Mayo 18 de 2016

CIERRE MERCADO ACCIONARIO LOCAL

Índice COLCAP registra descenso del 1,01%

El Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP) cerró el martes en 1.343,88 unidades, con un descenso del 1,01% frente a la jornada anterior. En lo corrido del año el indicador bursátil registra una variación positiva del 16,48%.

En cuanto al índice de liquidez COLSC, éste subió 0,97% a 982,36 unidades, y el COLIR bajó 0,98% a 852,68 unidades. Ayer se negociaron $135.746,83 millones en 1.960 operaciones.

La especie con el volumen más alto de negociación fue ICOLCAP, con $47.894,82 millones (variación negativa en su precio del 1,39% a $13.581,00). También se destacaron en este aspecto, ECOPETROL ($25.868,28 millones, con cambio positivo en su precio del 1,38% a $1.465,00) junto con PFBCOLOM ($13.787,26 millones, con cambio negativo en su precio del 1,10% a $27.040,00).

Por su parte, TGLSC logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio de este título creció un 6,73%, con cierre de $34.900,00. También se destacó por su apreciación; ODINSA, cuyo precio creció un 4,76% a $8.800,00; y MINEROS, que ascendió un 4,15% a $2.385,00.

Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue BOGOTA, con una variación negativa del 3,95% a $62.240,00. También se presentó depreciación en: PFCEMARGOS (con una variación negativa de 2,84% a $10.940,00) y GRUPOAVAL (con una variación negativa de 2,07% a $1.180,00).

Fuente: BVC

Tarifas de energía se contraerían: en mayo caerían hasta un 10% 

El costo unitario por kilovatio hora, que se ubicó en 509 pesos en marzo, según la Superservicios, llegaría a alrededor de 450 pesos este mes.

El  costo unitario del kilovatio hora para los usuarios que estuvo en el mes de marzo, durante la etapa más dura del fenómeno de ‘El Niño’ y con amenaza de racionamiento, en 509 pesos, en estos momentos estaría por los 450 pesos, de acuerdo a los analistas del sector.

José Camilo Manzur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), afirma que en marzo el costo unitario por kilovatio hora se ubicó en 476 pesos (cifra diferente a la de la Superservicios), mientras que para el mes de abril (la última cifra disponible) se ubicó en 465 pesos, “y seguirá bajando durante los próximos meses”.

Un analista de la industria afirma que el rango de las tarifas para las diferentes empresas generadoras de energía, que en marzo estuvo entre 434 y 580 pesos el kilovatio hora, en estos momentos se ubica, de acuerdo al precio de bolsa de la energía (110 y 115 pesos), entre 380 y 480 pesos. 

“Y en los próximos meses alcanzará el rango normal: entre 320 y 380 pesos el kilovatio hora”, agrega el experto en el sector.

Alza de 5% en dos meses 

De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos, el fenómeno de ‘El Niño’ ocasionó una fuerte alza en el costo unitario de la electricidad para los usuarios en el país, al subir el kilovatio hora promedio en 25 pesos, desde 484 pesos en el mes de enero a 509 pesos a marzo, es decir, un alza de cinco por ciento. 

Los usuarios más afectados fueron los de las regiones menos pobladas del país. Las electrificadoras que más aumentaron las tarifas fueron Electrocaquetá, con 13,7 por ciento en promedio; seguida por Enerca, del Casanare, con 12 por ciento y Enelar, en Arauca, con 11,5 por ciento. En marzo, los usuarios del sistema eléctrico en Arauca terminaron pagando 580 pesos el costo unitario kilovatio hora, seguido por Caquetá con 569 pesos, los más altos del país.

Pero no en todos los departamentos el precio de la energía subió, electrificadoras como Empopayán, Guaviare y Cartago, disminuyeron las tarifas en 3,63 por ciento, 1,32 por ciento y 1,14 por ciento respectivamente.

Los usuarios de la ciudad de Popayán pagaron 434 pesos el costo unitario kilovatio hora, 
es decir casi 150 pesos menos que los de Arauca.

Por estratos

Las alzas estuvieron muy similares por estratos entre las diferentes electrificadoras, pues a los de estrato cuatro (costo unitario) se les incrementó 4,76 por ciento, mientras que los del dos, con un 4,33 por ciento, fueron los que menos las sufrieron. Los usuarios de estrato tres en el país tuvieron un alza promedio de 4,63, mientras que los del uno, 4,61 por ciento. 

