que hay que revisar
cuál será el futuro de estas firmas intermediarias, pues claramente la
actividad de estas compañías va a estar muy limitada y los retornos ofrecidos
van a estar muy por debajo de los actuales. Y muchos insisten en que al manejar
instrumentos masivos de inversión, como se hace con los pagarés-libranzas, esta
actividad debería considerarse como un negocio financiero y estar en la órbita
de la Superfinanciera.
Finalmente, lo más importante, dada la variedad de agentes que
participan en este negocio, es que haya mayor coordinación entre las entidades
del Estado que tienen que ver con las libranzas, es decir, las
superintendencias de Sociedades, de Economía Solidaria y Financiera. Esto
ayudaría a que este sector deje de ser la rueda suelta que viene siendo.
Fuente: Semana
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