Abril 14 de 2016

CIERRE MERCADO ACCIONARIO LOCAL

Índice COLCAP cierra con apreciación del 0,48%

El Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP) cerró el miércoles en 1.370,62 unidades, con un aumento del 0,48% frente a la jornada anterior.

En lo corrido del año el indicador bursátil registra una variación positiva del 18,80%. En cuanto al índice de liquidez COLSC, éste subió 1,00% a 995,33 unidades, y el COLIR subió 0,40% a 866,43 unidades. Ayer se negociaron $318.939,07 millones en 5.081 operaciones.

La especie con el volumen más alto de negociación fue PFBCOLOM, con $71.850,86 millones (variación positiva en su precio del 2,86% a $28.060,00).

También se destacaron en este aspecto, ECOPETROL ($31.254,33 millones, con cambio positivo en su precio del 1,45% a $1.400,00) junto con BCOLOMBIA ($26.488,71 millones, con cambio positivo en su precio del 1,62% a $26.420,00).

Por su parte, FABRICATO logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio de este título creció un 4,97%, con cierre de $16,90. También se destacó por su apreciación; PFCARPAK, cuyo precio creció un 3,46% a $2.690,00; y EXITO, que ascendió un 3,23% a $16.000,00.

Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue PREC, con una variación negativa del 5,76% a $1.800,00. También se presentó depreciación en: GRUPOARGOS (con una variación negativa de 2,73% a $19.940,00) y CLH (con una variación negativa de 2,55% a $13.000,00).

Fuente: BVC

Catalyst será el nuevo dueño de Pacific Exploration

Para el precio de la acción se espera la aprobación de un juez que autorice la capitalización.

La venta de Pacific debe anunciarse a finales de esta semana, según una fuente informada de la situación.

La junta directiva de Pacific Exploration & Production Corp. aprobó este miércoles la propuesta de Catalyst Capital Gruop Inc, para adquirir a la petrolera.

Valora Inversiones le aseguró a Portafolio que de los 11 miembros de la junta, 5 habrían aprobado, 2 se habrían opuesto y 4 se abstuvieron de votar.

Para conocer el precio de la acción se espera la aprobación de un juez que autorice la capitalización con lo cual se sabrá valor de la misma.

La junta directiva de Pacific Exploration & Production Corp. se había reunido ayer a las cuatro de la tarde para aprobar o no la venta de la misma, como único punto de la agenda.

La compañía tenía pactado un plazo con los acreedores, bonistas y bancos para tomar una decisión hasta el 30 abril de próximo.

El plazo máximo para una decisión es el próximo 30 de abril, de acuerdo a compromiso con los acreedores.

La reunión de la junta de Pacific se llevó a cabo ya conociendo la información de que tanto los bonistas como los bancos habían aprobado la propuesta de Catalyst Capital Gruop Inc, por lo que lo único que quedaba por verificar era la recomendación del comité independiente de la empresa.

Al parecer, Catalyst quedará a cargo de la deuda de la compañía, que sobrepasa los 5.000 millones de dólares e inyectará un capital entre 500 y 700 millones de dólares para que Pacific siga operando sus campos petroleros en Colombia.

Queda por saberse el rol que jugarán Serafino Iacono y Miguel de la Campa, accionistas y directivos de Pacific,quienes habrían propiciado las negociaciones entre ambas compañías.

Ahora, el principal problema es para los pequeños accionistas, quienes según la misma petrolera, su participación puede ser cancelada o diluida. 

Ante la situación, estos, en su mayoría representados por O´Hara Administration, presentaron quejas ante entidades gubernamentales para frenar la negociación y evitar que las acciones que poseen lleguen a un valor de cero al haber una nueva emisión de acciones y se diluya el accionista minoritario. 

Así mismo, los actuales prestamistas bancarios y los tenedores de los bonos sénior asumirán pérdidas significativas, dijo la misma empresa en un comunicado dirigido a la Superintendencia Financiera.

Fuente: Portafolio.

‘Reforma tributaria no es suficiente para sostenibilidad fiscal del país’

El cambio impositivo es uno de los ajustes que se tiene que implementar
además de racionalizar el gasto público, dijo Miguel Urrutia.

Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol y Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.

El proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentaría al Congreso es algo que “tiene que aprobarse” acuerdan muchos expertos. Que en caso de que no se logre aprobar en el Congreso la economía del país entraría en una posible crisis fiscal (más gastos que ingresos) y las consecuencias serían muy graves, entre ellas la reducción de los programas sociales financiados por el Gobierno que reducen la pobreza y la inequidad. 

