CIERRE MERCADO
ACCIONARIO LOCAL
Índice COLCAP cierra con
apreciación del 1,55%
El
Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP) cerró el miércoles en
1.319,77 unidades, con un aumento del 1,55% frente a la jornada anterior. En lo
corrido del año el indicador bursátil registra una variación positiva del
14,39%.
En
cuanto al índice de liquidez COLSC, éste bajó 0,21% a 958,18 unidades, y el
COLIR subió 1,52% a 836,60 unidades.
Ayer se negociaron $148.566,03 millones en 3.058 operaciones.
La
especie con el volumen más alto de negociación fue ECOPETROL, con $25.270,29
millones (variación positiva en su precio del 2,34% a $1.310,00). También se
destacaron en este aspecto, PFBCOLOM ($23.087,22 millones, con cambio positivo
en su precio del 1,83% a $25.540,00) junto con CEMARGOS ($10.599,07 millones,
con cambio positivo en su precio del 6,77% a $11.980,00).
Por
su parte, CEMARGOS logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio
de este título creció un 6,77%, con cierre de $11.980,00. También se destacó
por su apreciación; CELSIA, cuyo precio creció un 6,39% a $3.830,00; y PREC,
que ascendió un 4,76% a $1.650,00.
Entre
los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue TABLEMAC,
con una variación negativa del 54,17% a $5,50. También se presentó depreciación
en: TGLSC (con una variación negativa de 9,86% a $37.480,00) y CNEC (con una
variación negativa de 0,90% a $7.730,00).
Fuente:
BVC
Los ‘miles’ serían la transición para quitarle los tres ceros al
peso
La entrada formal y oficial hoy del billete de
$100.000 que tendrán los “ceros invisibles” inicia el cambio de la familia de
billetes anunciada por el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe,
en septiembre de 2015, pero además revive el debate sobre la eliminación de los
tres ceros del peso.
El
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha defendido la posibilidad de
desaparecer los tres ceros y ya planteó una de las opciones para hacerlo. “Los
nuevos billetes están hechos para que les pueda quitar los tres ceros sin
costos adicionales. Se reemplazaría la palabra ‘mil’ por ‘nuevos’”, dijo a LR.
La
pieza de $100.000 tendrá al expresidente Carlos Lleras Restrepo será la de
mayor denominación y le quita, tras 16 años de reinado, el primer lugar en ese
escalafón a Jorge Isaacs (escritor representativo de la literatura colombiana
que está en el billete de $50.000).
La
idea de eliminar los ceros no es nueva, ha estado sobre la agenda de las
autoridades económicas desde el principio de siglo pero siempre ha sido opacada
por otras leyes y no ha podido llegar ni a primer debate.
Eliminar
los ceros tiene acogida tanto en el Banco de la República como en el Ministerio
de Hacienda. Esta última entidad ha puesto sobre la mesa este planteamiento en
el Congreso de la República, por lo menos, dos veces desde 2010, cuando Juan
Manuel Santos asumió la Presidencia de Colombia.
Al
poner el espejo retrovisor, el debate de quitar los tres ceros, se remonta
desde el 2000, año en el que el Banco Central puso en circulación el
actual billete de $50.000, los tres ceros fueron reemplazados por la palabra
‘mil’ característica que tendrá la nueva familia de billetes.
LR
le preguntó a representantes de varios sectores económicos y políticos la
conveniencia o no de realizar ese cambio y, que con la entrada de este billete
con la palabra ‘mil’, también ha sido visto como un período de transición, al
menos educativa, para cuando se tome la decisión.
Para
Adolfo Meisel, codirector del Banco de la República y quien se encuentra a
favor de quitar los tres ceros al peso aseguró que “si bien la emisión del
billete de $100.000 no tiene nada que ver con el proyecto de eliminar los tres
ceros, yo creo y estoy de acuerdo con la eliminación de estos. Es algo que
sería muy positivo para el país porque representa una ventaja en facilidad y
procesamiento de la información financiera y contable”.
Otra
visión se tiene desde el sector privado y, en especial, la banca, que le
apuesta a la reducción del efectivo. Santiago Castro, presidente de Asobancaria
señaló que “la eliminación de tres ceros no se necesita y está
clausurada. Al final, la moneda es fuerte o débil según la fortaleza y
credibilidad de la economía y sus autoridades, bien sea Gobierno o Banco
Central. Ahora, el gran reto está por otro lado y es la reducción del uso del
efectivo”.
Por
su parte, Carlos Raúl Yepes, presidente saliente de Bancolombia indicó que
“cuando anunciaron que iba a salir en circulación el billete de $100.000 yo
personalmente nunca estuve de acuerdo con que eso sucediera porque uno no puede
ir estimulando a que los medios de pago sean virtuales y por otro lado seguir
incentivando y gastando tanto dinero en medio de pagos físico”.
