CIERRE MERCADO
ACCIONARIO LOCAL
Índice COLCAP registra
descenso del 0,35%
El
Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP) cerró el jueves en
1.302,13 unidades, con un descenso del 0,35% frente a la jornada anterior.
En
lo corrido del año el indicador bursátil registra una variación positiva del
12,86%. En cuanto al índice de liquidez COLSC, éste bajó 0,61% a 982,97
unidades, y el COLIR bajó 0,36% a 826,98 unidades. Ayer se negociaron
$104.447,37 millones en 1.982 operaciones.
La
especie con el volumen más alto de negociación fue PFBCOLOM, con $17.394,00
millones (variación positiva en su precio del 1,24% a $26.080,00). También se
destacaron en este aspecto, ECOPETROL ($17.271,26 millones, con cambio negativo
en su precio del 1,06% a $1.395,00) junto con GRUPOSURA ($10.010,49 millones,
con cambio negativo en su precio del 0,91% a $36.860,00).
Por
su parte, PFDAVVNDA logró el ascenso más importante durante la sesión. El
precio de este título creció un 2,47%, con cierre de $25.740,00. También se
destacó por su apreciación; ISAGEN, cuyo precio creció un 1,89% a $4.050,00; y
PFBCOLOM, que ascendió un 1,24% a $26.080,00.
Entre
los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue CONCONCRET,
con una variación negativa del 4,17% a $1.150,00. También se presentó
depreciación en: CEMARGOS (con una variación negativa de 2,58% a $11.340,00) y
CORFICOLCF (con una variación negativa de 1,57% a $37.500,00).
Fuente:
BVC
Superfinanciera denunció 54 cláusulas o prácticas abusivas del
sistema
Con el objetivo de proteger a los usuarios del
sistema financiero, la Superintendencia Financiera identificó mediante la
Circular Externa 018 de 2016 54 cláusulas y prácticas abusivas en las entidades
financieras, luego de realizar una segunda revisión a los contratos que firman
los clientes y analizar las relaciones entre los usuarios y las entidades
vigiladas. Entre estas, la primera es limitar el pago anticipado total o
parcial de las obligaciones sin que se advierta la posibilidad de elegir si el
mayor pago se abona a capital con disminución de plazo o se abona a capital con
disminución del valor de la cuota de la obligación.
De
acuerdo con el informe de la Superfinanciera, en este punto se identificó que
los establecimientos de crédito no están respetando las decisiones de los
usuarios respecto a la destinación de sus pagos anticipados o imponen la que
más les conviene.
La
segunda práctica identificada es la que llevan a cabo entidades “que para la
terminación del contrato o cancelación de un producto o servicio obliguen al
consumidor financiero a cumplir requisitos mayores a los solicitados al momento
de la celebración del mismo”.
En
el tercer lugar se determinó, como otra cláusula abusiva, aquella que
permite descontar de manera anticipada (desde el desembolso) cuotas de
créditos.
Alfredo
Barragán, especialista en banca, sugiere que “una vez le hagan una oferta
verbalmente en una entidad financiera, pida la información por escrito del
producto financiero que va adquirir, para que sepa qué cláusulas incluye y no
vaya a cumplir con algunas que no le corresponden”.
A su
turno, están las que exigen que el cliente debe efectuar pagos desde la fecha
de aprobación de los créditos, aún cuando el desembolso de los mismos se
realice con posterioridad a dicha fecha.
La
quinta cláusula identificada se presenta cuando las entidades bancarias
cobran por el primer paz y salvo que solicita el usuario cuando termina
de pagar un crédito.
La
sexta práctica abusiva percibida es “La que exime a las entidades vigiladas de
asumir la responsabilidad por aquellas consignaciones o transferencias que
teniendo la posibilidad de verificar previamente con el depositante sobre la
correcta titularidad del producto, recibe o ejecuta”.
Respecto
al sector asegurado, la Superfinanciera indicó que las compañías aseguradoras
tienen la obligación de devolver la prima no devengada cuando se ha terminado
un seguro antes del vencimiento de la póliza, bien sea que la terminación la
realice la misma entidad aseguradora o el cliente. Esta es la séptima
práctica abusivas encontrada.
El
octavo requisito que no deberían exigir las aseguradoras son documentos que
son irrelevantes para realizar la correspondiente indemnización.