En este sentido la reforma se presenta como algo trascendental para la economía del país. Sin embargo, el expresidente del Banco de la República Miguel Urrutia Montoya afirmó este miércoles que la reforma tributaria que se radicaría en el Congreso a mediados de este año, “no sería suficiente para lograr la sostenibilidad fiscal del país”. Argumentó que no se puede pagar el Estado Social de Derecho con el nivel de ingresos que hay en la actualidad. 

En su presentación durante en el foro ‘Situación de las finanzas públicas: ¿más impuestos?’, Urrutia indicó que el Estado recibió entre el 2010-2012 un promedio de 13,4 por ciento del PIB en ingresos tributarios y tuvo un gasto de 18% del PIB, “diferencia que el Gobierno tuvo que cubrir con endeudamiento público”. En línea con lo planteado por Urrutia, el director ejecutivo de Fedesarrollo afirmó que los ingresos del gobierno tienen que seguir creciendo porque en el caso contrario, y según los cálculos de su organización, para el 2020 el déficit fiscal del Gobierno, que hoy en está alrededor del 3 por ciento del PIB, sería del 4%, aun después de una reforma tributaria que se pretende implementar.

"Tenemos que estar preparados para que por 3 o 4 años el precio del crudo ronde entre 30 y 50 dólares el barril".

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, resaltó durante el evento, en el que también se hizo el relanzamiento de la revista Economía Colombiana, que a pesar de que el Gobierno esté recibiendo tres puntos menos del PIB en renta petrolera, ha mantenido los niveles de gasto público y no ha entrado en crisis. “En cualquier otro momento de nuestra historia económica (la disminución de las exportaciones de petróleo) hubiera generado una crisis cambiaria, pero aquí no ha pasado nada”, dijo el Ministro, recalcando la solidez de las instituciones y el sistema financiero del país. La reforma tributaria, en este sentido “es una necesidad por donde se mire”, agregó Cárdenas.

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, invitó a estar preparados para que por 3 o 4 años el precio del barril del petróleo ronde entre 30 y 50 dólares el barril. Bajo este contexto de bajos ingresos petroleros, se comprometió a seguir hallando más pozos petroleros y sacarles más provecho a auellos que ya están funcionando (programas de recobro mejorado) para tratar de incrementar la renta de un sector “que tenemos que proteger porque seguimos siendo muy dependientes de él”.

"Pese a los factores adversos, el país no está en crisis y las instituciones y los mercados han mostrado su solidez".

 “El éxito de una reforma fiscal va a depender de hasta qué punto se logren conjuntamente los siguientes objetivos: que la reforma promueva el crecimiento económico, que esta elimine programas de gasto público que empeoran la distribución de ingresos y que el gasto público garantice los derechos económicos establecidos por la Constitución”, sugiere Miguel Urrutia como medida.

Cuatro puntos del PIB deja de recibir el gobierno por evasión

Julio Roberto Piza, miembro de la Comisión de Expertos Tributarios, asegura que el Gobierno deja de recibir 4 puntos del PIB en evasión del impuesto de renta e IVA y señala que solamente 1.8 millones de colombianos pagan impuestos. Al respecto, Santiago Rojas, director de la Dian propone que se tiene que trabajar conjutamente para luchar contra la evasión e implementar la reforma tributaria estructural.

Fuente: Portafolio.

Caída de proyecciones de Opep presiona acuerdo del domingo

El escenario económico mundial dependerá de lo que se decida el próximo domingo en Doha, Catar. Faltando cuatro días para que los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) acuerden o no el congelamiento de la cantidad de barriles que se extraen diariamente, el organismo internacional difundió en su informe mensual, que persiste el exceso entre la oferta y la demanda petrolera y en esta última variable recortó sus proyecciones.

Según los expertos, el anuncio emitido un día después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujera sus perspectivas de crecimiento de las principales economías mundiales para este año, sería una manera de empujar a los países a congelar la producción para llegar al anhelado acuerdo.

En la nueva revisión de sus estimaciones, la Opep aseguró que la demanda mundial crecerá en 1,20 millones de barriles por día (bpd),  es decir 50.000 bpd menos de los que se esperaban. La oferta global petrolera en marzo se situó en 95,68 millones bpd, frente demanda media del primer trimestre de 93,15 millones bpd y cabe precisar que  solo en el tercer mes del año, los miembros de la Opep bombearon 32,25 millones de bpd, lo que representó un alza de apenas 15.000 bpd respecto a febrero. El informe detalla que si el grupo sigue produciendo a esos niveles, a final de 2016 se generará un exceso de suministro de  790.000 bpd,  por encima del superávit de 760.000 bpd calculado en marzo.