Pero
el que tiene la última palabra en este tema, como hemos dicho, es el Congreso
de la República para que a través de una ley, ordene al Emisor el cambio del
papel moneda.
Angel
Custodio Cabrera, senador del Partido de la U, manifestó que “quitar los tres
ceros es un problema porque tiene un costo terrible para la emisión de los
billetes. Ahora, yo creo que las comisiones económicas estarán más concentradas
en la reforma tributaria que en el proyecto de eliminación de tres ceros. Pero
bienvenido el debate”.
Sobre
este punto, según cifras del mismo Banco de la República, en la actualidad
circulan en la economía $49,4 billones en efectivo. Al desglosar por número de
piezas, hoy en día, en todas las denominaciones, el Emisor ha puesto a circular
2.437 millones de billetes.
Por
su parte, Alfredo Ramos, senador del Centro Democrático, afirmó que “esa
decisión de quitar los tres ceros es más de forma que de fondo y aunque existen
ideas en cuanto a la facilidad y enviar ese mensaje a los ciudadanos, yo veo
esa decisión más en una forma de maquillar la pérdida de valor del
dinero”.
Con
la entrada del billete del abuelo del vicepresidente Germán Vargas Lleras
comienza el reemplazo de toda la familia y en donde desaparecerá el billete de
$1.000 que hoy en día tiene el rostro del político liberal Jorge Eliécer
Gaitán. Este billete será reemplazará por la moneda que ya circula.
De
acuerdo con el cronograma para la entrada en circulación de cada nominación,
para el segundo trimestre entra el billete de $20.000 que tiene la cara del
expresidente Alfonso López Michelsen mientras que en el tercer trimestre el
turno será para el de $50.000 con el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez
a la cabeza. Por último, en el cuarto trimestre le corresponde a los de
$10.000, $5.000 y $2.000.
Reaparece el vicepresidente Vargas Lleras
Después
de su intervención quirúrgica y el tiempo de reposo que los médicos le
ordenaron, Germán Vargas Lleras regresará a la vida pública y a su agenda en la
Vicepresidencia de la República con la ceremonia de lanzamiento del billete de
$100.000. El lugar para reaparecer será la casa museo que también lleva el
nombre de su abuelo (Carlos Lleras Restrepo). Posteriormente su tema de
responsabilidad, la infraestructura, volverá a escena con entrega de obras en
Antioquia.
Fuente:
La República.
El club de la pelea: Ola de demandas contra Colombia
El
lío fronterizo con Nicaragua no es el único pleito internacional de Colombia.
Una ola de demandas billonarias contra el país por incumplir los TLC y los
acuerdos de protección a la inversión amenaza con poner al Estado contra las
cuerdas. Glencore, Eco Oro, Cosigo y Claro ya iniciaron los procesos. ¿Qué tan
grave es el problema? ¿Estamos preparados para enfrentarlo?
Colombia
enfrenta una compleja coyuntura en materia internacional. A mediados de marzo,
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para analizar
dos nuevas demandas de Nicaragua contra nuestro país: que se le reconozca al
país centroamericano una plataforma continental extendida más allá de las 200
millas náuticas de sus costas y que se obligue a Colombia a cumplir la
determinación de 2012 en la que se le reconocen a los nicaragüenses derechos en
aguas cercanas a San Andrés.
Ante
este hecho, el Gobierno respondió con el anuncio de no comparecer más ante La
Haya –decisión que fue respaldada por los distintos partidos políticos, la rama
judicial, el Congreso y los gremios–. Sin embargo, esta no va a ser la única
crisis más allá de sus fronteras que en materia de pleitos y litigios tendrá el
país en los próximos meses y el retiro tampoco será la salida. Ahora las controversias vendrán de la mano de
multinacionales y empresas internacionales privadas, al amparo de los tratados
de libre comercio (TLC) que tiene el país y los acuerdos de protección a la
inversión.
Casi
en forma simultánea al fallo de la CIJ en el tema de Nicaragua, se empezaron a
develar –como cascada– notificaciones de pleitos internacionales que el Estado
colombiano tendrá que enfrentar, si avanzan en sus procesos, ante tribunales de
arbitramento internacionales y donde están en juego billonarios recursos.
Las
mineras Glencore, Eco Oro y Cosigo –esta última con una polémica pretensión que
supera los US$16.500 millones– y la multinacional de telecomunicaciones América
Móvil –matriz de Claro– ya han notificado al gobierno nacional sus intenciones
de llevar las controversias a instancias internacionales, por lo que a su
juicio consideran cambios en las reglas del juego e inseguridad jurídica que
pueden derivar en tesis como expropiación o la violación del “trato justo y
equitativo”, un estándar internacional definido en los acuerdos de protección a
la inversión. Los pleitos se ventilan ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el foro de arbitraje y
conciliación del Banco Mundial, en el contexto de las reglas de arbitraje de la
Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional).