Las
prácticas que le permiten a las compañías de seguros revisar las condiciones de
asegurabilidad solo al momento del siniestro es el noveno punto identificado.
Finalmente,
la décima práctica es cuando dan la posibilidad de realizar prórrogas o
renovaciones de productos de manera automática, que no puede darse sin primero
consultarlo con el usuario.
Qué pasa si identifica estas prácticas abusivas
Según
la Superfinanciera, si identifica estas cláusulas o prácticas abusivas
“significa que se considera como no escrita, por lo tanto no tiene efectos
para el consumidor financiero”. Razón por la que si identifica o detecta
que una entidad incluye en los contratos cláusulas o prácticas de las definidas
en la norma, no está obligado a cumplirlas y en caso de que la entidad insista
en aplicarla, podrá presentar su reclamación ante la Superfinanciera para
evitar que se siga ejecutando.
Fuente:
La República.
Analistas dudan que el petróleo pueda sostener los US$50 por
barril
El barril de petróleo volvió a estar por encima de
los US$50, como no pasaba desde el 3 de noviembre de 2015. A pesar de eso, los
analistas siguen recelosos sobre las posibilidades de que el barril de crudo se
sostenga en ese precio en el mediano plazo, y advierten que, si bien el valor
puede mantenerse por unas semanas, no hay fundamentales técnicos para que esté
por encima del medio centenar de dólares.
Ayer,
sobre las 8 a.m. (hora de Nueva York), el precio del barril de referencia Brent
llegaba a US$50,5 por barril, mientras que el WTI llegaba a US$50,19. De
acuerdo con el analista de Valoralta, Diego Velásquez, este incremento en el
precio del crudo se debe a “los recortes de producción de países como Nigeria y
la caída de los inventarios de crudo de Estados Unidos. Esto hizo que la
cotización del petróleo tomara fuerza, y fue la principal razón para que tocara
ese valor sobre US$50”.
A
pesar de ese arranque, el barril cayó en la jornada, hasta cerca de US$49,5 (en
las dos referencias), y el jefe de investigaciones económicas de Profesionales
de Bolsa, Juan Felipe Pinzón, explicó que se debió a los buenos datos
económicos que se conocieron en EE.UU.
“El
dato de órdenes de bienes durables salió en 3,4%, por encima del 0,3% que
esperaba el mercado. Por el lado de las peticiones de subsidio de desempleo, la
semana pasada solo hubo 268.000, mientras que se esperaban 275.000. Estos dos
datos le dan aún más impulso a la posibilidad de que la Fed suba de
tasas, y ante eso, se fortalece el dólar y se disminuye la demanda de materias
primas”, aseguró.
Con
esto, la Reserva Federal de los Estados Unidos vuelve a ser el personaje
principal en la historia del precio del petróleo, y Velásquez expresó que “para
las próximas jornadas, en la medida que los inventarios de EE.UU. sigan
cayendo, y siga habiendo problemas en la producción, puede seguir subiendo el
precio del crudo. Sin embargo, estamos pendientes a la reunión de la Fed,
porque si realmente suben tasas, el dólar se fortalecería y eso haría
retroceder al petróleo”.
Al
igual que Velásquez, Pinzón dijo que los ojos del mundo están puestos en lo que
haga la Fed, y en vista de que no se prevé un acuerdo entre los países de la
Opep en la reunión que sostendrán la próxima semana, afirmó que “el
fundamental nos da suficiente información para tener la expectativa de que el
precio se mantendría este mes y el próximo entre US$45 y US$55, pero
técnicamente la tendencia no es suficientemente fuerte como para mantener por
mucho tiempo la tendencia alcista”.
De
la misma manera, el director de investigaciones de Alianza Valores, Felipe
Campos, explicó que “es difícil que siga subiendo el petróleo, porque para que
siga al alza, se necesita que todos los datos estén a su favor, como ha venido
pasando. Además, no se puede olvidar que un dólar fortaleciéndose presiona el
crudo a la baja”.
Dólar perdió $7,44 frente a la Tasa Representativa
Tras
el cierre de la sesión en el mercado cambiario, el dólar perdió $7,44 frente a
la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que era de $3.061,89. El precio
promedio de la divisa estadounidense en la sesión fue de $3.054,45. De acuerdo
con la plataforma de negociación Set FX, el precio de apertura fue de
$3.050,1, mientras que el cierre fue de $3.052,85. El máximo que alcanzó este
tipo de cambio fue de $3.060,05, el mínimo estuvo en $3.047,15, y en la sesión
se negociaron US$818 millones en 1.561 operaciones.