Durante ese trimestre, el área de distribución sur del país fue la que tuvo el costo unitario por kilovatio más alto, con 523 pesos, en tanto que el promedio más bajo fue para el área centro, con 477 pesos, de acuerdo a cifras de la Superservicios.

En marzo, el área de distribución con el precio más alto fue la sur, con 536 pesos el costo unitario kilovatio hora, seguida por oriente, con 525 pesos; occidente, 500 pesos, y centro, con 495 pesos el kilovatio hora.

Estrategias para enfrentar la crisis

En Popayán disminuyó las tarifas en 6,4 por ciento para los estratos 1 y 2; en 5,14 por ciento para el estrato 3, mientras que para el estrato 4, las aumentó en 3,49 por ciento.

Por su parte, empresas como Emsa, en el Meta, decidieron rebajar las tarifas, en 2,30 por ciento para los estratos 3 y 4, pero subirlas para el 1 y 2 en 2,58 por ciento.

Fuente: Portafolio

Los reparos de Carvajal por el caso del cartel de cuadernos

El abogado Emilio José Archila, dice que el informe motivado de la Superindustria y Comercio “carece de solidez para sustentar condena”.

La  compañía Carvajal hizo varios reparos al informe motivado que tiene en sus manos el superintendente Pablo Felipe Robledo para decidir si se configuró un acuerdo de precios en el mercado de cuadernos con Kimberly y Scribe.

Emilio José Archila, apoderado de la compañía del Valle para este caso, explica que la solidez de la política de delación y la defensa de la competencia y los derechos del consumidor no parten de que se dicten condenas, sino de procesos justos. No descarta que la Delegatura se haya dejado llevar por el hecho de que la firma delatora participa en otros mercados en los que hizo cosas mal, y creyó que en el caso de los cuadernos estaba cartelizada.

Confía que en las siguientes instancias -el concepto del Consejo Asesor y la decisión final del Superintendente, el proceso rectifique el curso y sean escuchadas las observaciones de la defensa. A su juicio, “hay muy graves deficiencias, falencias e injusticias en el informe que deberían llevar a que el superintendente Robledo decida no sancionar a Carvajal”.

El primer cuestionamiento de Archila es que buena parte del informe motivado se basa en un solo testimonio, y que en las 182 hojas no se haga mención alguna a pruebas documentales, periciales o testimoniales de la defensa. Asegura que tampoco se tuvieron en cuenta las respuestas de los delatores que favorecían a su defendida.

Igualmente, se queja de que en el caso de la delatora el informe cita las respuestas a las preguntas que hizo la delegatura y “desconoce sistemáticamente las pruebas que favorecen a Carvajal”. 

Agrega que el investigador omitió horas y horas de preguntas que la defensa formuló a la persona.

La segunda falencia identificada está en desconocer la presunción de inocencia.
Argumenta que al apoyarse en los aportes de los delatores, la Delegatura obvió lo que no fuera útil a esa versión. 

Aunque la autoridad debe demostrar si existe culpabilidad, Archila asegura que a personas naturales se les exigió dar muestras de su inocencia.

Explica que no se probó un acuerdo de precio, por 13 años, con Kimberly y Scribe, con por lo menos 26 reuniones en total.

Carvajal dice que en 10 años no hay señales de las presuntas reuniones, y menciona que para llenar ese grave vacío se vale de la principal delatora, Ángela Zapata, que habla de que en la primera reunión a la que asistió los partícipes parecían tener ‘familiaridad’, condición de la que se sirven para deducir sobre las reuniones de los diez años anteriores.

No hay pruebas sobre el ‘cartel de precios’

No existe una prueba a lo largo del informe motivado que demuestre que los supuestos acuerdos de precios se cumplieron y que hayan tenido sus efectos, a juicio del abogado Archila. 

De hecho, explica que la defensa presentó ante la Delegatura dos estudios que muestran que al mercado han llegado más competidores, que el precio de estos productos ha disminuido en términos reales y que Carvajal Educación ha perdido participación de mercado entre el 2002 y el 2014. “Resulta increíble que Carvajal haya sostenido un acuerdo por más de 11 años para perder dinero y mercado”, advierte.