Si bien Colombia decidió hacer parte de la economía
global, esta estrategia no solo trae la apertura de mercados sino también
desafíos en materia jurídica que hoy se están viendo reflejados en estos
litigios. Por
ejemplo, que el Estado entregue unos títulos mineros para la explotación y que,
un tiempo después, el mismo Estado sea el que se encargue de negar la operación
donde antes ya la había dado.
El
hermetismo del Gobierno ha sido total frente a estos casos. Dinero intentó
desde hace varias semanas conocer la opinión del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MinCit) –por cuanto lidera los TLC y los acuerdos de
protección a la inversión– y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
(Adje), pero hasta el cierre de esta edición no se habían pronunciado; al
parecer, el Gobierno colombiano ha decidido guardar silencio sobre los alcances
de estos conflictos jurídicos.
La duda recae en la estrategia de defensa del país,
pues varias de las decisiones que son objeto de controversia han sido tomadas
por entidades que no son subordinadas del Gobierno, como la Contraloría General de la
República o la Corte Constitucional; y en instancias como las de arreglo
directo –durante los primeros 6 meses de los procesos, antes de ir al tribunal
de arbitramento–, la coordinación entre el MinCit y la Adje y las otras
entidades es clave.
Por
ejemplo, sorprendió que en el caso de Glencore y su filial en Colombia,
Prodeco, el contralor general de la República, Edgardo Maya, advirtiera que esa
multinacional quería “poner de rodillas al Estado”; ese pronunciamiento ocurrió
mientras se estaba en etapa de arreglo directo. La pregunta de los expertos es
si esa movida formaba parte de la estrategia del Gobierno para buscar un
acuerdo o iniciar el tribunal, más aún cuando la directora de la Adje y el
contralor Maya están casados.
Según
diferentes fuentes consultadas por Dinero, esto que se está registrando es
apenas la cuota inicial de muchos procesos que se vienen. Se espera que otras
mineras, empresas de telecomunicaciones, petroleras y compañías de servicios e
industria empiecen a mirar el escenario internacional para dirimir las
diferencias. ¿Qué impacto tendrán estas decisiones?
Los casos
Si
bien este primer trimestre ha sido ‘prolífico’ en materia de casos de
controversias con firmas internacionales, no fueron los primeros. En 2010,
Sanitas –a la luz del acuerdo de protección a la inversión entre Colombia y
España– inició una reclamación por la demora en el reintegro de recursos que
debería hacer el Fosyga a los tratamientos y medicamentos que no estaban incluidos
en el Plan Obligatorio de Salud. La empresa argumentó, en su momento, trato
justo y equitativo, y notificó al Gobierno su interés de ir a un tribunal
arbitral en el exterior.
“Estuvimos
negociando cerca de un año y finalmente la partes entraron en una etapa de
conversación directa y lograron un arreglo. No se inició arbitraje”, recuerda
una de las personas vinculadas al proceso. Otras fuentes aseguran que en 2012
hubo una amenaza de una compañía petrolera canadiense bajo este mismo esquema
que no prosperó.
De
ahí la importancia de lo que está pasando: sería la primera vez que Colombia se
enfrente a un escenario de tribunales de arbitramento internacionales, bajo la
normativa de los tratados de protección a la inversión y también al amparo de
los TLC.
A principios de marzo se conoció el proceso que la
minera Glencore –con la operación de su filial en Colombia, Prodeco– adelanta
contra el Estado por una sanción de la Contraloría sobre un ajuste en el valor
de las regalías (ver edición 488).
Según un artículo de Latin Lawyer, Glencore
completó el reclamo contra el Estado el 4 de marzo pasado. De acuerdo con
fuentes cercanas al proceso, el 29 de febrero se terminó la etapa de arreglo
directo. Agrega la
publicación que la firma Freshfields Bruckhaus Deringer representa a Glencore
en su demanda, que se dio bajo el tratado bilateral de inversión entre Suiza y
Colombia.
El
litigio con Glencore surgió por una condena que puso la Contraloría General de
la República por un otrosí que firmó Prodeco con Ingeominas para ajustar el
valor de las regalías y facilitar el aumento en las inversiones, que superarían
los US$1.000 millones y se reflejarían en el puerto y en el incremento de la
producción de carbón en el Cesar. El ente de control no avaló el proceso,
sancionó a la minera y a Hernán Martínez, entonces ministro de Minas, y obligó
a la renegociación del contrato (ver recuadro El caso Glencore).
Días
después el turno fue para la multinacional de telecomunicaciones América Móvil
–matriz de la firma Claro en Colombia– que notificó el 11 de marzo al MinCit la
intención de someter a una reclamación a arbitraje la decisión de la Corte
Constitucional de revertir los activos de la prestación del servicio de
telefonía móvil en el país (ver edición 487).
Este
caso tiene dos ingredientes adicionales: el primero, que en la decisión de la
Corte además está incluida Telefónica. Esta empresa, cuya casa matriz es
española, también tendría la posibilidad de acudir a un tribunal internacional.
