Abril 07 de 2016

CIERRE MERCADO ACCIONARIO LOCAL

Índice COLCAP cierra con apreciación del 0,63%

El Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP) cerró el miércoles en 1.321,50 unidades, con un aumento del 0,63% frente a la jornada anterior.

En lo corrido del año el indicador bursátil registra una variación positiva del 14,54%. En cuanto al índice de liquidez COLSC, éste subió 0,79% a 978,74 unidades, y el COLIR subió 0,61% a 837,39 unidades. Ayer se negociaron $138.004,19 millones en 2.862 operaciones.

La especie con el volumen más alto de negociación fue ECOPETROL, con $32.270,68 millones (sin variación a $1.265,00). También se destacaron en este aspecto, ICOLCAP ($14.646,53 millones, con cambio positivo en su precio del 0,10% a $13.394,00) junto con PFBCOLOM ($12.778,70 millones, con cambio positivo en su precio del 0,70% a $25.780,00).

Por su parte, PREC logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio de este título creció un 7,08%, con cierre de $2.345,00. También se destacó por su apreciación; CEMARGOS, cuyo precio creció un 4,07% a $11.760,00; y PFCEMARGOS, que ascendió un 3,53% a $10.560,00.

Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue ELCONDOR, con una variación negativa del 2,06% a $1.190,00. También se presentó depreciación en: TABLEMAC (con una variación negativa de 1,41% a $7,00) y EXITO (con una variación negativa de 1,16% a $15.360,00).

Fuente: BVC

Costo de emergencia energética lo pagan los colombianos: supera los $3 billones

Los recursos se obtendrán vía tarifas y presupuesto de la Nación. Los usuarios ya pagaron más de $23 billones en el ‘Cargo por confiabilidad’.

Los ciudadanos pagarán de sus bolsillos los costos de la emergencia energética que vive el país desde hace cuatro meses, debido a la sequía provocada por el fenómeno de ‘El Niño’.

Los recursos, que ya superan los tres billones de pesos, saldrán del incremento de las tarifas y del Presupuesto General de la Nación.

Un análisis hecho por el Centro de Estudios de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) señala que “hasta la fecha, la carga financiera de la crisis energética se ha repartido así: 1) el Gobierno asumió subsidios de los estratos 1 a 3 por cerca de 1 billón de pesos; 2) las termoeléctricas están incurriendo en pérdidas por 2,2 billones de pesos; y 3) los consumidores están enfrentando además alzas en sus tarifas, de hasta de 9%”. 

Anif coincide con la pregunta que se hacen los ciudadanos: ¿si los usuarios ya habían pagado por el ‘cargo por confiabilidad’, entonces por qué ahora deben asumir nuevas alzas de tarifas provenientes de las fallas de las termoeléctricas?

La realidad es que solo una parte de estos recursos están justificados, mientras que del resto nadie da razón. Por ahora, lo único que se sabe es que las autoridades están investigando el destino de estos dineros, que entre 2007 y 2015 sumaron más de 23 billones de pesos de hoy, cifra que supera el monto que el fisco dejará de percibir este año por la caída de los ingresos petroleros.

Además de que el actual fenómeno de ‘El Niño’ es el peor de los últimos 35 años, hasta el punto de que ha llevado el promedio de los embalses a disponibilidades de solo 25%, Anif dice que ha habido fallas a la hora de enfrentar la emergencia: faltaron incentivos para sustituir la energía del sistema interconectado por energías alternativas, y no hubo vigilancia y control en el uso de los recursos del ‘cargo por confiabilidad’ pagado a las termoeléctricas. Por este concepto, se giraron recursos por US$7.800 millones durante 2007-2015”.

Los aspectos que complicaron la coyuntura

En concepto de Anif, esta coyuntura de desafío energético se complicó por cuenta de aspectos como: 1) el aumento en la demanda de combustibles en la frontera con Venezuela del 50%, por el cierre decretado por dicho país a mediados de 2015; 2) la necesidad de recargar la generación de las térmicas en combustibles líquidos más costosos ante la disminución en el suministro de gas natural; y 3) los incidentes ocurridos en las hidroeléctricas de Guatapé y Termoflores, restándole cerca de 6% a la generación del sistema eléctrico del país.

Fuente: Portafolio.