Fuente: Portafolio

Con activos en Panamá no declarados se harían dos líneas del metro de Bogotá

Los Papeles de Panamá siguen sumando polémicas y cifras escandalosas. Ayer el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría; y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), Santiago Rojas, anunciaron que de las 1.200 personas que están involucradas, por lo menos 65% estarían evadiendo impuestos en Colombia.

Además, Rojas dio a conocer que los colombianos declararon en 2015 $145 billones, los cuales hacen parte de activos en el exterior. De estos, $30 billones se declararían en Panamá, pero se estarían dejando de presentar por lo menos $30 billones adicionales. Este monto reúne el dinero de todos los colombianos que están en el país centroamericano, pero no necesariamente los de la lista de los Papeles de Panamá.

El dinero no declarado es equivalente a dos líneas del metro de Bogotá, al presupuesto de educación en el Plan Nacional de Desarrollo o el valor que tendría que pagar Volkswagen a las autoridades de Estados Unidos por el  escándalo de las emisiones de sus motores diesel.

En este sentido Cárdenas fue enfático al decir que “no es ilegal tener activos en el exterior. Lo ilegal es no declararlos”.

El ministro de Hacienda detalló que la investigación empezó cuando el consorcio internacional publicó las listas de sociedades y personas naturales que tienen inversiones en Panamá. “Desde ese momento la Dian se dio a la tarea a investigar a los colombianos que están obligados a declarar en Colombia y que tienen estas sociedades”.

Además, comentó que “las personas involucradas y que evaden presentan un formulario del Banco de la República, con el cual demuestran que con las sociedades que tienen han realizado inversiones, pero es importante aclarar que el formulario que verdaderamente sirve es el formulario de pagos en el exterior de la Dian”.

Por su parte, Rojas sostuvo que para realizar la investigación unieron las listas de las declaraciones que tiene la Dian, los formularios de pago en el exterior, la información que tiene el Banco de la República, datos exógenos y los documentos que han salido en los medios de comunicación.

“Contamos con un grupo de 50 auditores trabajando con esta información, quienes a hoy reportaron que hay 60 expedientes abiertos completos para iniciar el procedimiento por la violación tributaria”, dijo Rojas.

De estos 60 expedientes, hay 10 casos que manejaron el fenómeno de refacturación; 30 casos en los que se vendieron activos de Colombia y se recibió el dinero en el exterior; y otros 30 en los que, en general, se tienen activos y no se declararon.

Adicionalmente, se precisó un caso en el que una persona tenía varias empresas en Panamá y una en Colombia, con la cuales realizaba acuerdos comerciales ficticios que generaban ingresos en el país vecino y no tenía que pagar impuestos.

Para los analistas, con los montos que se dejan de declarar en el exterior, específicamente en Panamá, se podría llegar a lograr una normalización tributaria, además queda en el ambiente si con estos recursos no declarados sería necesaria una reforma tributaria.

Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, afirmó que estas cifras de evasión “muestra la poca cultura de tributación y es un ejemplo para que nosotros cambiemos un ciclo negativo de altos impuestos y alta evasión. Una cultura de pago implicaría mayor presupuesto para temas como infraestructura, programas sociales y mantenimiento del Estado. Además, es un tema de equidad, que la gente que más tiene ayude a los más necesitados”. 

Por su parte, Ricardo Bonilla,  exsecretario de Hacienda del Distrito y miembro de la comisión de expertos tributarios, aseguró que “si todos los que tuvieran obligación de tributar y lo estuviera haciendo como es, estaríamos obteniendo una mayor cantidad de recursos en renta y con esto reduciríamos un poco el déficit pero hay que ajustar las normas para crear un sistema más equitativo”.

Finalmente, Gustavo Cote, exdirector de la Dian, dijo que “si se ataca la evasión a fondo, eso puede aminorar las necesidades recaudatorias de la reforma tributaria, sin embargo no se puede eliminar completamente esta reforma”. 

Oportunidad para normalizar activos

Tanto el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, como el director de la Dian, Santiago Rojas, dijeron que esta era la oportunidad para que las personas que tienen activos en el exterior los declaren en Colombia, ya que en estos momentos existe la opción de normalizarlos con una tasa de 11,5%, pero si la Dian llega a captar estos bienes puede cobrar una multa de hasta 200%

Fuente: La República

Se crean fisuras en el Consejo Gremial por protagonismo de Bruce Mac Master

El Consejo Gremial Nacional (CGN), que reúne y convoca a 21 gremios de empresarios de todos los sectores en Colombia, decidió hacer un documento que reuniera sus puntos de vista sobre el proceso de paz.