Y el segundo, que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTic) ya convocó a las dos empresas a un tribunal de
arbitramento en Colombia para dirimir el conflicto. Por ahora, si se inicia el
proceso internacional, los reclamos podrían ir en paralelo (ver recuadro La
reversión).
Luego, el turno fue para Eco Oro Minerals, que
sustenta su pleito en la demora del Gobierno para definir los límites del
Páramo de Santurbán y en qué zonas se afectaba el proyecto de minería
Angostura, de su propiedad, al igual que la falta de claridad sobre su derecho
a continuar explorando. La
minera fundamenta su demanda en el incumplimiento de los compromisos pactados
en el TLC entre Canadá y Colombia, que incluyen un capítulo de protección a la
inversión. Si en 6 meses no hay acuerdo con el Gobierno, Eco Oro iría a un
arbitraje internacional buscando una compensación monetaria (ver recuadro El
pleito de los páramos).
Y,
finalmente, antes de Semana Santa, se conoció una de las más polémicas y
controvertidas demandas: Cosigo Resources (Canadá), Cosigo Resources (Colombia)
y Tobie Mining and Energy Inc. (Estados Unidos) demandaron al Estado colombiano
por más de US$16.500 millones –cuatro veces el valor de los sobrecostos de
Reficar– porque, según ellos, no pudieron explotar la concesión de minería de
oro en el Vaupés, en frontera con Brasil, pues la zona se convirtió en parque
natural. Sin embargo, hay denuncias sobre los tiempos de la entrega de la
concesión que se habrían dado posteriormente a la declaratoria de parque, tal
como lo advirtió el portal Primera Página. Para Jorge Robledo, senador del Polo
Democrático, “la suma es astronómica” y corresponde a 12% del PIB del país,
dijo en una entrevista en La FM. ¿Cómo entender que una entidad entregue los
derechos cuando dos días antes se ha declarado parque?, se pregunta el
congresista, al tiempo que pidió una investigación de la Fiscalía.
De
acuerdo con Latin Lawyer, los demandantes de Cosigo han invocado los TLC que ha
firmado Colombia con Estados Unidos y Canadá, solicitaron que el arbitraje se
sitúe en Houston y designaron a Brian Coleman, socio de Drinker Biddle y Reath,
como su árbitro oficial. También pidieron que la Asociación Americana de
Arbitraje sea la “autoridad arbitral” en el caso (ver recuadro Demanda
billonaria).
Sin
embargo, estos no serán los únicos casos. “Hay al menos tres o cuatro procesos
en camino y otros en ciernes. Básicamente en sectores de hidrocarburos, minería
y otros en servicios en general”, señala un especialista en el sector.
De hecho, por ejemplo, en el sector minero las
empresas están a la espera de las definiciones en cuanto a las delimitaciones
de los páramos, anunciadas en Semana Santa por el Gobierno, para determinar si
muchas de sus operaciones estarían en entredicho.
También
podría darse en materia de protección a la propiedad intelectual. En una columna
publicada en El Espectador, Marco Velásquez, candidato a PhD en Derecho de York
University, advierte sobre la recomendación emitida el pasado 17 de febrero por
el Comité Técnico del Minsalud respecto del medicamento Imatinib, –cuya patente
y comercialización exclusiva es de la firma suiza Novartis con el nombre
Glivec– en cuanto a declararlo como de interés público.
“En
términos concretos, esto quiere decir que dicha droga podría ser producida por
otros laboratorios. Por ende, al haber competencia en el mercado, su precio
bajaría hasta en 70%. Claramente, Novartis no se encuentra satisfecho con la
decisión. Si bien el laboratorio tiene la patente de Glivec hasta el año 2018,
la declaratoria de interés público tendrá un fuerte impacto en los cuantiosos
ingresos que ha recibido del bolsillo de los colombianos desde febrero de 2012,
cuando en una discutida decisión el Consejo de Estado le entregó la
exclusividad de su producción. De ahora en adelante, el laboratorio suizo
tendrá que actuar como un competidor más, según las reglas del mercado, en vez
de tener un monopolio respecto de la producción del medicamento”, dice en su
columna.
En
ese sentido, Novartis podría acogerse al tratado bilateral de inversión firmado
entre Suiza y Colombia para demandar esta eventual decisión, “y así restringir
las decisiones soberanas de nuestro país en materia de salud pública. Y no lo
haría ante un tribunal interno, sino ante un tribunal de arbitraje privado,
bajo el cual Colombia podría afrontar no sólo el cuestionamiento de su
responsabilidad internacional sino el pago de millonarias indemnizaciones”,
advierte Velásquez.
¿Por qué se dan estos procesos?
Estas controversias se han conocido a la luz de los
tratados de libre comercio que tiene Colombia con los países donde están las
casas matrices de estas firmas y en los que se contemplan acuerdos de
protección a la inversión, o por otros que tienen directamente acuerdos de
inversión.
