Abril 08 de 2016

CIERRE MERCADO ACCIONARIO LOCAL

Índice COLCAP registra descenso del 0,41%

El Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP) cerró el jueves en 1.316,11 unidades, con un descenso del 0,41% frente a la jornada anterior.

En lo corrido del año el indicador bursátil registra una variación positiva del 14,08%. En cuanto al índice de liquidez COLSC, éste bajó 0,44% a 974,42 unidades, y el COLIR bajó 0,45% a 833,60 unidades. Ayer se negociaron $508.999,13 millones en 2.647 operaciones.

La especie con el volumen más alto de negociación fue SUISA, con $377.081,16 millones (variación positiva en su precio del 1,08% a $8.325,00). También se destacaron en este aspecto, ICOLCAP ($24.088,29 millones, con cambio negativo en su precio del 0,63% a $13.310,00) junto con ECOPETROL ($19.917,76 millones, con cambio negativo en su precio del 3,56% a $1.220,00).

Por su parte, SUISA logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio de este título creció un 1,08%, con cierre de $8.325,00. También se destacó por su apreciación; CORFICOLCF, cuyo precio creció un 0,94% a $38.860,00; y GRUPOAVAL, que ascendió un 0,87% a $1.155,00.

Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue PREC, con una variación negativa del 5,12% a $2.225,00. También se presentó depreciación en: ECOPETROL (con una variación negativa de 3,56% a $1.220,00) y MINEROS (con una variación negativa de 3,01% a $2.420,00).

Fuente: BVC

Así operan firmas como Mossack Fonseca en el país

Se rigen por las normas legales de Colombia, y comprueban los antecedentes de los clientes antes de contratar con bases de datos internacionales.

Si bien la sede es Panamá, las sociedades se crean en 21 jurisdicciones diferentes a ese país.

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que en Colombia más de 50.000 personas usan diferentes figuras jurídicas para manejar recursos en el exterior, tema que es permitido por las autoridades.

Estos ‘vehículos jurídicos’, como son conocidos, se usan principalmente para abrir empresas (sociedades), constituir fideicomisos y crear fundaciones de interés privado, en paraísos fiscales o con tratamiento tributario favorable.

En Colombia operan más de ocho empresas en ese renglón, entre las que figura la firma protagonista del escándalo de los ‘papeles de Panamá’, Mossack Fonseca, así como Morgan & Morgan, Amicorp, Trustmoore, Owens & Watson, y HBM Group, entre otras.

De hecho, Mossak Fonseca no es de las que tienen la mayor tajada del mercado local, según lo que ha trascendido a la luz pública sus clientes apenas superan en número los 800. Portafolio conoció que antes de que se conociera el escándalo de ‘los papales de Panamá’, la firma Mossack Fonseca ya había desistido de ser el agente residente (representante en el exterior) de Carlos Alberto Gutiérrez Robayo (concuñado del exalcalde Gustavo Petro).

Todas estas empresas son legales y operan con las debidas autorizaciones de las autoridades colombianas, sus clientes deben obedecer las normas fiscales y legales del país y además cumplir con los estándares del país que han elegido para sus empresas.

El negocio de las compañías intermediarias no es ‘la joya de la corona’, pues simplemente abren y representan, con costos que oscilan entre los mil y dos mil dólares.

Entre sus clientes están la mayoría de los bancos que operan en Colombia, nacionales y extranjeros y las grandes y medianas firmas de abogados, ellos pocas veces tienen contacto directo con el cliente final.

Qué hace la persona con el dinero y las cuentas, son asuntos del cliente y el banco que les administra los recursos, la firma de abogados que creó la compañía no tiene injerencia en el tema y no maneja los recursos, según conoció Portafolio, de la operación de Mossack Fonseca.

Londres, EE. UU. Suiza y Nueva Zelanda

Se supo Mossack Fonseca opera en 44 países y tiene permisos legales para abrir empresas en 21 jurisdicciones, entre las que figuran Londres, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y en Estados Unidos en La Florida, Nevada, Wyoming y Delaware, en Panamá, así como en varias islas del Caribe.