Para tal fin, acordaron reunirse el pasado viernes y a las 11:00 del día presentarían un texto en el que recogían sus puntos de vista. Pero el representante de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, nunca llegó a la cita por lo que no se pudo hacer lo acordado. 

Cuál sería su sorpresa, cuando el presidente de la Andi junto con los industriales reunidos en Proantioquia y la Universidad Eafit, también de la misma región, dio a conocer el lunes un documento que manifestaba el apoyo al proceso de paz chiviando a sus colegas.

Según conoció LR de parte de los agremiados, esta situación ha creado una fisura en el gremio que para algunos empezó luego de que Bruce Mac Master no lograra estar por un periodo más en la presidencia del gremio.  

Este diario trató de comunicarse con Mac Master y Santiago Montenegro, presidente del CGN, para conocer su opinión sobre este hecho. Sin embargo, ninguno quiso hablar públicamente, aunque sus otros miembros sí lo hicieron. 

Ese es el caso de Guillermo Botero, presidente de Fenalco, quien dijo que el gremio no está dividido “simplemente estamos discutiendo si se saca un comunicado o no, pero no hay ningún inconveniente en el Consejo Gremial. Eso sí, hay gente que piensa diferente, si lo hay, una cosa puede pensar la Andi, otra Fasecolda, otra Fedegan y otra Fenalco”, explicó.

Además, afirmó que cuando en el Consejo Gremial no hay unanimidad, cada uno se pronuncia por separado, como en el caso de la reforma tributaria. En lo que sí hay unanimidad es en apoyar el proceso de paz. 

Javier Díaz, presidente de Analdex y quien por estar fuera del país tampoco asistió a la reunión del pasado viernes, dijo que “el Consejo Gremial todavía no va a expedir un comunicado, vamos a seguir discutiendo y si es necesario se emitirá, pero por ahora no va a haber una comunicación, tendremos que volvernos a reunir, esto es un proceso, la otra vez se elaboró un documento que se le dio al presidente y en este caso tendrá que ser de la misma manera”.

Así las cosas, el Consejo Gremial seguirá discutiendo las propuestas que se están planteando en La Habana con el fin de dar mayores aportes. Cabe recordar que el 19 de octubre del año pasado Mac Master presentó un documento en el que se planteaban ocho reflexiones sobre el proceso con aspectos como que el acuerdo sobre la reparación de las víctimas deberá asegurar que las Farc asuman su cuota de responsabilidad, tanto en la dimensión moral como en la económica y que es indispensable el cese efectivo de todas las actividades delictivas de la guerrilla, incluyendo terrorismo, minería ilegal, narcotráfico, secuestro, contrabando y extorsión, al igual que la entrega de bienes y recursos, entre otros.

Según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, “brindamos total apoyo al proceso de paz y confiamos en que lo acordado en La Habana no solo le pondrá punto final a un conflicto de medio siglo sino que, en buena hora, traerá consigo los desafíos inherentes a cualquier periodo de posconflicto”. 

El documento chiviador

¿De qué se trata el documento que presentó la Andi, Proantioquia y la Eafit?. Según conoció LR, data de hace más de un año y concluye que “la superación del conflicto armado es trascendental para Colombia y apoyamos el actual proceso de negociaciones con las Farc”. 

Además, dice que la agenda del país debe ser vista de manera amplia e integral en el entendido de que los compromisos del Estado y la sociedad colombiana con las guerrillas, deben ser parte de los temas estratégicos para la democracia, la equidad, el desarrollo y la sostenibilidad.

Por esto, “invitamos a los partidos políticos, los movimientos sociales, trabajadores, la academia, los gremios, la guerrilla en tránsito hacia la democracia y todas las instituciones  a trabajar juntos para construir una sociedad en paz”, indicó.

Crece la expectativa por los nuevos acuerdos

Frente a los acuerdo recién conocidos, Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que “resultan positivos en la medida de que uno ve que finalmente están llegando a la terminación de este proceso de negociación, ya no queda sino un punto y uno esperaría que rápidamente se pueda evacuar para proceder como se ha definido en el comunicado 69 que se conoció el pasado jueves”. La expectativa sigue creciendo en el sector.