El negocio del papel suave de ‘Kiosko’, ‘Feo’, ‘Rosa’ y ‘Pitufo’

El cartel del papel higiénico que venía funcionando desde hace más de 13 años tenía las mismas mañas y estrategias de una banda criminal. En los correos interceptados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), las empresas inmersas se reconocían con un alias: Kimberly era ‘Kiosko’, Familia era ‘Feos’, Papeles Nacionales era ‘Pitufos’ y a Cartones y Papeles de Risaralda lo reconocían como ‘Rosas’.

Y esa es solo la punta del iceberg. Las empresas que se  lleguen a encontrar responsables podrían acarrear una multa que alcanza los $68.000 millones y los ejecutivos, que son personas naturales, asumirían un monto superior a los $1.370 millones. Esto, si el superintendente Pablo Felipe Robledo decide aceptar las recomendaciones hechas por Jorge Enrique Sánchez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia en el Informe Motivado que presentó a la SIC, documento que tiene 277 páginas.  

“Este negocio maneja un monto importante, que influye considerablemente en los hogares colombianos al ser productos de manejo esencial para los consumidores. Fue un acuerdo que superó una década, por ello la SIC debe sentar un precedente castigando a estas empresas que se metieron con el bolsillo de sus clientes”, manifestó Luis Fernando Martin, consultor empresarial.

Este caso es histórico por dos razones principales: la primera de ellas porque está inmerso en el negocio de papeles suaves, que mueve al año $1,2 billones en el país. Y fruto del cartel, el negocio aumentó 30% sus precios, lo que representa unas ganancias anuales de $300.000 millones, cifra que provenía de los compradores de estos productos. 

Pero el caso también es histórico porque es el primero en contar con empresas delatoras, que prefirieron colaborar con la justicia aportando información valiosa para lograr beneficios en el proceso. 

Lo que sugiere el Superintendente Delegado, según el documento es, primero, absolver o archivar la actuación administrativa puesta en marcha contra Drypers, puesto que encontró pruebas que acreditaron que si bien la compañía asistió a dos reuniones con sus competidores, no participó en ningún momento del acuerdo de precios. 

Otra de las recomendaciones del Superintendente deja muy mal parada a Familia, pues Sánchez sugiere excluirla del programa de beneficios por colaboración, puesto que argumenta que encontró que la empresa “ocultó información y realizó afirmaciones contrarias a la realidad al momento de acceder al programa y al declarar en el marco de la investigación”, indica el informe. Y además señala que las pruebas que presentó la organización no agregaron un valor significativo al material probatorio que ya tenía la SIC, pues solo se limitaron a corroborar lo que ya estaba demostrado con las pruebas aportadas por Kimberly. 

Eso, sumado a que las personas que declararon por iniciativa de Familia rindieron versiones contrarias a la realidad y “ocultaron información en ejecución de una estrategia encaminada a limitar la responsabilidad de Familia y a ocultar la de Darío Rey Mora, gerente general”. 

Las anteriores son razones suficientes para que la anotación del Informe Motivado fuera no conceder a Familia ningún beneficio en el marco del programa de beneficios por colaboración.  Con ello, esta empresa perdería la oportunidad que tendría, al ser la segunda empresa delatora, de ser exonerada del 50% de una eventual sanción.

De acuerdo con dicho programa, cuando las empresas han suscrito acuerdos de beneficios con la SIC, la primera delatora, en este caso Kimberly, podría tener una exoneración total. Para el caso de la segunda delatora, es decir Familia, una de 50%, y para Cartones y Papeles de Risaralda, al ser la tercera delatora, una exoneración de 30%. 

“El programa de beneficios por colaboración es un mecanismo jurídico que permite a la autoridad de competencia otorgar beneficios a los participantes en carteles empresariales a cambio de su colaboración en la detección, desmantelamiento y sanción de esas prácticas anticompetitivas”, señala el documento.   

Dentro de la investigación en proceso, hay 42 personas naturales implicadas: 21 de Kimberly, nueve de Familia, siete de Papeles Nacionales, dos de Cartones y Papeles de Risaralda y tres de Drypers. No obstante, otra de las recomendaciones del Superintendente es declarar administrativamente responsable y sancionar a 21 de esas personas naturales: 10 vinculadas con Kimberly, ocho con Familia, dos con Cartones y Papeles de Risaralda y una con Papeles Nacionales. Las restantes, según el funcionario y luego de la investigación realizada, deberían quedar absueltas. 

¿Qué encontró la investigación?