En Colombia, luego de conocerse el escándalo la Dian realizó un allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca y copió información de los computadores, sin embargo, en el país existe es una oficina de representación comercial, los empleados no manejan recursos ni ningún tipo de activos, “estas oficinas tiene es fuerza vendedora y toda la operación la realiza la casa matriz, sin intervenir en el manejo de dinero o activos”, explicó un experto en el negocio.

El filtro a los clientes

Aunque las autoridades en todo el mundo se rasgan las vestiduras por los ‘papeles de Panamá’, lo cierto es que para que una persona pueda usar los servicios intermediarios para abrir sociedades fuera de sus territorio debe pasar un filtro que son todas las listas internacionales (como la Clinton) que recopilan los datos de las personas con problemas legales en todo el mundo.

Pero ademas, estas empresas están bajo la vigilancia de los países en los que operan.

Razones legales para crear firmas en el exterior

Los servicios de sociedades en el exterior se usan por varios motivos entre los que figuran las menores tasas impositivas para quien la abre.

En el caso de Colombia no se permite tener cuentas en dólares en el territorio nacional.

Por cuestiones de seguridad, hay personas que para protegerse de los delincuentes crean estas figuras en el exterior.

En el país es muy frecuente su uso para manejar sucesiones y herencias.

Hay empresas exportadoras que las usan porque en el país es legal comprar las bases de datos de compañías exportadoras con datos que incluyen a quién le venden, a qué precios le venden, con direcciones y teléfonos, lo cual hace que muchas empresas exportadoras opten por protegerse fijando una empresa en el exterior.

Las ventajas fiscales han hecho que los grandes negocios se realicen en esos paraísos fiscales para reducir al máximo los impuestos.

Claro también se usan para ocultar asuntos que no quiere que se conozcan y temas ‘non sanctos’.

Fuente: Portafolio.

Ecopetrol aún posee 13,6 millones de acciones de la generadora ISA

El pasado jueves, Ecopetrol, a través de la rueda X-Stream de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), realizó la segunda subasta correspondiente a la segunda etapa del programa de enajenación y adjudicación de 58,9 millones de acciones de ISA, de las cuales logró vender 45,3 millones por un valor de $377.081 millones, esto como producto del programa de desinversión en activos no estratégicos de la compañía. Así las cosas, quedan por adjudicar 13,6 millones de acciones.

Los títulos fueron colocados a un precio de $8.325 por acción, es decir, $89 por encima del precio mínimo de oferta que era de $8.236 por acción. De acuerdo con la petrolera,  la magnitud de la operación de la subasta de ayer  equivale a 100 días de negociación de la acción e ISA en la rueda ordinaria.

Felipe Pinzón, jefe de investigaciones económicas de Profesionales de Bolsa, señaló que “del total de acciones que Ecopetrol poseía de ISA logró adjudicar 76%,  porcentaje de venta que se considera como algo positivo en la medida en que con este nuevo ingreso la compañía hace cumplimiento a su plan de desinversión en activos no estratégicos para aumentar su caja y evitar una reducción en su calificación crediticia”.

El analista recordó que desde un principio ISA declaró que habría cuatro subastas en el proceso de venta: la primera se declaró desierta, en la segunda quedó un remanente de 24% y aseguró que en la tercera y en caso tal de que haya una cuarta, se esperaría vender el total de la participación de la petrolera en ISA. Por lo pronto, se espera la publicación de la fecha de la tercera operación.

Por su parte, Ricardo Sandoval, profesional de estrategias de Global Securities, manifestó que “me parece un poco curioso que Ecopetrol no haya logrado vender la totalidad de las acciones teniendo en cuenta que la acción de ISA alcanzó a estar en niveles de  $8.800 y Ecopetrol la estaba vendiendo a un precio mínimo de $8.236, de pronto fue un tema de volumen, de profundidad”.