La
inserción de la economía colombiana en el mercado globalizado la ha llevado a
firmar diferentes tratados de libre comercio con países y regiones emergentes y
también con países desarrollados que le permitieron diversificar mercados.
Colombia, según la página del MinCit, tiene 13 TLC firmados con México, el
Triángulo Norte en Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), CAN,
Caricom, Mercosur, Chile, Efta (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia),
Canadá, Estados Unidos, uno de alcance parcial con Venezuela, Cuba, Nicaragua y
la Unión Europea. Suscritos están los de la Alianza del Pacífico, Corea, Costa
Rica, Israel y Panamá. En muchos de ellos –como México, Chile, Triángulo Norte,
Efta, Canadá y Estados Unidos- hay capítulos de protección a la inversión.
Pero,
además, Colombia cuenta con acuerdos de inversión vigentes con España, Japón, Suiza,
Perú, China, India y Reino Unido, entre otros, y suscritos con Corea, Singapur,
Francia y Turquía.
Sin
embargo, la cuenta de cobro puede ser muy alta. “Puede venir un tsunami de
casos porque nos pusimos a firmar tratados de libre comercio y de inversión y
pensamos que nunca nos iban a demandar y que no había que hacer la tarea por
dentro para corregir las cosas”, dice un abogado experto en litigios
comerciales.
Se refiere a que la estructura del Estado no es la
adecuada para responder. “El país ya no sólo tiene que mirar si la medida que
se está tomando es legal desde lo interno, también hay que mirar si es legal a
la luz del derecho internacional”, agrega el abogado.
En
materia de competitividad, el tema de justicia y solución de conflictos
contractuales, el país registra unos resultados poco halagadores. Según el
Informe Nacional de Competitividad 2015, del Consejo Privado de Competitividad,
en el número de días para hacer cumplir un contrato, Colombia se ubica –de
acuerdo con el Doing Business– en el puesto 178 (entre 189 países); y en la
eficiencia del marco legal para resolver disputas está en el lugar 106 (entre
140 países) con una calificación de 3,1 (de 1 a 7), con datos del Foro
Económico Mundial.
“El bajo cumplimiento de contratos y la incertidumbre
sobre derechos de propiedad –síntomas de un pobre desempeño de la justicia de
un país– desincentivan la inversión y explican en cierta medida los rezagos en
desarrollo económico de los países”, dice el Informe Nacional de Competitividad
de 2015, citando el documento Institutional Change, and Economic Performance.
Dos
ejemplos muestran la vulnerabilidad en el sistema: el Código Minero no se ha
renovado y las decisiones, como por ejemplo el tema de delimitación de páramos,
han tenido retrasos de más de un año. Por otro lado, sigue sin presentarse ante
el Congreso la ley que ajuste los procedimientos de consultas previas.
“El
tema tiene que ver con los indicadores de competitividad. Es falta de
certidumbre jurídica. Hoy usted firma algo y no sabe con qué le sale la Corte o
la Contraloría. Ahora con discursos antiimperialistas y populistas, y con una
cacería de brujas que se abre en Colombia, son muy pocos los espacios para un
diálogo razonable”, dice el presidente de una multinacional en el país.
Según
él, el costo de transacción asociado a la incertidumbre jurídica “es enorme” y
eso es válido para firmas nacionales o extranjeras. “Cuando aumenta el número
de inversiones, también lo hace la probabilidad del número de litigios. Hemos
crecido y eso viene con cosas buenas y malas. Pero para eso están los
tratados”, dice.
Una
de las preguntas es qué tanta responsabilidad tiene el momento internacional de
precios de sectores específicos, como el de commodities, a la hora de tomar las
decisiones.El precio del barril del
petróleo ha caído en más de 60% en poco más de un año y no da señales de
recuperación. Por el lado minero, la historia es parecida: entre los primeros
días de 2013 y el final del año pasado, el precio del carbón cayó casi 50%, al
igual que el del níquel, y el de oro ha caído 36%.
“Cuando
las cosas van bien y los números dan, la capacidad de soportar esa
incertidumbre jurídica es mayor que cuando van mal. ¿Estarán más proclives a
demandar? Sí, porque su intolerancia a la incertidumbre jurídica aumentará.
Habrá quien pretenda hacer en una demanda lo que no logra hacer en el mercado,
pero también es cierto que la intolerancia al cambio de reglas va a ser mayor”,
agrega el empresario.
Además,
otros están a la expectativa que en materia tributaria adelante el Gobierno, en
especial para las empresas que tienen contratos de estabilidad jurídica que
creen haberse visto afectados en el pasado.
Pero
también hay otra mirada. Velásquez, en su columna, señala que “Colombia debería
revisar su política de firma de tratados de comercio e inversión, ya que las
consecuencias negativas pueden terminar siendo mucho mayores que los beneficios
que traen estos acuerdos, que representan el esnobismo de quienes creen que la
globalización económica solo trae beneficios. Esta es solo la punta del
iceberg”.