Entre los resultados de la investigación, que se abrió mediante la Resolución 69518 del 24 de noviembre de 2014, se descubrió que los acuerdos permanentes e ininterrumpidos para la fijación de precios se originaron hace 16 años, y se mantuvieron al menos hasta finales de 2013. Además,  que las empresas Kimberly y Familia fueron las principales involucradas en los hechos, al ser participantes activos y permanentes en los diferentes procesos.

Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda comenzaron a participar de los acuerdos después. La primera de ellas en 2001 y hay pruebas de su participación hasta diciembre de 2011. Y la segunda,  empezó a ser parte de las acciones en 2003 y también se mantuvo hasta finales de 2011. 

De acuerdo con el documento, existía una distribución jerárquica para la adopción de las decisiones dependiendo de su frecuencia e importancia. “Los gerentes generales de cada  compañía involucrada en el acuerdo de precios tenían conocimiento de la práctica ilegal y participaron directamente de ella a través de contactos en los que definían el marco general del acuerdo. Mientras que funcionarios de menor jerarquía, pero que contaban con capacidad de decisión, se encargaban de la implementación práctica de las directrices de cada empresa para el desarrollo de la práctica ilegal” indica el Informe.

La investigación también halló que el acuerdo de precios hizo parte de la cultura organizacional de las compañías que participaron en esa práctica. Incluso, que alguna de ellas informaba a los funcionarios entrantes de su participación en el acuerdo de precios desde el momento mismo de la inducción. Y además, que las compañías cumplían los acuerdos de precios que alcanzaban y, adicionalmente, que la práctica restrictiva de la competencia generó efectos en el mercado, en particular una acentuada estabilidad en los precios de los productos afectados durante el período de su ejecución.

¿Qué va a pasar?

Luego del Informe Motivado presentado por el delegado para la protección de la competencia  habrá un plazo de 20 días hábiles para que los investigados puedan presentar sus observaciones, mecanismo propio del ejercicio del derecho de defensa. Después de esa etapa, se convocará al Consejo Asesor de Competencia que, a su vez, emitirá su recomendación al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, sobre el caso. 

Dicho Consejo Asesor de Competencia está integrado por cinco miembros designados por el presidente de la República: Mauricio Pérez Salazar, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia; Ana María Ibañez, decana de la  Facultad de Economía de la Universidad de los Andes; Edgardo Villamil Portillla, expresidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; Hernán Eduardo Vallejo, economista investigador de la Universidad de los  Andes y Javier Humberto Gamboa, negociador de Tratados de Libre Comercio del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

Pesos pesados del sector

El caso de papeles suaves, como lo ha denominado la SIC, ha generado tanto revuelo por tener inmersos a los pesos pesados del sector. Y no es para menos, Familia, por ejemplo, reportó ventas en 2014 por $444.733 millones, de las que 77% fue por concepto del canal de consumo y 23% del canal institucional. Esta empresa, que hasta 1965 se dedicó a la importación del papel higiénico manufacturado por Scott Paper Co, inició la producción de papel suave ese año con la construcción de su primera planta. Después de casi medio siglo, y teniendo en cuenta cifras de 2014, la compañía tiene una participación de 33,3% del mercado de papel higiénico; 40,2% del de servilletas; 38,6% del de toallas de cocina; y 62,9% del de pañuelos para cara y manos.  

Kimberly, también líder del sector, inició su participación en la industria de papeles suaves entre 1967 y 1968 con Colpapel S.A y Colombiana Kimberly S.A, que se fusionaron en 1998 creando Colombiana Kimberly y Colpapel S.A. En 2014, la organización facturó $199.514 millones en sus cuatro líneas de negocio; de ese total 60% fue por el canal consumo y 31% por el institucional. Citando cifras del mismo año, la compañía tuvo una participación de 26,5% del mercado de pañuelos para cara y manos; 13,2% del segmento de papel higiénico; 2% del nicho de servilletas; y 4,1% de toallas de cocina. 

Papeles Nacionales, que es una sociedad controlada  por Grand Bay International, tuvo ventas en 2014 por $282.955 millones, 92% por cuota del canal de consumo y 8% del canal institucional. Su participación en el mercado de papel higiénico es de 21%; en el de servilletas de 37,4%; en las toallas de cocina cuenta con una intervención de 15,5%; y en pañuelos para cara y manos, de 3,9%.

Y Cartones y Papeles de Risaralda vendió en 2014 por concepto del mercado de papeles suaves $36.500 millones (76% por comercialización de papel higiénico y 24% por servilletas). Vale resaltar que esta empresa sostuvo relaciones comerciales con Familia entre 2000 y 2011.   