Fuente: La República

Con la prueba reina y no le creen

Una clienta de la Tarjeta de Crédito CMR de Falabella tiene que pagar por las compras hecha con su tarjeta robada en Brasil

ña Luz Marina Velásquez vive en Cali y en febrero de este año salió de viaje para Brasil y estando en un centro comercial de Sao Paulo fue a comprar algo y se dio cuenta de que le había robado su billetera, todos sus documentos importantes se los llevaron incluida su tarjeta de crédito del Banco de Occidente, la única tarjeta que había llevado ya que, todo lo que pensaba gastar lo haría en dinero efectivo, pero su esposo le había insistido que era mejor tener ese recurso para algún evento especial e imprevisto.

Obviamente antes de su viaje, doña Luz Marina había avisado al Banco de Occidente su intención de viaje a Brasil y por supuesto, lo primero que hizo cuando se dio cuenta del robo, fue pedirle a su esposo que llamara al Banco para denunciar el robo y cancelar esa tarjeta, diligencia que realizó muy rápidamente y no tuvo inconvenientes mayores. De regreso a Cali, la señora va con su esposo a Homecenter y vieron una promoción especial para clientes con tarjeta CMR de Falabella y por supuesto se acercaron a la caja registradora para pagar, cuál no sería la sorpresa de doña Luz Marina cuando descubre que su tarjeta no la tiene en la cartera, se desplazan a su casa y verifican la existencia de la misma, pero no está. Es consciente por primera vez de haber llevado involuntariamente la tarjeta CMR a Brasil y se da cuenta de que también se la robaron. 

Llama de inmediato a Falabella para reportar el incidente y le piden que se desplace hasta la oficina de Unicentro a fin de informar en detalle lo acontecido, así lo hace, le informan que efectivamente se han hecho compras en establecimientos de comercio en Brasil por $3.686.000 y le piden llenar unos formularios para continuar con los trámites internos. Además, le ordenan una nueva tarjeta de crédito que la clienta acepta recibir. 

Unos días después recibe una carta en la que Paula Andrea Rodríguez representante de servicio al cliente de CMR, le informa que, no es posible atender su solicitud ya que “los establecimientos comerciales son los responsables de hacer las validaciones necesarias a la documentación presentada en el momento de efectuar la compra” lo cual contrasta Luz Marina, con la respuesta recibida por el Banco de Occidente cuando reportó su salida del país y ellos tomaron nota atenta de las fechas de salida y regreso a fin de autorizar sin problemas las transacciones que se presentaran en ese tiempo. Al Banco Falabella eso no le importa y cuando las tarjetas de sus clientes son robadas, el hampón queda autorizado para hacer transacciones en cualquier parte del planeta que a ellos no les interesa. En consecuencia, le informan, debe cancelar el valor de las compras hechas en Brasil con su tarjeta robada en dicho país. La clienta está decepcionada, se siente engañada ya que ella nunca reportó al Banco Falabella su salida al exterior a fin de que le fueran autorizados gastos en dólares y, aun así, se verá obligada a pagar lo que no consumió. Le parece inaudito que una entidad sea capaz de negarle que la tarjeta le fue robada y viviendo ella en Cali, Colombia le aprueben compras en el exterior sin haber sido avisados previamente de ese desplazamiento. 

El banco le informa que en repetidas ocasiones le enviaron mensajes telefónicos avisándole de las compras en el exterior, pero ni ella recibió dichos mensajes, ni en su casa tampoco los recibieron, pero curiosamente, desde que ella recibió la nueva tarjeta recibe mensajes permanentes de CMR para ofrecerle servicios y productos adicionales. De todas maneras, la clienta decepcionada por la respuesta tan absurda y sintiéndose completamente desprotegida por CMR y el Banco Falabella, decidió retirarse y devolvió su tarjeta el pasado 12 de abril. 

El peor error de una marca es su falta de transparencia y por supuesto, lo que la señora Luz Marina siente en este momento, es el desengaño porque la obligaron a pagar algo que no tenía por qué hacer ya que ella tenía la prueba reina que la eximía del pago: al no haber avisado al banco de su desplazamiento a otro país, ellos no podían autorizar compras en el exterior. Sin embargo, la funcionaria hizo caso omiso de este argumento sólido e incuestionable y exigió a la clienta el pago de su obligación. 