Fuente:
La República.
Drummond se defiende y
le exige a PAX que se retracte de sus acusaciones
La
empresa asegura que no ha violado derechos humanos en Colombia ni ha sido
victimario durante el conflicto armado, como lo asegura la ONG.
Esta
es la entrada de la carta que Drummond le dirigió al director de PAX.
Este
jueves, Drummond salió a defenderse de las acusaciones de la ONG PAX quienes,
según la compañía, los han señalado de violar derechos humanos en Colombia y de
ser parte activa del conflicto interno armado que padece el país desde hace más
de 50 años.
La firma asegura que la ONG dirigió una carta en marzo a sus clientes en Europa pidiéndoles que no realicen negocios con la empresa. Además, Drummond acusa a PAX de haber usado falsos testigos para la elaboración de su documento ‘El Lado Oscuro del Carbón’, en el cual incluye los señalamientos contra la firma.
“Cuando ustedes estaban realizando el trabajo de campo, nosotros les informamos que estaban utilizando falsos testigos. Desafortunadamente, usted ignoró esta información (…) dicho reporte está lleno de falsas afirmaciones e imprecisiones. Esto puede ser corroborado con las múltiples decisiones judiciales en favor de la compañía tanto en Colombia como en Estados Unidos. Quisiéramos hacer un llamado por el respeto a la rama judicial de estos dos países soberanos”, agrega la compañía en su carta dirigida al director general de la ONG, Jan Gruiters.
La empresa también afirma que, en los casos en su contra, se han sobornado testigos para que den declaraciones falsas.
Drummond le exige a PAX que se retracte y retire sus acusaciones ante las compañías a las que les ha pedido anulen toda relación con la firma.
Además
de manifestarse a favor del proceso de paz, la compañía le enlistó a PAX en su
carta los beneficios que la firma le ha traído al país, entre los que apunta
“mejorar la calidad de vida de las comunidades en nuestra área de influencia”,
ayudar a “mejorar la infraestructura en colegios, hospitales, clínicas y vías”
y trabajar “con autoridades locales para entrenarlos y ayudarles a formular
planes de desarrollo que beneficien, en lo posible, a todos los habitantes de
la región”.
Drummond también asegura estar llevando a cabo programas de gestión y compensación ambiental, y agrícolas, además de participar en estudios sobre el impacto de la minería en el país.
“Siempre hemos trabajado con el que ha querido trabajar de forma constructiva, hombro a hombro, para que tanto la compañía como las comunidades vecinas puedan prosperar y vivir en paz”, puntualiza la empresa en un comunicado.
Fuente:
Portafolio
¿Tenemos claro el presupuesto para la paz?
El
acto legislativo para la paz genera más confusión sobre uno de los más
importantes asuntos para el futuro del país: cuánto nos valdrá el posconflicto.
El debate en torno del acto legislativo para la paz
se ha centrado en los aspectos jurídicos,
pues con la inclusión del artículo que eleva a la categoría de Acuerdo Especial
lo pactado en La Habana se ha generado un gran debate sobre los alcances de la
norma.
Sin embargo, otro de los aspectos relevantes, quizás
el más, es el de los costos de la paz y el posconflicto. El problema es que el acto
legislativo parece no avanzar en el tema y, por el contrario, podría generar
más confusión en la institucionalidad presupuestal del país si no se hacen
varias aclaraciones respecto de su contenido y alcance.
El
proyecto de reforma a la Constitución incluye un artículo, el número 3, que
establece quedurante los próximos 20
años el Congreso deberá aprobar un “Plan de Inversiones para la Paz”, el
cual estará incluido en el plan plurianual de inversiones que el Gobierno ponga
a consideración del Legislativo en el proceso para aprobar el Plan de
Desarrollo.
El
objetivo es destinar nuevas inversiones para “los ciudadanos y las entidades
territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la
debilidad institucional y el conflicto armado. Estos recursos serán adicionales a las inversiones ya programadas por las
entidades públicas del orden nacional y territorial y se orientarán
a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en dichas entidades
territoriales. El Gobierno podrá efectuar los ajustes institucionales y
normativos necesarios para ejecutar el componente de paz del Plan Plurianual de
Inversiones”.