De acuerdo a Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor, se trata de un mensaje entre líneas para presionar a los países a que detengan su producción.

“No hay una intención de nivelar la oferta y la demanda. Si hay una menor expectativa de crecimiento mundial, la demanda de materias primas será menor por lo que no tendría sentido seguir incrementando la producción”, puntualizó Santiago.

Según el informe mensual del organismo divulgado, el excedente entre la oferta y la demanda del primer trimestre fue de 2,52 millones de barriles diarios (mdb).

Frente a esto, la Opep replanteó a la baja sus pronósticos argumentando además de la coyuntura de las economías de América Latina y de China que genera gran incertidumbre,  la remoción de los subsidios para el combustible en algunos países.

Para Camilo Silva, cofundador de Valora Inversión, la desaceleración del gigante asiático que es el mayor consumidor de materias primas a nivel mundial repercutirá negativamente en los precios de Latinoamérica.

Por su parte, un informe de la Asociación Colombiana de Petróleo que prevé una tendencia alcista en los próximos cinco años, indica que si bien las economías  emergentes seguirán     moderando su dinámica, serán el principal motor del consumo mundial de crudo. “Se espera una transición lenta hacia un nuevo equilibrio de precios a largo plazo, al cual se llegará después de 2020. A corto plazo se anticipa alta volatilidad y   bajos precios, inferiores a U$40 el barril  en 2016 y cerca deU$50 en 2017. Durante los próximos cinco años se anticipa una  tendencia alcista, ya a partir de 2020 se  estabilizaría en niveles entre US$60 y US$70 por barril”, dijo la ACP.

Por ahora, los precios del crudo están cayendo a máximos de  cuatro meses. El barril  Brent bajó1,14% ubicándose en US$44,18  mientras que el crudo WTI  cedió 41 centavos, llegando a US$41,76.

“El mercado también está atento a la reducción de la producción semanal del crudo de EE.UU. que cayó por debajo de los nueve millones de barriles diarios por primera vez desde el año pasado. Esto permite que con inventarios subientes, el petróleo recupere el precio”, explicó Silva.

Ante la expectativa de la reunión y un ambiente de incertidumbre, los analistas son positivos. “Si se llega a un acuerdo, el petróleo podría alcanzar los US$45 el barril. No obstante, si no se logra,  la caída no va a ser tan fuerte como se pensaría, debido a que buena parte de las variaciones se guían por posiciones netamente especulativas”, indicó Santiago.

Perspectivas económicas de la Opep

La Opep mantiene sin cambios su proyección de oferta petrolera para 2016 en 1,8 mbd, hasta una media de 31,5 mbd, tras registrar en 2015 solo 29,7 mbd. En cuanto a la demanda global, espera un crecimiento de 1,2 mbd hasta una media de 94,18 mbd. Además,  para 2016 la Opep aseguró que los países no miembros del grupo reducirán su producción en 0,73 mbd hasta 56,39 mbd, tras una fuerte subida en 2015 cuando bombearon 1,46 mbd más que en 2014.

Fuente: La República.

Panamá Papers: ¿Desenlace inesperado?

Esta es la crónica de un escándalo anunciado sobre los paraísos fiscales. ¿Cuál debe ser la estrategia de Colombia para enfrentar este enorme desafío?

Hola. Soy John Doe. ¿Quieres información?”, fue la enigmática frase con la que un desconocido contactó a un periodista del Süddeutsche Zeitung hace aproximadamente un año. Como en la mejor película de espías, el joven periodista alemán Frederik Obermaier se limitó a escribir un simple “sí”, sin sospechar que de esta manera se iniciaba una de las mayores y más perturbadoras filtraciones de información financiera en la historia. La fuente anónima puso en manos del periodista 11,5 millones de documentos acerca de unos 14.000 clientes del bufete panameño de abogados Mossack-Fonseca. Obermaier compartió la información inicialmente con su compañero de trabajo Bastian Obermayer y luego con 400 periodistas en 80 países, a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij), con sede en Washington DC.

Las reacciones y los efectos no se han hecho esperar. Renunció el primer ministro de Islandia; Vladimir Putin –cuyo compadre y amigo, el chelista ruso Serguéi Rolduguin había canalizado más de US$ 2.000 millones a través de compañías incorporadas por Mossack-Fonseca– advirtió que se trataba de un montaje de la CIA; en China se calló la información, ya que se encontraban involucrados parientes del actual premier Xi Jinping; en Inglaterra, el primer ministro David Cameron tuvo que presentar su declaración de renta; en Ucrania el actual presidente ha estado bajo el escrutinio público; el presidente argentino Mauricio Macri reconoció la existencia de estas cuentas, pero indicó que todo había sido hecho conforme a la ley; incluso el futbolista del Barcelona, Lionel Messi, apareció en la lista, lo que parecería confirmar las sospechas de que efectivamente habría evadido impuestos. En fin, a pesar de tener solo 5% del mercado de las firmas dedicadas a este tipo de actividades, la lista parece más bien un capítulo del “who´s who” mundial.