Varias preguntas se hace la clienta para demostrarse lo insólito de su caso: 

·    ¿Cómo pueden autorizar el pago de una compra en Brasil si yo vivo en Colombia? 

¿Por qué tengo que pagar los errores de aquellos empleados del Banco Falabella y su tarjeta CMR, que autorizaron el pago en dólares de una tarjeta expedida en Colombia y cuyo titular vive en Cali y nunca avisó de su salida del país?

·  ¿Será que conseguir un cliente nuevo para reemplazarme, les cuesta menos de $3.600.000? 

·  ¿Cuántos millones de pesos les podría comprar en el futuro inmediato, si hubieran reconocido su error y me eximieran de pagar ese dinero?

Cuando el cliente tiene la razón solo existe una opción: dársela y acto seguido, convertir ese hecho en una gran oportunidad para generar una experiencia memorable. Lo primero es, servicio al cliente -entender los argumentos del cliente y aceptarlos de inmediato-, lo segundo -comunicarlos con una disculpa por las molestias causadas y enviarle un pequeño detalle que le demuestre que los errores se pagan con plata-, sería la mejor forma cómo CMR hubiera podido aprovechar este lamentable incidente para asegurar la lealtad de esta clienta. Pero ellos, o por lo menos para su funcionaria de servicio al cliente, prefirieron pensar en el corto plazo y conseguir abusivamente el pago por parte de la clienta de unas compras que no podía hacer y ellos sabían que no podía hacerlo ya que viviendo en Cali no puede comprar en Brasil sin avisar, por ello la perdieron. 

Fuente: Portafolio

La economía mundial está en alerta máxima por el aumento de la deuda

La elevada magnitud de la deuda global es un obstáculo para la actividad económica y puede perturbar la estabilidad macroeconómica y 

¿Cuál es la causa de la lentitud con la que avanza la actividad económica en el mundo? Aunque la respuesta puede tener varios componentes, uno de los factores que está influyendo es la elevada deuda global (286% del PIB), que agrava la debilidad estructural y la desaceleración coyuntural del crecimiento.

En contra de lo previsto, la deuda se incrementó 17% del PIB mundial después de la crisis financiera internacional de finales de la década pasada, por partes iguales en las economías avanzadas y las emergentes, como consecuencia de las políticas adoptadas. En las avanzadas, los gobiernos se endeudaron para financiar los rescates del sector financiero y la expansión fiscal que sostuvo la demanda.

Al mismo tiempo, el relajamiento de la política monetaria en esas economías y el superciclo de las materias primas generaron un flujo de inversión extranjera hacia las emergentes, donde alimentó la profundización del crédito a los hogares y las firmas.

Como explica Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York, el crecimiento potencial de las economías avanzadas disminuyó por razones estructurales, como el descenso de la población económicamente activa debido al envejecimiento. También cayó por motivos coyunturales, como la erosión del capital humano, originada por el prolongado desempleo, y una menor tasa de inversión, que ralentiza la acumulación de capital y la productividad.

El descenso de la inversión es una consecuencia de la elevada deuda, que constriñe la demanda. Como aclara Laura Tyson, profesora de la Universidad de California, la inversión depende en mayor proporción de las perspectivas de la demanda que de la rentabilidad. Por esta razón, cuando las expectativas de los empresarios sobre la demanda son malas, como ocurre hoy, la inversión se frena.

Aunque la tasa de inversión no se ha resentido en las economías emergentes, existe ese riesgo. En muchas de ellas porque una parte se financia con ahorro externo, que disminuirá por la ralentización de la demanda de materias primas, la baja rentabilidad de producirlas y unos menores flujos de portafolio. En otras, porque se encuentran en recesión, como Rusia y Brasil. Y en China, en particular, porque financió con deuda –en una suma equivalente a una tercera parte del endeudamiento desde la crisis– un exceso de inversión en activos con una baja rentabilidad, que no es suficiente para amortizar las obligaciones contraídas. Por esta razón, 40% del crédito en ese país se usa ahora para pagar intereses.

En la coyuntura actual, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes el crecimiento está debajo de su potencial, en parte como efecto de un exceso de apalancamiento. Al aumentar significativamente sus deudas, los hogares, las firmas y los gobiernos no pueden incrementar la demanda de una manera dinámica, porque su ingreso neto de obligaciones financieras se reduce. En lugar de disminuir, el endeudamiento aumentó en la mayoría de los países analizados en un estudio reciente de McKinsey Global Institute (2015).