Drypers, que según el Superintendente Delegado debería quedar fuera del proceso,  es controlada por Cmpc Tissue, que es sociedad localizada en Chile. Dicha sociedad participa en el mercado nacional con Drypers y con Protisa Colombia, la primera de ellas registró en 2014 ventas en el segmento de papeles suaves por $88.152 millones. 

Kimberly se compromete a seguir cooperando

Luego de que se diera a conocer el Informe Motivado presentado por el superintendente delegado Jorge Enrique Sánchez, la primera empresa delatora, Kimberly, se manifestó. “Desde el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio anunció su investigación por ciertas prácticas competitivas dentro de la industria de consumo de bienes empaquetados, Kimberly ha cumplido con su promesa de prestar total y absoluta cooperación y así continuará haciéndolo”, indicó la compañía en un comunicado. 

Fuente: La República.

Reacción en cadena: así se transmite el mal del petróleo por todo el país

Comienza en Puerto Gaitán, Barranca y Yopal y ya va en Bogotá. No es evidente pero está cambiando la vida de todos nosotros. Dinero reconstruye el choque petrolero desde el pozo a su bolsillo.

Después de varios años de bonanza, Puerto Gaitán volvió a ser un pueblo pobre. Esa es apenas una parte del problema. Muchas cosas están cambiando en Colombia por culpa del desplome de los precios internacionales del petróleo, que pasaron de unos US$100 dólares a mediados de 2014 a US$35 en las últimas semanas.

Las petroleras recibían unos $212.000 por barril en los buenos tiempos mientras que a finales del año pasado cobraron $110.000. Una verdadera crisis. Para sobrevivir, firmas como Ecopetrol, Pacific E&P y muchas otras iniciaron una ola de recortes de gastos e inversión buscando ahorros por miles de millones de dólares.

El impacto lo sintieron primero los proveedores. Julio Parra* tiene una empresa de servicios a pozos en la región y le contó a Dinero que ya despidió a cerca de 2.000 trabajadores. Calcula que tiene el 98% de su maquinaria paralizada y está recortando hasta en 40% los pagos a las compañías que normalmente contrataba. Para hacer su trabajo Parra pagaba altas sumas en transporte, maquinaria, servicios de alimentación para sus trabajadores, ambulancias y hasta helicópteros. Su situación no es muy diferente a la de otros en la industria de servicios petroleros. “Esto es una bola de nieve y en ese sentido se va sintiendo en todos los sectores”

“Hoy encuentras en los cascos urbanos de Puerto Gaitán, en los caseríos cercanos a la explotación petrolera a la gente que está desempleada. Muchos de ellos en un estado de desesperación, esperando que reactiven su contrato. Las empresas ganaderas y agrícolas tienen una sobre oferta de mano de obra”, dijo Héctor Vaca, sindicalista de la USO. Vaca agregó que la mayor competencia por trabajo en el campo está haciendo que los jornales ofrecidos se reduzcan.

El problema salta a las cuentas públicas

Un análisis de Fitch Ratings encontró que Yopal y Barrancabermeja son las ciudades que se verán más afectadas por el fin del boom y en menor medida Villavicencio. Su economía está altamente concentrada en servicios relacionados con el petróleo. El arriendo de apartamentos, la construcción de centros comerciales y hoteles, e incluso las frecuencias aéreas se orientaron a atender la demanda de los petroleros.

“El problema fue cuando el ciclo cayó tan rápido que no hubo espacios de hacer reajustes de precios”, explicó Carlos Vicente Ramírez director senior de Fitch.

Fitch tiene escenarios en los que los ingresos de los municipios petroleros se verían afectados. Las alcaldías podrían recaudar menos en predial y en el impuesto de industria y comercio por cuenta del cierre de establecimientos, la menor dinámica de la construcción y las pérdidas de las firmas. Además, las regalías pueden reducirse más si los malos precios continúan. Este conjunto de factores podría impactar la inversión pública en esas zonas a partir de este año.

Sin embargo, el problema fiscal no es sólo de ellos. El gobierno central recibía unos $24 billones de renta petrolera en 2013 pero este año no tendrá un solo peso.

¿Qué hizo el gobierno ante el problema? Aprobó una reforma tributaria en 2014 para financiarse en 2015 y tramitará otra más antes de que termine el año. Es probable que en ella se eleve el IVA, que pagamos todos los consumidores, a partir de 2017.