Sandoval agregó que el monto que recibió Ecopetrol con la venta de las acciones de la generadora de energía va a ser designado principalmente para los gastos generales de la compañía y, tal vez, para algunos gastos de exploración, ya que “si es una entrada significativa  de efectivo que va a beneficiar a la compañía petrolera estatal en el corto plazo”.

Así mismo, Ecopetrol indicó que al sumar el resultado de este proceso más el de la primera ronda de venta de las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), que se realizó en 2015, ya se han obtenido recursos por más de $991.000 millones, dentro del programa  desinversión en activos no estratégicos ya mencionado, que  fue aprobado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1800 de 2015.

¿Qué viene con las acciones restantes?

En desarrollo de la segunda etapa del programa de enajenación que adelanta Ecopetrol, y ya habiéndose llevado a cabo la segunda subasta, la petrolera informó que está facultada para adelantar hasta dos subastas adicionales respecto del monto remanente de las acciones, es decir, 13,6 millones. Sin embargo, el analista de Global Securities considera probable que “en la tercera subasta que haga, la compañía termine de vender las restantes”. Además destacó que la adjudicación de las acciones de ayer fue bastante positiva, ya que se logró venderlas por encima del precio mínimo.

Fuente: La República.

Colombia alcanza 65% de aprobación en la Ocde

Cuando en septiembre de 2013 los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) aprobaron iniciar el proceso de ingreso de Colombia al conocido grupo de las buenas prácticas, se sabía que empezaba una carrera larga de adopción de políticas y de evaluaciones para lograr ese propósito de campaña del presidente Juan Manuel Santos.

Así, en octubre 21 de 2013, el jefe de Estado anunció el inicio de las evaluaciones de los 23 comités de la Ocde han pasado dos años, cinco meses y 18 días en los que el Gobierno Nacional ha implementado nuevas políticas públicas acordes con los requerimientos del organismo. 

Esta semana, en una sesión del organismo en París, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recibió el visto bueno del comité número 15 es decir 65% de los grupos evaluadores que corresponde al tema de Gobierno Corporativo de las estatales.

“En materia de práctica de buen gobierno y su relación con el sector privado, el período fijo, independencia y autonomía de los superintendentes fue fundamental. Lo mismo que el Código País que cada día más empresas se vinculan”, dijo Cárdenas. 

Agricultura, Competencia, Estadísticas, Salud, Protección del consumidor, Mercados Financieros, Ciencia y Tecnología, Política Regulatoria, Asuntos Fiscales, Educación, Territorial, Anticorrupción, Inversión, Política Digital y Gobierno Corporativo son los comités que ya dieron el visto bueno.

Hay que aclarar que en este proceso de ingreso a la Ocde no hay un cronograma ni fechas estipuladas, por lo que el país no tiene que cumplir plazos.

El economista de la Universidad de los Andes, Rodrigo Tejada, aseguró en pasada ocasión a LR que si bien este es un proceso gradual, que no se da de la noche a la mañana, si se logra ingresar a la Ocde se le daría un estatus más alto al país dentro de un grupo de naciones más desarrolladas. 

Además se conoció que en el Comité para la Agricultura, el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Pablo Pineda presentará los instrumentos y las políticas públicas para incrementar la productividad y la seguridad alimentaria. 

Paso por el Congreso para tener aprobación

Si Colombia llega a lograr el acceso a la Ocde, se convertiría en el tercer país de América Latina en hacerlo después de México y Chile. Costa Rica también está en ese proceso. 

Pero antes deberá tener también la aprobación del Congreso de la República y de la Corte Constitucional, al tratarse de una adhesión a un tratado internacional. Además, luego del visto bueno de los comités, también hay que espera el del Consejo Rector de la Ocde. La representante ante el organismo, Catalina Crane, aseguró que la entrada estaría oficializada, luego de surtir estos trámites, en 2017.  

Fuente: La República.

Trabajadores petróleros se unen a comunidades para pedir desbloqueo de proyectos

Sindicato de la industria petrolera solicitó a un organismo internacional que se revoque suspensión para la explotación del campo de Quifa.