Por
su parte, para el senador Robledo el problema es que los TLC y los tratados de
inversión sustraen de la justicia nacional los pleitos entre Colombia y las
transnacionales. “Ya no es la justicia local o un tribunal colombiano sino que
nos ponen en el extranjero unos tribunales de arbitramento. Nos los quieren
presentar como si fueran iguales a la justicia y eso no es verdad. Son
tribunales constituidos no por jueces sino por negociantes del derecho, que son
dos cosas distintas. Un árbitro lo pone el demandante y un juez el Estado y
entre ellos el otro. Esto es de las peores cosas que tienen los TLC. Lo que se
va a venir es una seguidilla de pleitos”, advierte.
Las implicaciones
El
impacto de estas disputas jurídicas puede verse en tres escenarios. El primero,
el costo fiscal. Para todas las fuentes consultadas por Dinero, la pretensión
de Cosigo de US$16.500 millones parece desproporcionada y lo que buscaría es un
acuerdo. “Quítele un cero y sigue siendo una cifra gigantesca”, le dijo un
abogado a la Revista.
Sin
embargo, la defensa debe estar muy alineada porque, en momentos de estrés
fiscal, el margen de maniobra para responder ante demandas de miles de millones
de dólares sería muy limitado.
El
segundo escenario es en sí la controversia jurídica. Por ejemplo, en el caso
minero, ¿cómo se va a definir el potencial minero de un título que en principio
el Estado entregó para explotar y que luego el mismo Estado decide quitárselo?
¿Cómo determinar y estimar esas reservas y las indemnizaciones?
Y el
tercero es un eventual galimatías. Uno de los casos que puede ejemplificar esta
situación es el de Claro y Telefónica frente a la reversión de activos de
telecomunicaciones. El MinTIC ya convocó un tribunal de arbitramento local para
definir el procedimiento. Claro ya anunció su intención de acudir a los
tribunales internacionales, pero los dos procesos siguen su curso en paralelo.
¿Qué pasa si avanzan y fallan en sentidos contrarios? ¿Hay alguna prevalencia?
Pero
también es curioso el papel del Gobierno en este caso. Por un lado, convoca a
tribunal de arbitramento, cuando la Nación tiene 30% de Movistar –marca de
Telefónica–. ¿Qué pasa si Telefónica en el futuro decide acudir a las
instancias internacionales? ¿Cómo va a ser la posición del Gobierno en la
defensa de sus intereses?
El
caso de Novartis también refleja un interesante conflicto: “La patente otorgada
a Novartis en 2012 no puede desconocerse, y en esa medida la compañía suiza
tiene intereses legítimos. Sin embargo, también es cierto que, en pos de
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud y los derechos de
los colombianos, la decisión del Comité Técnico debía ser tomada, y desde un
punto de vista constitucional es totalmente válida. Si Novartis decide hacer
uso del tratado de inversión, nuestro país –y en especial el Ministerio de
Comercio– debe estar preparado para ejercer una defensa sólida y coherente con
el respeto a los derechos humanos por encima de los intereses privados y la
eficiencia económica”, dice Velásquez en su columna.
A
diferencia del caso de La Haya, donde el Gobierno cambió una tradición de
respeto al derecho internacional y a los mecanismos multilaterales de solución
pacífica de conflictos y decidió no comparecer más ante la CIJ, ahora tendrá
que jugar en un escenario más complejo contra pesos pesados y donde esta
estrategia parecería no tener cabida. ¿Estamos preparados para los rounds que
vienen?
El caso Glencore
En
2015 la Contraloría sancionó a la minera de carbón C.I. Prodeco (filial de
Glencore en Colombia) y al exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez
Torres, por una cifra superior a los $60.000 millones por el ajuste en el
contrato de concesión –un otrosí firmado en 2010– que disminuyó los ingresos
del Estado por concepto de regalías. Prodeco buscaba un escenario más favorable
para desarrollar sus inversiones –estimadas en unos US$1.000 millones– y planes
de expansión que la llevarían a aumentar su producción y a construir el puerto.
Si bien el valor de las regalías se reducía en los primeros años, luego se
compensaba por el incremento en la producción.
Para
expertos, la decisión de la multa fue sobre un año específico y es posible que
la Contraloría por el mismo camino se pronuncie por otros años y termine siendo
mayor. Pero además, por cuenta del fallo las autoridades tienen que renegociar
el contrato. En ese contexto, Glencore decidió acudir a las instancias
internacionales.
El proceso arbitral
La
etapa de arreglo directo dura 6 meses, periodo que se puede prorrogar de común
acuerdo entre las partes.