El gobierno central también sacó las tijeras. En 2014 el presupuesto nacional era de $199 billones y al año siguiente fue recortado a $194,7 billones. Para 2016 el presupuesto era de $215.9 billones pero ya se ‘aplazaron’ $6 billones. Una parte de esos recortes restringió los planes de inversión en distintos sectores.

La pelota ya va en otras ciudades

María Victoria Gerrón es ingeniera química, hizo una maestría y otros estudios y trabajó por una década en Ecopetrol. Pero perdió su trabajo. Como ella varios profesionales han salido de las petroleras y están buscando nuevas oportunidades.

“Sabíamos que había una alta probabilidad de que no se renovaran contratos y entonces comencé a trabajar con redes de mercadeo y logré salir con la mentalidad de generar ingresos sin ser empleada”, dijo. También creó su propia empresa para ofrecer servicios outsourcing en su área a petroleras, empresas de química o de turismo. Ya le pasó una carta a Ecopetrol pero todavía no ha obtenido ningún contrato.

El cambio de vida para los ejecutivos medios y altos de la industria petrolera está teniendo cierto impacto en la mecánica de los arriendos. Desde 2015 la ocupación de apartamentos y oficinas se ha vuelto más lenta.

“Si se demora un tiempo en arrendarse, el propietario lo primero que hace es ajustar el valor del arrendamiento. Pero el mercado está dinámico, los propietarios están ajustando sus precios y se están volviendo a ubicar esos inmuebles”, dijo la presidenta de Fedelonjas, María Clara Luque. Este efecto se ha sentido en algunas zonas de estrato alto en Bogotá y en ciudades como Yopal.

Colliers International aseguró que las empresas petroleras, que por años fueron grandes ocupantes de oficinas empezaron a desocupar espacios desde el año pasado. Estas compañías liberaron sitios que antes estaban completamente ocupados como Santa Bárbara en Bogotá según la firma. Ecopetrol por ejemplo desocupó el edicio Guadalupe (en la foto) donde anteriormente funcionaban algunas de sus oficinas como pudo confirmar una ex trabajadora.

Otra víctima es el hotel Suites 109 que está pidiendo pista para iniciar una reorganización. La firma le dijo a la Superintendencia de Sociedades que buena parte de su actividad estaba vinculada a las petroleras y la crisis del sector la tiene al punto de no poder atender todas sus obligaciones. Suites 109 no había sido admitida a reorganización al cierre de esta nota.  

Lo malo, lo bueno y otros impactos para el bolsillo   

La caída del precio del petróleo es protagonista de dos factores que también están cambiando la vida de hogares y personas: la subida del dólar y el alza en las tasas de interés. Los viajes al exterior cuestan mucho más y lo mismo está pasando con la tecnología. A futuro los colombianos quizá debamos acostumbrarnos a una vida más modesta. Quizá no es del todo malo.

Según analistas, el fin de la fiebre del petróleo obligará a que Colombia se concentre en otros sectores y puede hacer que algunas regiones retomen actividades como la agricultura y la ganadería. El turismo ya está sintiendo las ventajas de un dólar caro y está creciendo mientras que la industria empieza a reaccionar. Muchos empresarios están viendo oportunidades de negocio para reemplazar con sus productos aquello que ya no podremos comprar en el exterior. Todos estos sectores son grandes generadores de empleo.

Ciudades como Cartagena o Manizales tienen una economía más diversificada y no sentirían un impacto tan directo como las regiones petroleras. Ellas también pueden tener y crear oportunidades en una nueva economía. Adicionalmente podría ser el momento para que las empresas locales se reinventen. Algunos analistas creen que muchas de ellas se volvieron un poco ‘gordas’ durante el boom y ahora deberán ser más eficientes y creativas.

El proceso de trasmisión del choque petrolero a la economía colombiana está todavía produciéndose y aún es difícil estimar el impacto específico por sector. A nivel agregado la economía, que creció por varios años a un promedio de 4,5%, reducirá el ritmo de expansión. Este año podría crecer menos de 3% según el Banco de la República.

El lado bueno de ese pronóstico es que de todas maneras el país va a crecer y no a contraerse. La última vez que este país tuvo un crecimiento del PIB negativo fue en 1.999 (-4%) y la mayoría de la gente aún tiene malos recuerdos de esa época. En todo caso son tiempos duros. Ojalá el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, tenga razón cuando les dijo a sus accionistas que ‘las crisis no duran para siempre’.

Fuente: Dinero.