Según
el representante Hernán Penagos, ponente del acto legislativo para la paz, la medida obliga a que durante dos
décadas “además de los recursos ordinarios del Presupuesto General de la Nación
sean destinados unos recursos adicionales para consolidar la paz y el
posconflicto”.
La
propuesta suena ambiciosa, pues significa que el presupuesto de ingresos y
gastos de la paz va a contar con el mismo proceso de aprobación democrática que
tiene hoy el Presupuesto General de la Nación, como un proyecto de ley
ordinaria en el Legislativo, atada a los aprobados a su vez en el Plan Nacional
de Desarrollo.
Sin
embargo, Penagos señala que es claro que “con el presupuesto ordinario de la
Nación, inclusive con ese presupuesto adicional que hemos aprobado en el acto
legislativo para la paz, no es posible alcanzar lo que se podría establecer
como el monto del posconflicto; no hay ninguna posibilidad. Por ejemplo, mire
usted los temas de las reparaciones de las víctimas: a la fecha el número de
víctimas reparadas es muy bajo frente a los 7 millones de víctimas que ha
dejado el conflicto”, explica.
El representante insiste en que el objetivo es menos
ambicioso: abrirle una nueva fuente de recursos para los proyectos de inversión
derivados de los acuerdos.
Sin
embargo, la iniciativa genera muchas dudas. De entrada hay dos riesgos: que el país inicie una espiral de “gasto por
la paz”, pues claramente las necesidades que deben ser cubiertas son enormes y,
así, cualquier gasto que implique reivindicar a las víctimas del conflicto
deberá girarse contra este presupuesto. Con el nuevo Plan de
Inversiones para la Paz, el país podría estar abriendo un nuevo gasto cuyo objetivo
sería garantizar el gran derecho de la paz. La iniciativa evade preguntas
centrales como cuál es, cuánto vale y hasta dónde va el gasto para la paz.
El otro riesgo es que la medida resulte inocua, pues
muchos de los rubros que hoy se consideran gasto social podrían empezar a ser
considerados como gasto de la paz. Así,
el famoso Plan de Inversiones para la Paz no pasaría de ser un saludo a la
bandera que le cambia el nombre al gasto social por gasto para la paz.
Sin
embargo, Penagos insiste en que este Plan de Inversiones debe incluir rubros
adicionales no cubiertos por el presupuesto; “con eso se logran algunos
recursos que pueden ir ayudando a las zonas de conflicto. La meta es impactar
positivamente con gasto público esas zonas”.
Más facultades
Hay
otro asunto polémico en el acto legislativo. El Plan de Inversiones para la Paz
irá acompañado de unas facultades para el Presidente con el objetivo de
modificar instituciones y normas cuando sea necesario para cumplir con el plan
plurianual.
Según
los congresistas se trata de permitir
que el Gobierno pueda modificar documentos Conpes o instituciones en sectores
específicos, como agro y reparación de víctimas, cuando ello sea necesario para
concretar las inversiones para la paz.
Sin
embargo, el alcance de estas facultades es motivo de discusión y deberá darse
más claridad en el último debate legislativo, pues mientras que las facultades
especiales consagradas para el Presidente en el artículo 2 del acto legislativo
y que le permiten expedir decretos con fuerza de ley para implementar los
acuerdos tienen vigencia de 180 días, estas facultades del artículo 3 asociadas
al plan de inversiones de la paz, tal y como quedaron redactadas, parecen tener
la misma duración del plan plurianual de inversiones; es decir, 20 años.
Serían, en consecuencia, dos décadas de facultades presidenciales para cumplir
los objetivos de gasto de la paz. Ese parece ser un principio demasiado amplio,
pues, como ya se dijo, cualquier cosa podría ser un gasto para la paz.
Según
Penagos, el tema deberá ser aclarado en la última discusión que tendrá lugar en
la plenaria de la Cámara de Representantes.
La
paz es el gran tema para los colombianos hoy. Cuando se concreten los acuerdos de La Habana, todo el país deberá
prepararse para decidir si avala o no los contenidos pactados.
Tener
claridad sobre los costos de la paz es fundamental, pues el país no puede
sobredimensionar ese gasto ni quedarse corto en los recursos necesarios para
reparar a las víctimas. En este frente, es necesario ser completamente claros,
pues para cerrar las heridas de 50 años de guerra es necesario tener recursos
para comprar con qué suturarlas.
Fuente:
Dinero.
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