En Colombia la filtración tampoco pasó inadvertida. La lista de Mossack-Fonseca incluye a 850 colombianos, varios de ellos funcionarios públicos, congresistas y exministros de Estado, así como conocidos empresarios. Además, se reveló que 77 firmas colombianas de abogados habían trabajado directamente con Mossack-Fonseca.

La presencia de ciudadanos colombianos en la lista en realidad no sorprendió a ninguno de los conocedores del tema. Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian y actual funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima que los colombianos tienen escondidos por fuera unos US$100.000 millones, muchos de ellos en los llamados paraísos fiscales, lugares donde los ingresos provenientes de Colombia no pagan impuestos. Ya en 2012, a pesar de que el Estatuto Tributario tenía disposiciones para combatir la evasión a través de paraísos fiscales, Ortega y unos congresistas incluyeron en la reforma tributaria un articulado que fortalecía a la Dian para perseguir los capitales ocultos y declarar como paraísos fiscales a varios países. Fue así como se terminó redactando, entre otros, el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, que reza que los paraísos fiscales serán determinados por el gobierno nacional mediante reglamento, con base en la inexistencia de tipos impositivos, carencia de un efectivo intercambio de información y falta de transparencia legal.

El efecto de que un país sea declarado paraíso fiscal lo determina el artículo 124-2, que establece que “no serán constitutivos de costo o deducción los pagos o abonos en cuenta que se realicen a personas naturales, personas jurídicas o a cualquier otro tipo de entidad que se encuentre constituida, localizada o en funcionamiento en paraísos fiscales” y estarán sometidos a una retención en la fuente de 33%. De ahí que declarar a un país paraíso fiscal tenga unas implicaciones tributarias significativas sobre los giros a ese destino.

En desarrollo de esta legislación, el Gobierno expidió el decreto 2193 de octubre de 2013, que determinaba a 44 países o lugares como paraísos fiscales y excluía transitoriamente a 7, entre ellos Panamá, con los cuales Colombia venía negociando tratados de intercambio de información tributaria con el compromiso de actualizar esa lista un año después.

Ese plazo se cumplió y las negociaciones no avanzaron prácticamente en nada. Por esos motivos, el 7 de octubre de 2014 el Gobierno incluyó a Panamá como paraíso fiscal en el decreto 1966.

Las protestas no se hicieron esperar. El gobierno de Panamá amenazó con aplicar retaliaciones a Colombia por ser un país que los “discriminaba”. Pero los panameños no fueron los únicos. Varios empresarios colombianos pusieron el grito en el cielo, ya que Panamá se ha convertido en una plataforma financiera y de negocios muy importante para ellos, especialmente para su expansión en América Central, una región que se espera crezca más que el resto de América Latina durante los próximos años, debido a su cercanía a los Estados Unidos y a las importantes remesas que de ese país fluyen hacia la región.

El 21 de octubre de 2014, el presidente Juan Manuel Santos expidió un nuevo decreto que sacaba otra vez a Panamá de la lista de paraísos fiscales, “luego de que ellos firmaran un memorando de entendimiento donde se comprometían con fecha a negociar un tratado de doble tributación y un tratado con el componente de un intercambio de información financiera, que era lo que queríamos desde un principio”. De acuerdo con el Gobierno, el memorando de entendimiento iba a estar vigente hasta el 30 de septiembre de 2015, cuando se esperaba firmar el prometido tratado. Pero el tiempo fue pasando y las negociaciones se fueron desvaneciendo hasta tal punto que muchos analistas creyeron que el tratado iba a disfrutar el sueño de los justos.

La reacción de la Ocde

A los pocos días de iniciado el escándalo, el secretario general de la Ocde, José Ángel Gurría, emitió un comunicado donde criticaba duramente a Panamá, afirmando que los Panama Papers “han revelado la cultura y la práctica del secreto financiero en el Istmo”. El comunicado establece que “Panamá es el último centro financiero internacional importante que permite aún que los capitales se oculten en paraísos fiscales de las autoridades tributarias y policiales de su propio país”. Además, menciona que “solo hace unas semanas informamos a los Ministros de Finanzas del G20 que Panamá se retractaba de su compromiso para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras”. Por último, concluye que “Panamá debe poner las cosas en orden en el país al poner en marcha estas normas con carácter inmediato”.