Una elevada deuda también incrementa la vulnerabilidad de las economías a los choques abruptos. Como explica Michael Spence, premio Nobel de Economía, las obligaciones sostenibles con bajas tasas de interés, al incrementarlas pueden resultar insostenibles. En ese caso, una alta mora del sector privado materializaría el riesgo de crédito para la banca y afectaría su patrimonio. Por tal motivo, se contraerían los préstamos, se congelarían los mercados financieros y no se podrían rotar las deudas ni financiar la demanda.

De manera similar, una moratoria sobre la deuda pública destruiría la confianza en la solvencia del Estado, lo cual impediría la rotación de las obligaciones y la financiación del gasto gubernamental. La moratoria pública también materializaría el riesgo de mercado para el sistema financiero, con pérdidas que comprometerían su capital. Por otra parte, una elevada deuda de los hogares los expone a un descenso en el precio de los activos, que disminuye su riqueza. Por esta eventualidad, caería su consumo.

De este modo, ante una perturbación fuerte –como un incremento de las tasas de interés y una desvalorización de los activos–, un alto endeudamiento precipitaría una crisis financiera que causaría una recesión. Para evitarlo, las instituciones financieras deben permanecer bien capitalizadas, conservar una abundante liquidez, no exponerse en exceso en los mercados financieros, ni relajar los estándares del crédito.

Cuando en una crisis la mayor parte de la deuda recae en un sector público insolvente, como en Grecia, para servirla hay que buscar crédito multilateral. Para obtenerlo, como explica Mohamed El-Erian, consejero económico de Allianz, es necesario emprender un ajuste fiscal que genere un superávit primario para amortizar la deuda.

Sin embargo, el exceso de austeridad pública, si no hay suficiente demanda privada, genera una depresión que mantiene la carga de la deuda. Si no se puede negociar con éxito su disminución, para reactivar el gasto, entonces de todas maneras la deuda se desvaloriza en los mercados, que pierden credibilidad en el gobierno. Se produce entonces una fuga de capital que devalúa la moneda y desvaloriza los activos.

La desconfianza de los inversionistas y los consumidores postra la demanda, lo cual profundiza la depresión. Entre más tarden los acreedores y el gobierno en negociar una disminución del valor de la deuda, mayor será la duración de la depresión y la pérdida de bienestar.

Por estos peligros, en opinión Robert Skydelsky, profesor de la Universidad de Warwick, no se debe contraer deuda para financiar de forma sistemática el gasto corriente. Por el contrario, debe utilizarse con preferencia para proyectos de inversión que creen activos rentables, cuyos rendimientos la amorticen. Este es el caso de la inversión pública que aumenta el crecimiento potencial, como la que se hace en infraestructura, salud y educación.

También se puede recurrir a la deuda en situaciones de emergencia, para financiar una expansión del gasto público que estimule de manera temporal la demanda, pero sin convertirla en un mecanismo permanente.

El estancamiento y la baja inflación en algunas economías avanzadas –como en la Zona del Euro y Japón– dificultan reducir la deuda en términos reales, por lo cual permanece comprimida la demanda. De este modo se genera un círculo vicioso de elevada deuda, escasa demanda, estancamiento y deflación.

Por tal motivo, las economías que acumularon mucha deuda necesitan eliminar rápido, pero sin caos, la parte insostenible para dinamizar la demanda en el corto plazo e incrementar la tasa de inversión y el crecimiento potencial en el mediano plazo. De otro modo, quedarán atrapadas en largos desapalancamientos que prolongan el estancamiento, como advierte Carmen Reinhart, profesora de la Universidad de Harvard. En ese caso, su lento crecimiento no contribuirá a aumentar la actividad económica global ni a dinamizar el comercio internacional.

Fuente: Dinero

El 65 % de colombianos que aparece en 'Panamá Papers', no ha explicado sus cuentas

El Minhacienda señaló que hay 60 casos de violación a las normas tributarias y 10 empresas que hicieron refacturación se investigarán penalmente.

El  ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que el 65 por ciento de los colombianos que aparece en los listados de 'Panamá Papers' (Papeles de Panamá) aun no ha reportado información sobre sus cuentas o activos y, agregó que se les abrirá una investigación tanto a las personas naturales como jurídicas.