El
inversionista presenta la demanda ante el Ciadi, queda registrada y designa su
árbitro. Allí se empieza a constituir el tribunal y el Ciadi le notifica la
demanda al Estado, que designa su árbitro y contesta. Estos dos árbitros
designan el presidente del tribunal. Si una de las partes no designa, o si
ninguno quiere designar o no se ponen de acuerdo, el Ciadi determina quién es.
La
duración de esos procesos depende de la complejidad y del calendario procesal
que acuerden las partes. Los casos, en general, van desde 1,5 y 2 años hasta 7
años. Se esperaría que en dos años haya un laudo, ese es el periodo normal. Si
el proceso se da en el Ciadi, ese laudo no tiene control de ningún juez de
ninguna parte. Ninguna corte en Colombia tendría control sobre ese laudo. Se
puede presentar un recurso de reposición ante el mismo Ciadi.
El pleito de los páramos
La
minera canadiense Eco Oro Minerals Corp. anunció que había presentado un aviso
con la intención de arbitrar bajo el TLC de Colombia y Canadá. De acuerdo con
información de IAReporter, en un anuncio el 7 de marzo de 2016, la minera
canadiense junior Eco Oro dice que se ha visto obstaculizada al explorar y
explotar una empresa de extracción de oro de propiedad total –el proyecto
Angostura–, dada la “irrazonable tardanza del Gobierno en esclarecer los
límites del parque nacional y del Páramo de Santurbán al proyecto”.
La compañía también se queja del persistente fracaso
del Gobierno en proporcionar claridad en cuanto al derecho de Eco Oro para
continuar el desarrollo de su proyecto minero en vista de los nuevos requisitos
y las decisiones que adoptó la Corte Constitucional el pasado mes de febrero,
en las que amplió la prohibición de actividades mineras en las zonas de páramo.
Fuente:
Dinero.
El antioqueño Hernán
Rincón asume la presidencia de Avianca
Reemplaza
a Álvaro Jaramillo Buitrago, encargado tras la renuncia de Fabio
Villegas. Rincón era presidente de Microsoft para Latinoamérica.
El
ejecutivo antioqueño Hernán Rincón, fue designado nuevo presidente de Avianca,
en reemplazo de Álvaro Jaramillo Buitrago, quien había sido encargado de la
empresa luego del retiro de Fabio Villegas, en diciembre pasado.
Hernán
Rincón, nuevo presidente de Avianca.
La
noticia, que fue confirmada por Portafolio, será revelada hoy oficialmente por
las directivas de Avianca Holding.
Rincón viene de ocupar el cargo de presidente de Microsoft para Latinoamérica, donde fue destacado por su labor innovadora. Incluso, en el mundo de la tecnología se le reconoce por pertenecer al grupo más cercano al magnate estadounidense Bill Gates.
En Microsoft se desempeñó en diferentes posiciones entre ellas la de vicepresidente Internacional y dirigió las áreas e mercadotecnia y ventas. Uno de los trabajos más importantes lo realizó con la Organización de Estados Americanos, al establecer 120 Centros Comunitarios para el Desarrollo de Habilidades Tecnológicas, los cuales fueron ubicados en los países de la región. De esta manera fue posible llevar darles acceso a la tecnología a unas 70 mil personas que presentan diferentes niveles de discapacidad.
Rincón es hijo del expresidente de Bancoquia, del mismo nombre, y quien además dirigió a la aerolínea Avianca, cuando era de propiedad del empresario Julio Mario Santo Domingo.
El nuevo presidente de Avianca ha enfocado su labor profesional en varias compañías de tecnología y telecomunicaciones.
Su preparación académica es uno de los aspectos más relevantes. Cursó una maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y es licenciado en Matemáticas y Ciencias Computacionales de la Universidad Estatal de Nueva York.
Es
egresado de la Universidad de Harvard y, además, cuenta con maestría de la
Escuela Gubernamental Kennedy.
Entre sus logros se destaca el fuerte trabajo en el campo de las ventas de los servicios de Microsoft a todos los niveles, incluyendo las pequeñas y medianas empresas de América Latina.
Rincón recibe la aerolínea del empresario colombo-brasileño Germán Efromovich, en momentos en que la empresa es catalogada como una de las mejores de América, luego de haber pasado por un proceso de reorganización bajo las normas de ley quiebras de los Estados Unidos.
En su carrera profesional ha pasado por empresas como Ferag Americas, de origen suizo dedicada al desarrollo y la venta de soluciones de tecnología para medios impresos.
El ejecutivo también ocupó la presidencia de Cocelco, empresa que provee productos y servicios de telecomunicación y tecnología celular.
De la misma manera, Rincón laboró un poco más de una década en la multinacional Unisys, reconocida por la producción de soluciones y servicios de tecnología de la información, y una de las 500 compañías más grandes del mundo según la revista Fortune.
Sus conocimientos en temas financieros le permitieron desempeñarse en cargos diferentes a los de desarrollo tecnológico como el de director ejecutivo de información y vicepresidente mundial de servicios financieros.