Cali y Tunja, donde más subió el precio de los alimentos

La inflación durante este primer trimestre parece no tener techo. Según los datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la cifra para el mes de marzo se ubicó en 0,94%, impulsada por el protagonismo que ha venido teniendo el grupo de alimentos.

Esto es algo que viene sucediendo en los últimos meses, pero tal vez los ciudadanos de Cali, Tunja y Popayán son los que más han sentido el incremento en el precio de los productos, ya que según el Dane, estas tres ciudades son las que más han tenido un crecimiento en la inflación de alimentos, en lo que va corrido del año.

Y es que según el Departamento, durante el primer trimestre, en Cali la variación de alimentos llegó a 8,01%, convirtiéndose en la ciudad en donde más han subido el precio de la comida. En el último mes, la capital del Valle del Cauca registró un crecimiento de 2,12%, lo cual la ubica en la segunda posición de 24 ciudades, en donde se venden más caros los alimentos.

Por su parte, Tunja se lleva el segundo puesto al tener una variación de 7,71% en los tres primeros meses, seguida de Popayán con 6,80%, Armenia con 6,63% e Ibagué con 6,48% completa el top cinco de las ciudades con mayores incrementos.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), mencionó que los alimentos tienen gran peso en la inflación y durante el primer semestre de 2016 no se puede esperar que baje. También dijo que, en el caso específico de las ciudades que más han variado en inflación, “se puede explicar por factores puntuales en cada zona como la baja oferta de diferentes productos, influenciados por el fenómeno de El Niño, y también los costos de transporte en cada uno de los departamentos”.

Por su parte, Orlando Santiago Jácome, gerente y analista de Fénix Valor, dijo que “aún se siguen observando los impactos del fenómeno de El Niño en el país. Sin embargo, hay zonas de Colombia en donde es muy extraño que la variación sea tan notoria. Todavía estamos esperando lo que se anunció a comienzos de año sobre una posible intermediación entre productores y comerciantes, lo cual habría generado una subida en los precios de los alimentos”.

Y es que los alimentos no detienen su crecimiento en cuanto al precio. De acuerdo a un sondeo que realizó LR, con base en los precios por kilo establecidos en el informe Sipsa del Dane, observó que de 26 alimentos que componen la canasta familiar, hay 13 que han subido de precio, entre 2% y 28%. 

Los productos que más incrementaron su precio en el mes de marzo fueron la cebolla cabezona blanca con un aumento de $500 (28,23%), al pasar de $ 1.771 a $2.271 entre la última semana de febrero y la última semana de marzo.

El limón común fue otro de los productos que creció por encima de 20%. Este cítrico subió $458 en cuatro semanas, al pasar de $1.862 a finales de febrero, a $2.320 en los últimos días de marzo.

Otros productos que subieron su precio a dos dígitos fueron la papa con 15%, el azúcar refinado con 15%, la cebolla junca con 13% y el maracuyá con 11%.

Para Pedro Triviño, coordinador de precios de Corabastos, hay dos razones principales por las que estos productos subieron de precio. Una es la baja oferta y otra es la escasez de agua en el país. 

“En el caso de las frutas, hay algunas que no están teniendo todo el riego que se necesita y por eso algunos productos no salen de buena calidad algunas. En el caso de la papa, se pueden estar presenciando los últimos pequeños efectos de las heladas”, dijo.

Ciudades con menos variación

Según el Dane las ciudades en donde menos se ha sentido la variación de alimentos durante el primer trimestre son Rioacha, Cartagena y Villavicencio, en donde el indicador se ubicó en 4,46%, 4,81% y 5,16%, respectivamente. Mientras que algunas ciudades capitales como Bogotá (5,57%); Cúcuta (5,52%) y Barranquilla (5,81%) se mantuvieron por debajo de la inflación promedio nacionalde alimentos   para el trimestre (5,98%).

Los productos que más bajaron en marzo 

De acuerdo al sondeo realizado por LR, hay 13 productos que bajaron de precio, aunque algunas caídas no fueron significativas porque estarían por el orden de 0,7% o 2%. Pero hay otros productos que llegaron a disminuir su precio hasta 45%. La habichuela es el producto que más bajo, aproximadamente $1.571 en cuatro semanas, al pasar de $3.441 en febrero a $1.870 en marzo. Otros que bajaron su valor fueron el mango, que ahora vale $284 menos que a finales de febrero y el lulo, con una disminución de $107.

Fuente: La República.