El trabajo de indagación y recolección de la información fue realizado por la Dian, que investigó a las personas jurídicas, revisando su NIT, y también a las personas naturales, con su número de cédula y para conocer su situación como contribuyentes en Colombia. 

El pasado 8 de mayo se dio a conocer una base de datos filtrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que incluye unas 200.000 empresas de fachada y nombres de particulares asociadas a revelaciones por evasión fiscal.

Dicha base arroja como resultado 1.854 empresas offshore, es decir sociedades fantasma constituidas en paraísos fiscales que no tienen actividad económica real pero que permiten hacer trámites financieros y recibir beneficios tributarios. Esta actividad, aunque no es ilegal, muchas veces puede ser asociada a actividades ilícitas como lavado de activos.

Allí, hay 1.245 clientes colombianos vinculados a esas firmas y 233 firmas que sirvieron de intermediarias en un momento determinado.

El Ministro Cárdenas aclaró que esas listas se complementaron con una visita de la Dian a la firma Mossack y Fonseca en Bogotá.  "El porcentaje de personas naturales y jurídicas que ha declarado y reportado esas inversiones es sumamente bajo. Del total de personas listadas, solo 35 por ciento ha reportado esas inversiones, un 65 por ciento ha evadido su obligación", agregó Minhacienda.

Cárdenas apuntó que cuando se trata de contribuyentes colombianos, "tienen que reportar sus activos y sus ingresos globales, no solo lo que tengan en Colombia sino en cualquier jurisdicción".

Asimismo, aclaró que no es suficiente con presentar el formato de declaración de cambio por inversiones internacionales del Banco de la República.

"No. Este es un formato que muestra que esas sociedades panameñas han hecho inversiones en Colombia, pero no es un formato que reporte que han sido declaradas tributariamente".

El Ministro afirmó que la obligación del contribuyente es llenar un formulario de declaración anual de activos en el exterior. "Allí se reportan activos y propiedades en el exterior y si exceden la cifra de 106 millones de pesos, hay que hacerlo de manera detallada, pormenorizando e esas inversiones, las cuentas en bancos, finca raíz, etc". 

Esta declaración debe anexarse al impuesto a la riqueza que se debe presentar durante estos días, hasta el 24 de mayo. 

LA PUNTA DEL ICEBERG

Por su parte, el director de la Dian, Santiago Rojas, dijo que lo que se ha descubierto hasta ahora es "la punta del iceberg".

"En la Dian estamos manejando y analizando mucha información: una de registro a la firma de abogados en Bogotá, y otra, con las declaraciones que se reportan la Dian. Además de los formularios de pagos de servicios al exterior. La estamos analizando con 50 auditores para detectar casos en los cuales hay evasión tributaria". 

Rojas explicó que se analiza si ese activo en el exterior fue adquirido con ingresos que pagaron impuestos en Colombia, de lo contrario hubo evasión tributaria en ese momento, dijo.

El director de la Dian informó que ya hay armados 60 expedientes con información para iniciar procedimiento con cada contribuyente por temas de violación a normas tributarias y cambiarias.

"Vamos a llegar a 500 expedientes de colombianos con problemas tributarios al estar en esas listas".

De esos 60 casos a los que se les pedirá explicación, Rojas advirtió que se encontraron 10 en los cuales hay refacturación, es decir, un grupo de empresas en Colombia que quería justificar e inflar costos y gastos en el país y contrató servicios de empresas en Panamá para que emitiera factura y luego, enviarle plata a esa empresa en Panamá para justificarlo como un gasto en Colombia, para disminuir utilidades y el pago de impuestos.

"Descubrimos que se pagaba el 3,5 por ciento de comisión por compra de esa factura en Panamá", reveló Rojas.

La Dian les cobrará una sanción de 160 por ciento del mayor impuesto a cargo y con el tema de las facturas falsas habrá connotaciones penales.

"Hay 30 casos de grupos familiares que vendieron un apartamento en Colombia o una empresa o activo y recibieron el pago en el extranjero y nunca lo reportaron en el país y ese un activo omitido en el exterior. Con esa plata en el exterior crearon empresa en algún país y así justificaban que esa empresa era la dueña del activo", explicó el funcionario.

Rojas agregó que los otros 30 casos son personas que tienen activos en el exterior, que no los tienen declarados y no aparecen ni en la declaración del impuesto a la riqueza ni en la declaración de renta.

Fuente: Portafolio