El nuevo presidente de Avianca ha acumulado diferentes premios, tales como el reconocido galardón Gerson B. Robison a la Excelencia en Matemáticas, otorgado por la Universidad de Nueva York, y el premio como miembro Hubert H. Humphrey Fellowship, que adjudica la Presidencia de los Estados Unidos.
BALANCE DE LA AEROLÍNEA EN 2015
Avianca Holdings logró ingresos operacionales de US$4,36 billones entre enero y diciembre de 2015. La utilidad neta ajustada, excluyendo ítems especiales, fue de US$67,8 millones, mien- tras que el margen neto ajustado fue de 1,6%. La utilidad operacional (Ebitda) alcanzó US$249.2 millones, en tanto que el margen operacional fue de 5,7%. El costo ajustado por silla disponible por kilómetro disminuyó 21,1%.
En el último trimes- tre, el resultado fue con- trarrestado por una dis- minución de 14,1% en los ingresos totales, asociada principalmente a la de- preciación de las monedas y desaceleración de la economías de los países de A. Latina. En este periodo tuvo ingresos operacionales por US$1.07 billones y una utilidad neta ajustada de US$5,6 millones, excluyendo ítems especiales.
Fuente:
Portafolio.
Inversionistas perderían si Pacific E&P acepta cambiar su
deuda por acciones
La novela de Pacific abrió un nuevo capítulo que no
sería el más favorable para algunos inversionistas de la compañía, que no
estarían de acuerdo con las decisiones del comité independiente nombrado por la
junta directiva en enero pues, al parecer, aceptaría una oferta que favorecería
a los administradores pero perjudicaría a los accionistas desligados de la
gerencia.
De
acuerdo con información de medios internacionales, el grupo en mención, esta
semana, aceptaría un intercambio de deuda por acciones, una propuesta realizada
por Serafino Iacono, Miguel de la Campa y Catalyst Capital Group lo que traería
una perdida total de valor de la acción.
Según
el abogado Jaime Granados, representante de cerca de un 20% de los accionistas,
las decisiones de dicho comité estarían viciadas por su cercanía tanto personal
como de negocios con los miembros de la de junta directiva. Según el penalista
en el pasado han tenido negocios en común por lo que es importante que una
comité nombrado no solo parezca independiente sino que debe serlo.
Pablo
Márquez, experto en competencia de mercado, explicó que si el comité acepta
esta oferta sobre las demás, implicaría que irían a las autoridades canadienses
para iniciar un proceso de reorganización.
Para
prevenir dicho proceso, Granados interpuso una queja ante la Superintendencia
Financiera solicitando que se protejan los derechos de los inversionistas que
representa.
“Colombia
no es una república bananera y no pueden venir a decir que acogiéndose a una
legislación foránea, como la canadiense, van a violar la ley colombiana y lo
que hemos pedido a la Superfinanciera es que haga valer la ley nacional, porque
por algo está listada en la Bolsa de Colombia, actúa y opera sus ingresos en el
país”, agregó el jurista.
Así
mismo, el representante de los inversionistas solicitó al comité que la reunión
prevista para hoy, pero que inicialmente había sido programada para ayer, y en
la que se tomaría decisiones trascendentales se aplazará, pues los accionistas
no han sido notificados sobre los temas a tratar, lo que inquieta a los
tenedores de títulos. Sin embargo, al cierre de esta edición, no habían tenido
una respuesta.
Ayer,
Pacific en un comunicado de prensa, indicó que “los miembros del comité
independiente, como miembros de la Junta Directiva, deben actuar en el mejor
interés de la compañía”.
Por
otro lado, el equipo defensor también estudia la posibilidad de instaurar una
denuncia penal contra Pacific E&P en la Fiscalía General de la Nación por
corrupción privada y otros delitos. Una fuente cercana a la compañía indicó que
ayer la empresa recibió un muy buena oferta por parte de la mexicana Alfa que
beneficiaría a todos. Sin embargo, señaló que son pocas las posibilidades que
el comité evalúe esta propuesta que se sumaría a las otras cuatro que están
sobre la mesa.
Este
nuevo capítulo se suma al anuncio de la compañía la semana pasada de no pagar
intereses en marzo a los tenedores de bonos y al anuncio de Fitch de
bajar la calificación de Pacific.
Colcap ganó 1,55% ayer en la Bolsa de Valores
De
acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ayer el Colcap cerró en
1.319,77 unidades, con un aumento de 1,55% frente a la jornada anterior. En lo
corrido del año el indicador bursátil registra una variación positiva del
14,39%. Por su parte, Cementos Argos logró el ascenso más importante durante la
sesión con 6,77% a $11.980. De otro lado, Tablemac, fue la especie más
desvalorizada con una caída de 54,17% a $5,50. Finalmente, la acción más
transada del día fue Ecopetrol con $25.270 millones.
Fuente:
La República.