Panorámica del campo Quifa, que opera Pacific Rubiales

Cada vez son más los llamados para que la Corte Constitucional tenga en cuenta los aspectos socioeconómicos cuando de proferir sentencias sobre suspensión de explotaciones de petróleo se trata.

A la petición sobre el campo Ocelote, la cual fue otorgada de cierta parte de la comunidad de Puerto Gaitán y de entidades como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para permitir a la empresa Hocol operar el área nuevamente, ahora el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Energía (Uten) solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretar medida cautelar al Estado colombiano sobre la revocación de la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el proyecto ‘Área de explotación de Hidrocarburos Quifa’.

El 23 de febrero pasado, la Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional de la explotación en un área de este campo, con una producción de 13.000 barriles diarios, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), por estar demasiado cerca al Resguardo Indígena Vencedor Pirirí.

Uten alega que para el caso de Quifa en ningún momento el alto tribunal tuvo en cuenta a los empleados, lo que consuma una violación del derecho al trabajo.

El sindicato afirma que con la decisión de la Corte se han visto afectados 227 trabajadores directos del campo, y unos 1.000 indirectos, 92 por ciento personas de la región, a quienes potencialmente se les estaría privando de sus bienes (salarios y prestaciones laborales), del área explotada por la compañía Pacific Exploration and Production.

A comienzos de esta semana, el mismo alto tribunal decidió levantar la medida provisional de suspensión de las actividades de explotación en el campo Ocelote-Guarrojo, municipio de Puerto Gaitán (Meta), operado por la compañía Hocol, después de que la misma comunidad y las autoridades pidieran su revisión.

La diferencia entre Quifa y Ocelote radica en que las quejas provienen, en el primer caso de un sindicato, y en el segundo de la propia comunidad. 

Un desempleo del 70%

El municipio de Orito (Putumayo) representa lo que significan las bonanzas y las crisis del petróleo en el país.

Siempre ha sido un pueblo petrolero, dice el alcalde del municipio, Manuel Eduardo Ocoro Carabalí.

Por la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la explotación de los pozos O-196 y O-197, en Orito, Putumayo, con una producción de 250 barriles de crudo diarios, y el cierre de otros por motivos económicos, se desató una crisis social por cuenta del desempleo, que ya llega al 70 por ciento, asegura el mandatario local.

La industria petrolera movía negocios como hoteles, restaurantes, residencias, transportadores y el comercio local, pero con la crisis ya todo está semiparalizado. 

Esto ha llevado a la consecuencia lógica en el país: la aparición del vandalismo, atracos y robos en los últimos meses en este municipio de 52.000 habitantes. 

Ocoro afirma que la población quiere que vuelvan las petroleras, que se active el tema del crudo en el municipio, pero con responsabilidad, respetando al medioambiente y a las comunidades indígenas.

El mandatario local asevera que, a pesar de la crisis que se vive, los pobladores del municipio no culpan a las comunidades indígenas por interponer tutelas y suspender explotaciones de algunos pozos.

“Unos están satisfechos con la situación, otros no, pero la gente respeta esa situación”, aclara.

Ocoro agrega que todo tiene sus pros y sus contras y que como administración tiene la política del petróleo, sí, pero con una responsabilidad social integral para no afectar el medio ambiente.

En la actualidad se encuentra en estudio en la Corte Constitucional una tutela interpuesta por las comunidades aledañas, también en ese mismo municipio, para la suspensión de actividades en 20 pozos de Quinde, Cohembí y Quillasinga, con una producción de 8.000 barriles diarios.

Consultas sin reglas fijas

Un experto consultado por Portafolio afirma que en el proceso de consulta a las comu-
nidades no hay normas al respecto. Asegura que en la actualidad no hay un precedente constitucional en la materia.

No se sabe si las reglas son obligatorias porque la Corte siempre deja la puerta abierta para determinar el tamaño de la afectación y no se sabe si los resultados a las consultas de las comunidades son mandatorios. “Es por todo esto que hay una inseguridad jurídica que no es buena para el sector”, explicó.

Fuente: Portafolio.