Esta dura crítica por parte de la Ocde y la reacción mundial al escándalo fueron recibidas con una mezcla de nacionalismo y de rechazo por los panameños, que sintieron que este era un ataque casi que personal contra su país por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, el lunes 11 de octubre, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, escribió un editorial en The New York Times titulado No culpen a Panamá; la evasión es un problema global, donde afirmaba que su país iba a colaborar con la comunidad internacional e, incluso, liderar un esfuerzo para solucionar colectivamente los problemas de transparencia en la información financiera internacional. Aún más importante, en lo que es evidentemente un giro de 180 grados en la posición panameña, afirmó que colaboraría en el suministro automático de información financiera y corporativa a la comunidad internacional, de manera “consistente con los objetivos de aquella, incluyendo la propuesta de estándares de intercambio de información financiera de la Ocde”, elaborados por su Convenio Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que suscribieron los 34 países miembros junto con una docena de no miembros, incluyendo a Colombia.

La negociación de Colombia-Panamá

Fue en esta importante coyuntura de negociaciones entre Panamá y Colombia que el escándalo de Mossack-Fonseca explotó. De hecho, el 14 de abril (día en que circula esta edición) se realizará una nueva reunión entre los representantes de los gobiernos de Panamá y Colombia.

Ahora falta ver qué posición adopta el gobierno panameño en la reunión con el gobierno colombiano. El intercambio automático de información sería el mejor resultado para nuestro país. Sin embargo, con tantos intereses de por medio, a Panamá le costará bastante esfuerzo suministrarle esta información a Colombia. Más allá del escándalo mediático, con los $15 billones anuales que se estima es el monto de evasión tributaria a través de los paraísos fiscales, el gobierno colombiano también deberá enfrentar las presiones internas y usar esta oportunidad para concretar un acuerdo de intercambio automático de información.

De Zúrich a Colón

¿Por qué Panamá adquirió tanta relevancia como centro financiero internacional, a tal punto que incluye a personajes clave del mundo político y financiero? “Échele la culpa a Suiza”, titulaba un artículo aparecido en Bloomberg. En efecto, para entender bien la situación de Panamá hay que comprender lo que le pasó a Suiza en años recientes.

Suiza era un país con un estricto secreto bancario, donde muchas personas depositaban sus recursos para evadir el pago de impuestos. Esta práctica no gustaba mucho internacionalmente, tanto así que varios países europeos presionaron al gobierno y a los bancos suizos para que suministraran información sobre los ciudadanos de países que usaban a Suiza para esconder parte de su patrimonio, desde que este país incorporó el secreto bancario en su legislación en 1934.

Los Estados Unidos siempre han tenido en la mira a los bancos suizos por esconder recursos de estadounidenses que querían evitar el pago de impuestos.

En 2009, bajo presión legal, el gigante bancario UBS entregó a las autoridades norteamericanas 4.450 nombres de personas de ese país con cuentas en Suiza y se declaró culpable de “conspiración” para ayudar ciudadanos norteamericanos a evadir sus impuestos, por lo cual pagó una multa de US$780 millones.

Este acuerdo fue ratificado por el parlamento suizo a comienzos de 2010.Quizás el golpe de gracia fue dado por el Congreso de Estados Unidos, que en 2010 aprobó la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act, Fatca).Esta ley dispone que cualquier banco que tenga clientes norteamericanos tiene que reportar sus cuentas y sus activos financieros a la Secretaría del Tesoro norteamericana, so pena de ser multado e inhabilitado para llevar a cabo cualquier transacción que involucre a los Estados Unidos. En 2013 le tocó el turno al banco Wegelin & Co.. Este banco, fundado en 1741, se declaró culpable de ayudar a más de 100 clientes norteamericanos a esconder unos US$1.200 millones durante 10 años.

Por estos motivos, Wegelin tuvo que cerrar sus puertas y fue absorbido por el grupo bancario Raiffeisen.En octubre de ese año, bajo presión del G20, el gobierno suizo indicó que firmaría el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Ocde, lo que permitiría un intercambio automático de información que de facto eliminaría el secreto bancario en ese país. Según un banquero suizo contactado por Dinero, desde ese momento hasta ahora, Suiza ha perdido 30% de sus depósitos bancarios por estos motivos, reduciendo así de una manera importante el rol que juega en esconder capitales provenientes de todos los rincones del mundo. Muchos clientes extranjeros sacaron sus recursos de ese país y los llevaron a otros centros financieros que, como Singapur o Panamá, todavía tienen un estricto secreto bancario.

Fuente: Dinero.